«Artículo 10. Prestación económica sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar para familias en las que ha tenido lugar un nacimiento, una adopción, una tutela o un acogimiento. 1. Las familias en las que se produce el nacimiento, la adopción, la tutela o el acogimiento de uno o más niños tienen derecho, por cada uno de ellos, a una prestación económica sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar, de acuerdo con las condiciones y el procedimiento establecidos por reglamento. 2. Para las familias que tienen el título de familia numerosa o monoparental, la prestación económica puede incrementarse de acuerdo con lo que se establezca por reglamento. 3. Son beneficiarios de la prestación económica establecida por el presente artículo el padre y la madre o la persona o personas que tienen al niño a su cargo. 4. Esta prestación puede solicitarse durante los tres meses siguientes al nacimiento, la adopción, la tutela o el acogimiento. El reconocimiento de la prestación también puede realizarse de oficio, si el órgano competente dispone de los datos para poder hacerlo y comprueba que pueden concurrir los requisitos para ser beneficiario de la misma. 5. Los ingresos límite de la unidad económica de convivencia establecidos para acceder a la prestación económica se determinan de acuerdo con el importe del indicador de renta de suficiencia de Cataluña en las veces que determine la ley de presupuestos de la Generalidad vigente. Cuando la unidad familiar sea de más de tres miembros debe aplicarse un incremento de 0,30 por cada miembro adicional. 6. La Ley de presupuestos puede modificar anualmente la cuantía de la prestación económica y diferenciar los importes en función del número de niños nacidos, adoptados, tutelados o acogidos de manera simultánea.»
«Artículo 11. Compatibilidad con el ejercicio de la docencia universitaria y actividades de investigación a tiempo parcial. 1. Los altos cargos al servicio de la Generalidad pueden compatibilizar su cargo con el ejercicio de funciones docentes universitarias retribuidas, de carácter reglado y en régimen de dedicación a tiempo parcial. Son igualmente compatibles, siempre que no sean retribuidas, las actividades de investigación, asesoramiento científico y de investigación que deriven de la ejecución de proyectos científicos o de investigación de los que el alto cargo había sido beneficiario, como autor o coautor, con anterioridad a la toma de posesión. La compatibilidad comprende las tareas de producción y creación literarias, artísticas, científicas o técnicas y las publicaciones derivadas de estas actividades. Queda expresamente prohibida la presentación de nuevas solicitudes o candidaturas para la financiación, tanto de carácter público como privado, de nuevos proyectos científicos o de investigación de los que el alto cargo sea investigador principal, coautor o actúe como miembro del equipo investigador y de investigación solicitante. 2. El ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado 1 requiere la autorización expresa de la persona titular del departamento competente en materia de función pública, que debe valorar que estas funciones no se ejercen en detrimento de la dedicación al ejercicio del cargo público y que no concurre conflicto de interés. Se considera, entre otros, que van en detrimento de la dedicación al ejercicio del cargo público las dedicaciones superiores a ciento veinte horas anuales lectivas de docencia o de actividad de investigación.»
«Artículo 11. Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de Menores de Cataluña. 1. Se crea la Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de Menores de Cataluña. 2. Mediante un decreto del Gobierno debe determinarse el órgano competente para el reconocimiento de la condición de víctima a los efectos de lo establecido por la presente ley y la integración de la Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de Menores de Cataluña en el órgano administrativo del departamento competente por razón de la materia. 3. La Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de Menores de Cataluña debe realizar la propuesta de reconocimiento de la condición de víctima a las personas que se ajusten a la definición establecida por el artículo 2 y cuando los hechos sucedieron presuntamente en el territorio de Cataluña, para obtener el apoyo necesario, público y gratuito, para investigar los casos hasta su total dilucidación total y, en su caso, acompañar a las víctimas en el reencuentro con sus familiares. Este reconocimiento debe extenderse a los actos que se organicen en memoria de las personas afectadas por estos hechos. 4. La Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de Menores de Cataluña debe informar a los usuarios, debe orientarlos hacia los responsables de cada servicio y debe supervisar las actuaciones para poder garantizar los derechos de las víctimas.»
Esta modificación afecta solo al apartado 3 del artículo 11. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«3. El contenido y la duración de las pruebas selectivas y de los cursos selectivos de formación para el acceso a las escalas del Cuerpo de Intervención de la Generalidad de Cataluña, el contenido del temario que debe regir la fase de oposición y las reglas sobre la composición y el sistema de designación de los tribunales calificadores deben determinarse de acuerdo con la normativa aplicable.»
«Artículo 12.1-3. Exenciones. 1. Quedan exentos de pagar la tasa exigida por el concepto de expedición de licencias de caza los sujetos pasivos mayores de 65 años; las personas entre 14 y 25 años; las mujeres; las personas que acrediten tener una discapacidad igual o superior al 33% reconocida por el departamento competente en materia de discapacidad o por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente; los guardas de reservas de fauna; los técnicos especialistas en medio natural, especialidad de gestión cinegética y piscícola; y los agentes rurales que por razones de los servicios que les son propios requieren el uso de armas de caza. 2. Están exentas de pago de matrícula las áreas de caza incluidas dentro de zonas definidas como “de actuación urgente, de alerta o de vigilancia o bien de riesgo máximo o fase de emergencia” de los planes de control poblacional que se publiquen para reducir el impacto de las especies cinegéticas, las incluidas en una declaración de emergencia cinegética y las que tengan un mínimo del 25% de la superficie forestal afectada por los incendios forestales producidos durante el año anterior, de acuerdo con la información que conste en la dirección general competente en materia de prevención de incendios forestales.»
«12.7-1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación de terrenos forestales propiedad de la Generalidad y la ocupación de los caminos ganaderos en virtud del otorgamiento de las concesiones o las autorizaciones pertinentes, siempre que sean compatibles con la persistencia de los valores naturales de los terrenos.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 12. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. Expedición de licencias de caza: 1.1. Para cazar con armas (de fuego y procedimientos autorizados) durante quince días seguidos en todo el territorio de Cataluña: 13,65 euros. 1.2. Para cazar con armas (de fuego y procedimientos autorizados) durante un año en todo el territorio de Cataluña: 29,40 euros. 1.3. Para cazar por cualquier procedimiento autorizado salvo armas de fuego durante un año en todo el territorio de Cataluña: 14,75 euros. 1.4. Para tener jaurías: 54,50 euros. 1.5. Para cazar con armas (de fuego y procedimientos autorizados) durante tres años seguidos en todo el territorio de Cataluña: 79,60 euros. 1.6. Para cazar con armas (de fuego y procedimientos autorizados) durante cinco años seguidos en todo el territorio de Cataluña: 132,45 euros.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 12. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. Los cazadores que participan en cacerías autorizadas para capturar corzos, ciervos, gamos y muflones dentro de las zonas de caza controlada con la finalidad de controlar los daños que estas especies han causado o pueden causar están exentos de pagar las cuotas de entrada y complementarias de los ejemplares abatidos de estas especies.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 12. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. La cuota en concepto de estudio documental por el hecho imponible de los apartados a), b) y e) del artículo 12.14-1 debe liquidarse una vez se ha comprobado que la solicitud y la documentación aportadas son correctas y suficientes para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigibles para la habilitación de la entidad.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 12. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. No están sujetos a la tasa las actividades y los proyectos siguientes: a) Las actividades que requieren autorización ambiental, de acuerdo con lo establecido por la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. b) Los proyectos promovidos por las administraciones públicas de Cataluña. c) Los proyectos de conservación y restauración ambiental. d) Los proyectos relativos a actividades de turismo rural y actividades agrícolas, forestales y ganaderas situados en espacios incluidos en la red Natura 2000 o en el Plan de espacios de interés natural.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 12. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. Por inspección de las obras y las acciones de restauración de la explotación de actividades extractivas y emisión del informe técnico sobre la inspección: 1.000 euros.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 12. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. El órgano competente para la gestión de la renta garantizada debe realizar una revisión bienal, como mínimo, del cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios de la prestación, sin perjuicio de la supervisión permanente y de las revisiones que se consideren oportunas. La revisión bienal debe realizarse mediante los mecanismos de interoperabilidad disponibles. Si el resultado de la revisión confirma el cumplimiento de los requisitos, debe considerarse prorrogada la vigencia de la prestación de forma automática. En caso contrario, debe iniciarse un expediente de extinción o de modificación de la prestación, previa audiencia al beneficiario.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2.1 del artículo 12. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2.1 Cuota en concepto de estudio documental: a) Por las entidades que se habilitan de acuerdo con el artículo 5.1.b) del Decreto 60/2015: 306,75 euros. En el caso de laboratorios de análisis, este importe se liquida para cada grupo de hasta 10 parámetros a habilitar. b) Por las entidades que se habilitan de acuerdo con el artículo 5.2.b) del Decreto 60/2015, incluida la evaluación de los requisitos de independencia e imparcialidad, si procede: 154,51 euros.»
Esta modificación afecta solo al apartado 3 del artículo 12. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«3. A los efectos de la aplicación de esta tasa, se establecen las siguientes definiciones: 3.1 Corzo. 3.1.1 Selectivo: cualquier corzo con un máximo de 94,9 puntos. 3.1.2 Trofeo: cualquier corzo con una puntuación de 95 puntos o superior. 3.2 Rebeco. 3.2.1 Selectivo: cualquier rebeco con un máximo de 74,9 puntos. 3.2.2 Trofeo: cualquier rebeco con una puntuación de 75 puntos o superior. 3.3 Cabra montés. 3.3.1 Selectivo: cualquier hembra o los machos de edad igual o superior a los cinco años con una puntuación máxima de 204 puntos. 3.3.2 Trofeo: cualquier macho con una puntuación superior a 204 puntos. 3.4 Ciervo. 3.4.1 Selectivo: cualquier ciervo hembra y los machos con alguna anomalía o defecto visible y/o con una puntuación inferior a 140 puntos. 3.4.2 Trofeo: cualquier ciervo con una puntuación de 140 puntos o superior. 3.5 Gamo. 3.5.1 Selectivo: hembras de gamo y jóvenes con cuerno sin puntas. 3.5.2 Trofeo: cualquier ejemplar macho sin anomalías ni defectos visibles. 3.6 Muflón. 3.6.1 Selectivo: cualquier ejemplar hembra y los ejemplares machos hasta cinco años aproximadamente que no tengan un desarrollo adecuado respecto de la media de la población y con alguna anomalía o defecto visible. 3.6.2 Trofeo: cualquier ejemplar macho de más de cinco años. Todas las puntuaciones referenciadas son las obtenidas en referencia con la medida realizada en el campo, una vez abatido y cobrado el animal.»
Esta modificación afecta solo al apartado 3 del artículo 12. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«3. Tienen la condición de cazador o cazadora local, a los efectos de la aplicación de esta tasa, las personas que tienen la vecindad administrativa o que hayan nacido en alguno de los términos municipales al que pertenece la reserva nacional o la reserva de caza correspondiente, las personas propietarias de un mínimo de cinco hectáreas de terreno rústico dentro de dicha reserva, las personas que determine la junta consultiva de la reserva y los cazadores o cazadoras que hayan sido socios de una sociedad de cazadores local durante un mínimo de cinco años.»
Esta modificación afecta solo al apartado 3 del artículo 12. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«3. La cuota de la tasa se determina por la aplicación de las bases imponibles y los tipos de gravamen siguientes: a) Instalación de tendidos aéreos de líneas eléctricas, telefónicas y otras líneas de naturaleza similar, con sobrevuelo de la línea: 0,37 euros/m 2 /año. b) Parques eólicos: 1,09 euros/m 2 /año. c) Antenas, postes y otros soportes de elementos de medida o para la reemisión de señales: c.1) Torres anemométricas: 1.223,55 euros/ut/año. c.2) Torres para antenas de reemisión de telefonía móvil: 5.438,02 euros/ut/año. c.3) Antenas de reemisión de radio y televisión: 4.078,51 euros/ut/año. d) Tendidos de líneas eléctricas subterráneas, tuberías soterradas de agua o gas y otras instalaciones subterráneas: 0,37 euros/m 2 /año. e) Carteles y señales informativos, indicativos y publicitarios: 67,98 euros/m 2 de cartel/año. f) Balsas de regulación y de abastecimiento de agua: 2,72 euros/m 2 /año. g) Otras instalaciones con ocupación superficial como depósitos, subestaciones eléctricas o similares: 6,80 euros/m 2 /año. h) Depósito de materiales de construcción o de otro tipo y áreas de estacionamiento de vehículos o maquinaria: 0,26 euros/m 2 /año. i) Construcción de nuevos caminos o ampliación y mejora de accesos a fincas colindantes: 0,47 euros/m 2 /año. j) Usos recreativos, deportivos, de guía y similares de carácter privativo, campings y otros usos similares: j.1) Usos recreativos con valla: 0,26 euros/m 2 /año. j.2) Usos recreativos sin valla: 0,16 euros/m 2 /año. k) Ocupaciones por cultivos agrícolas: 0,47 euros/m 2 /año. l) Canteras y actividades extractivas: 0,68 euros/m 2 /año.»
Esta modificación afecta solo al apartado 6 del artículo 12. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«6. Los cazadores o cazadoras que participan en cacerías autorizadas para capturar corzos, ciervos, gamos y muflones dentro de las reservas nacionales de caza con la finalidad de controlar los daños que estas especies hayan causado o puedan causar están exentos de pagar las cuotas de entrada y complementarias de los ejemplares abatidos de estas especies.»
Esta modificación afecta solo al apartado 4 del artículo 123. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«4. Son infracciones muy graves en materia de arrendamientos y de contención de rentas: a) Establecer o repercutir, en un contrato de arrendamiento, de cesión de uso, de subarrendamiento o en cualquier otro negocio jurídico sujeto al régimen de contención de rentas, una renta, precio u otras contraprestaciones económicas que ultrapasen los importes máximos admisibles de acuerdo con la normativa aplicable, cuando la diferencia sea superior al treinta por ciento. b) No hacer constar la finalidad del contrato de arrendamiento o hacer constar una finalidad simulada, falsa o fraudulenta. c) Repercutir en el arrendatario, cesionario o usuario los gastos de gestión inmobiliaria o los gastos de formalización del contrato en materia de contención de rentas. d) Establecer o repercutir, en un contrato de arrendamiento, de cesión de uso, de subarrendamiento o en cualquier otro negocio jurídico que atribuya, de forma habitual y a cambio de una contraprestación económica, el uso residencial de la vivienda sujeta al régimen de contención de rentas, cuotas, gastos, servicios u otros conceptos económicos que no hayan sido repercutidos de forma expresa en el contrato inmediatamente anterior vigente sobre la misma vivienda o habitación.»
Esta modificación afecta solo al apartado 4 del artículo 124. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«4. Son infracciones graves en materia de arrendamientos y de contención de rentas: a) Establecer o repercutir, en un contrato de arrendamiento, de cesión de uso, de subarrendamiento o en cualquier otro negocio jurídico sujeto al régimen de contención de rentas, una renta, precio u otras contraprestaciones económicas que ultrapasen los importes máximos admisibles de acuerdo con la normativa de aplicación, cuando la diferencia sea igual o inferior al treinta por ciento. b) No hacer constar en los contratos de arrendamiento, de cesión de uso, de subarrendamiento o en cualquier otro negocio jurídico sujeto al régimen de contención de rentas, el precio máximo de alquiler que resulta de aplicar el sistema de referencia de los precios del arrendamiento de viviendas o, en su caso, el precio de la última renta del contrato de arrendamiento anterior, o hacer constar un precio máximo de alquiler o última renta que sea superior a la legalmente aplicable. c) No hacer constar en los contratos de arrendamiento, de cesión de uso, de subarrendamiento o en cualquier otro negocio jurídico sujeto al régimen de contención de rentas la condición de gran tenedor de la propiedad de la vivienda.»
«Artículo 13. Reglamentación de las juntas. El Gobierno debe aprobar por decreto la normativa general sobre organización y funcionamiento de las juntas locales de seguridad. Estos órganos pueden aprobar su reglamento de funcionamiento interno, atendiendo a los preceptos de la presente ley y las normas que la desarrollen.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 13. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. Los centros, los servicios y los establecimientos del Instituto Catalán de la Salud se pueden organizar a través de los órganos que establezca el Consejo de Administración entre los siguientes: a) Gerencias territoriales como unidades de gestión conjunta de la atención primaria, la atención hospitalaria y otros servicios sociosanitarios. b) Unidades de gestión de atención primaria. c) Unidades de gestión de atención hospitalaria. d) Otras unidades de gestión.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 13. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. La Junta de Gobierno puede constituir una o más comisiones ejecutivas, en las que puede delegar algunas o todas las competencias a las que se refieren las letras b), c) y d) del artículo 11.»
«Artículo 134. Personalidad y estatutos. 134.1 Las asociaciones tienen personalidad y capacidad jurídicas para cumplir sus fines y se rigen por sus estatutos, los cuales deben regular necesariamente los siguientes aspectos: a) La denominación y los elementos identificativos de la entidad, en su caso. b) El domicilio. c) La determinación de los fines. d) Los órganos de gobierno, que deben ser representativos de los entes asociados, y su régimen de dedicación, retribución, asistencias e indemnizaciones, en su caso. e) El régimen de funcionamiento y el sistema de adopción de acuerdos. f) El procedimiento de admisión de nuevos entes locales y de pérdida de la condición de miembro. g) Los derechos y las obligaciones de los entes asociados que deben incluir su participación en las tareas asociativas. h) Los recursos económicos y su administración. i) El régimen de modificación de los estatutos, con determinación del procedimiento, los cuórums y las mayorías exigibles, así como los supuestos en los que la modificación requiere la ratificación de los entes locales asociados. 134.2 Los acuerdos de modificación de los estatutos son adoptados por la Asamblea General, de acuerdo con el procedimiento y las mayorías que establezcan los estatutos, y no requieren la ratificación posterior por los entes locales asociados, salvo que los propios estatutos la exijan expresamente para modificaciones de carácter sustancial.»
«Artículo 14. 9-1. Hecho imponible. El hecho imponible de esta tasa es la actividad administrativa que genera la tramitación del expediente de autorización de reacuñación del número de identificación de vehículo.»
«Artículo 14.9-3. Acreditación. La tasa se acredita mediante la autorización de reacuñación del número de identificación de vehículo. La tasa debe ser abonada en el momento de solicitar la autorización. Corresponde al titular de la estación de inspección técnica de vehículos que efectúe la reacuñación cobrar esta tasa en el momento que reciba la petición e ingresarla al órgano competente de la Generalidad.»
«Artículo 14.9.4. Cuota. La cuota de la tasa por la autorización de reacuñación del número de identificación de vehículo, que debe liquidarse para cada uno de los expedientes de autorización, es de 35,25 euros.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 144. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. En caso de declaración de un sector de urbanización prioritaria, la aprobación inicial del planeamiento derivado que sea necesario y, en su caso, del proyecto de urbanización, así como la redacción del proyecto de urbanización complementario, deben producirse en el plazo de un año a contar desde la fecha de publicación del acuerdo de declaración del sector en el correspondiente boletín oficial. Las obras de urbanización complementarias deben ejecutarse en el plazo que establezca el planeamiento derivado o el mismo proyecto de urbanización complementario.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 146. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. La administración actuante puede redactar, en un plazo de seis meses a contar desde la declaración de un sector de urbanización prioritaria, un proyecto de tasación conjunta relativo a los terrenos que estén incluidos en el mismo y a los bienes y los derechos diferentes del suelo que graven o se refieran a cada finca, con indicación de los que sean presumiblemente incompatibles con su destino urbanístico. El proyecto de tasación conjunta debe tramitarse de acuerdo con lo establecido por el artículo 113.»
«Artículo 15. Clases de planes y homologación. 1. Los planes de protección civil pueden ser territoriales, especiales y de autoprotección. Estos planes deben ser aprobados y homologados de acuerdo con la legislación vigente. 2. Todos los planes de protección civil deben estar coordinados e integrados de forma eficaz para dar respuesta a las situaciones de grave riesgo colectivo, a las catástrofes o a las calamidades públicas que se produzcan. 3. La homologación de un plan requiere que este incorpore la estructura de los contenidos mínimos, los riesgos de acuerdo con el Mapa de protección civil, las emergencias que se pueden producir, los avisos a las autoridades de protección civil, los procedimientos de respuesta y los datos de contacto en caso de emergencia, y también que sea elaborado por la persona o el ente competente.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 15. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. Son funciones del consejero delegado o consejera delegada: a) La dirección y ejecución material de los acuerdos y las directrices de actuación aprobados por la Junta de Gobierno. b) La coordinación y el control del ejercicio de las funciones delegadas por la Junta de Gobierno en los comités, las comisiones y las direcciones a los que se refiere la letra e). c) La representación del Instituto Catalán de Finanzas en las juntas generales de las sociedades mercantiles en las que participe directa o indirectamente, sin perjuicio de la representación del propio Instituto en los otros ámbitos que se acuerden. d) La dirección superior y la contratación del personal del Instituto Catalán de Finanzas, así como la libre designación de los responsables de las distintas áreas funcionales. e) La organización y estructuración internas del Instituto Catalán de Finanzas, de acuerdo con las directrices aprobadas por la Junta de Gobierno, en las direcciones funcionales y los servicios, los comités ejecutivos y los comités de inversiones que considere más adecuadas para que se cumpla mejor la actividad ordinaria, con el nombramiento de las personas titulares y la determinación del régimen laboral. f) El ejercicio de las competencias propias como órgano de contratación, de acuerdo con lo establecido por la normativa de contratos del sector público. g) El ejercicio de las facultades que le delegue la Junta de Gobierno. El consejero delegado o consejera delegada puede delegar en las direcciones a las que se refiere la letra e) las facultades establecidas en las letras d) y f).»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 15. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«15.2 La elaboración del estudio informativo previo es preceptiva, a menos que se trate de ejecutar actuaciones que tengan por objeto el acondicionamiento, el ensanchamiento de plataforma o mejoras puntuales de trazado de la carretera existente en una longitud inferior a 10 km, o la mejora o la modificación de un nudo, intersección o enlace existente, o cualquier otra actuación relacionada con la mejora, la rehabilitación, el mantenimiento y la conservación del firme y de los elementos funcionales y los equipamientos o instalaciones adicionales de la carretera, y la construcción o modificación de estos elementos e instalaciones o equipamientos adicionales, la señalización de la vía o la ejecución de elementos técnicos complementarios. En estos supuestos, en que no es preceptiva la elaboración de un estudio informativo previo, en función del alcance de la actuación, el proyecto puede someterse a audiencia de las personas afectadas. Asimismo, en los supuestos en los que sea preceptiva la elaboración de un estudio informativo previo, pero la naturaleza o circunstancias de la actuación concreta de la que se trate hagan difícil la definición de alternativas distintas al problema viario que debe resolverse, la Generalidad puede optar por redactar un proyecto de trazado en lugar de un estudio informativo previo. En tal caso, el proyecto de trazado queda sujeto a la misma tramitación y a las mismas consecuencias que si se tratara de un estudio informativo previo, pero no requiere una definición, análisis y valoración de alternativas distintas.»
Esta modificación afecta solo al apartado 3 del artículo 157. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«3. La condición de administración actuante corresponde al Instituto Catalán del Suelo y al ayuntamiento correspondiente en los términos que especifique el convenio urbanístico que debe formalizarse. De acuerdo con este convenio, la participación del ayuntamiento puede ser asumida, si así lo determina el propio ayuntamiento, por una entidad pública empresarial local o por un organismo autónomo local, siempre que cumplan las condiciones de entidad urbanística especial de acuerdo con lo establecido por el artículo 22. Si el convenio no se firma en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor del plan director o en el plazo que este establezca, la administración actuante, si así lo determina la persona titular del departamento competente en materia de urbanismo, es el Instituto Catalán del Suelo o el ayuntamiento.»
«Artículo 16. 1. La adquisición a título oneroso de cuotas, partes alícuotas o títulos representativos del capital de empresas constituidas de acuerdo con el derecho civil o el mercantil debe hacerse por compra o por suscripción. 2. Corresponde al Gobierno acordar la adquisición por parte de la Administración de la Generalidad y conceder las autorizaciones para esta finalidad a las entidades de su sector público, de acuerdo con lo establecido por el Estatuto de la empresa pública catalana. 3. En el caso de sociedades mercantiles, la participación en conjunto de la Administración de la Generalidad y de las entidades de su sector público en el capital de la empresa como resultado de la adquisición no puede ser inferior al 5% del capital, salvo en los casos en que por tratarse de inversiones en sociedades que se consideren estratégicas, por el carácter sucesivo de la adquisición o la venta de los títulos representativos del capital, o por razón del impacto de la operación en las disponibilidades presupuestarias, el porcentaje sea inferior, pero como mínimo del 1% del capital social.»
Esta modificación afecta solo al apartado 4 del artículo 16. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«4. Las solicitudes de las prestaciones sociales de carácter económico de derecho subjetivo pueden pedirse en cualquier momento. Salvo que la norma de creación establezca otra cosa, la concesión de la prestación económica, en su caso, tiene efectos económicos desde el primer día del mes siguiente al de la fecha de la solicitud.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 17. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. Las autoridades, los agentes de la autoridad y los agentes auxiliares deben comunicar al departamento competente en materia de planificación territorial y paisaje todas las actuaciones, acciones u omisiones que conozcan y que puedan constituir una infracción de la presente ley.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 17. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. Los municipios con una población superior a los veinte mil habitantes y los que, sin llegar a esta población, tienen la obligación de elaborar un plan de actuación municipal por riesgos especiales de acuerdo con lo establecido por el artículo 18, deben elaborar y aprobar planes básicos de emergencia municipal que garanticen la coordinación y la aplicación correctas en su territorio del Plan de protección civil de Cataluña. Los planes básicos de emergencia municipal son aprobados por los plenos de las respectivas corporaciones municipales, previa información pública e informe de la comisión municipal de protección civil, si existe, y son homologados por la Comisión de Protección Civil de Cataluña.»
Esta modificación afecta solo al apartado 3 del artículo 17. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«3. Si se aprecia un hecho que puede constituir un delito, debe ser comunicado al órgano judicial competente y, mientras la autoridad judicial conozca del caso, debe suspenderse el procedimiento administrativo sancionador.»
«Artículo 18.1-1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción en las pruebas para la obtención de los certificados de conocimientos de catalán que convoca el departamento competente en materia de política lingüística.»
«Artículo 18.1-6. Afectación. La tasa tiene carácter finalista, por lo que los ingresos que derivan de la misma quedan afectados a la financiación de las actuaciones del departamento competente en materia de política lingüística.»
«Artículo 18.2-1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción en las pruebas convocadas por el departamento competente en materia de política lingüística para la obtención de la habilitación para la traducción e interpretación juradas de otras lenguas al catalán.»
«Artículo 18.3-1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación de la habilitación para la traducción o interpretación juradas del catalán a otra lengua y viceversa y, en su caso, la inscripción en el Registro de traductores e intérpretes jurados, que no sean consecuencia de la superación de las pruebas de traducción e interpretación juradas del departamento competente en materia de política lingüística.»
«Artículo 18.3-5. Afectación. La tasa tiene carácter finalista, por lo que los ingresos que se derivan de la misma quedan afectados a la financiación de las actuaciones del departamento competente en materia de política lingüística.»
«El acceso a la categoría de cabo se hace por promoción interna, a través de un concurso oposición, que debe incluir la superación de un curso selectivo en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Para participar en él, las personas aspirantes deben pertenecer a la categoría de bombero o bombera de primera de la escala técnica y acreditar una antigüedad mínima de cuatro años de servicio activo en la categoría de bombero o bombera de primera de la escala técnica, o bien una antigüedad mínima de dos años de servicio activo en esta categoría cuando se haya accedido desde la categoría de bombero o bombera de la escala básica.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 19. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. El plazo de prescripción de las infracciones se cuenta a partir del día de su conocimiento por parte del departamento competente en materia de planificación territorial y paisaje.»
«Artículo 2. 1. De conformidad con la presente Ley, son terrenos forestales o montes: a) Los suelos rústicos poblados de especies arbóreas o arbustivas, de matorrales y de hierbas. b) Los yermos situados en los límites de los bosques que sean necesarios para la protección de los mismos. c) Los yermos que, por sus características, sean adecuados para la forestación o la reforestación. 2. Se consideran asimismo como terrenos forestales los prados de regeneración natural, los marjales, las rasas pobladas anteriormente y transformadas sin la correspondiente autorización y las pistas y caminos forestales. 3. Se consideran como terrenos forestales temporales, con una duración mínima del turno de la especie, los terrenos agrícolas existentes en la ortoimagen oficial del año 2000 que circunstancialmente son objeto de explotación forestal con especies de crecimiento rápido o lento.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 2. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. La inscripción de los contratos de alquiler en el Registro, incluidos los contratos de arrendamiento de vivienda por habitaciones o cualquier otra clase de fragmentación física o contractual, es obligatoria para el arrendador, subarrendador o cedente. El arrendatario puede solicitar la inscripción del contrato de alquiler. Esta inscripción la lleva a cabo de oficio la Administración cuando se realiza el depósito preceptivo de fianzas establecido por el artículo 3. Asimismo, cuando se extinga el contrato, debe solicitarse su cancelación en el Registro, que se produce de oficio en el momento de la devolución de la fianza. Los contratos de alquiler de viviendas de protección oficial, los cuales, de acuerdo con la misma legislación que los regula, deben ser visados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, pueden ser inscritos en el Registro y ser visados en un solo acto administrativo.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 2. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. Además de la transmisión a que se refiere el apartado 1, están sujetos a los derechos de tanteo y retracto de la Administración de la Generalidad: a) La transmisión de cualquier vivienda situada en una zona declarada mercado residencial tensionado que sea propiedad de un gran tenedor persona jurídica que esté inscrito en el Registro de grandes tenedores de vivienda. No están sujetas a los derechos de tanteo y retracto establecidos por el párrafo anterior las transmisiones de viviendas de nueva construcción que se realicen en el plazo de un año a contar desde el otorgamiento de la cédula de habitabilidad, ni las transmisiones entre las sociedades de un mismo grupo empresarial que tengan el mismo objeto social o ejerzan una actividad inmobiliaria similar siempre que se trate de la primera transmisión de una obra nueva. Las empresas promotoras que tienen exclusivamente viviendas de nueva construcción únicamente para transmitirlas a terceros no están sujetas a la obligación de inscribir estas viviendas en el Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante ni de inscribirse ellas mismas en el Registro de grandes tenedores, mientras se cumplan los requisitos correspondientes, hasta que haya pasado un año desde que dichas viviendas hayan obtenido la cédula de habitabilidad. b) La adjudicación de cualquier vivienda que provenga de una subasta administrativa o judicial.»
Esta modificación afecta solo al apartado 3 del artículo 2. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«3. Las medidas establecidas por esta ley se aplican tanto al personal que tiene un vínculo matrimonial como a las parejas estables acreditadas de acuerdo con lo establecido en el libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. Las medidas se aplican también tanto en los supuestos de filiación biológica o adoptiva como en los de acogimiento permanente o preadoptivo, sin perjuicio de las especialidades que establece la ley en relación con el cómputo de plazos. Mediante la negociación colectiva estas medidas se pueden extender a otras modalidades de acogimiento.»
«Artículo 20. Licencias y limitaciones en el aprovechamiento del suelo. 1. En el trámite de obtención de autorizaciones o licencias que comportan un cambio de uso de un suelo que previamente ha soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo, el ente competente para otorgarlas requiere la presentación por parte del solicitante de un estudio detallado del suelo y, si procede según los resultados, de un análisis de riesgo realizado de acuerdo con lo establecido por el Real decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 2. La información a la que se refiere el apartado 1 debe remitirse a la Agencia de Residuos de Cataluña, que debe emitir un informe preceptivo previamente al inicio de las obras correspondientes a las autorizaciones que habilitan la actuación, actividad u obra.»
«Artículo 20. Intervención municipal. 1. La Administración municipal, en el caso de los establecimientos, edificios o actividades incluidos en el anexo 1 que estén sujetos a comunicación urbanística o de actividades o respecto de los cuales deba solicitarse una licencia de competencia municipal, sin perjuicio de las demás actuaciones que corresponda llevar a cabo de acuerdo con la normativa de régimen local, debe verificar que la documentación técnica presentada se corresponde con la utilizada para emitir el informe previo de incendios de acuerdo con el artículo 22 y, en su caso, que se aporta el certificado del acto de comprobación de acuerdo con las condiciones que establece el artículo 25. 2. A los efectos de lo establecido por el apartado 1, la documentación técnica y el certificado del acto de comprobación deben enviarse a los ayuntamientos mediante la ventanilla única empresarial. 3. Los establecimientos o las actividades no incluidos en el anexo 1 no requieren la emisión del informe previo de incendios. En estos casos, la intervención municipal se produce en la fase de verificación de las condiciones de prevención y seguridad en materia de incendios con motivo de la tramitación de la licencia urbanística, ambiental o de actividades de espectáculos y actividades recreativas, en su caso, o bien con motivo de la verificación de la comunicación urbanística o de la actividad. 4. A los efectos de lo establecido por el apartado 3, una vez finalizadas las obras y antes del inicio de la actividad, la persona titular debe aportar un certificado emitido por un técnico o técnica competente que acredite el cumplimiento de las condiciones de prevención y seguridad en materia de incendios. En el caso de actividades sujetas a comunicación, este certificado debe presentarse junto con la comunicación. 5. Las administraciones municipales pueden ejercer la acción inspectora y, en su caso, el régimen sancionador que corresponda sobre los establecimientos, las actividades y los edificios posteriormente a la puesta en funcionamiento u ocupación, y pueden establecer planes y programas de inspección. A tales efectos, las administraciones municipales pueden adaptar la organización, en la medida que sea conveniente, a los procedimientos y las condiciones que establecen la sección cuarta, referida a la inspección, y la sección quinta, referida al régimen sancionador, del capítulo III del título IV, complementariamente a los procedimientos y normas de régimen local.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 21. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. Los beneficiarios de una pensión no contributiva por invalidez o jubilación del sistema de la Seguridad Social tienen derecho a una prestación complementaria a cargo de la Generalidad, siempre que cumplan el resto de requisitos que marca la presente ley y acrediten unas rentas o unos ingresos anuales que no excedan el importe resultante de aplicar el porcentaje legalmente establecido en la pensión no contributiva máxima vigente, en cómputo anual. La cuantía máxima anual de esta prestación se fija en el importe resultante de aplicar el porcentaje legalmente establecido a la pensión no contributiva máxima vigente en cómputo anual. En cualquier caso, la cuantía máxima del complemento no puede ser superior al importe resultante de aplicar el porcentaje establecido por el artículo 364.2 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que determina el límite de las rentas o ingresos compatibles con la pensión no contributiva de jubilación e invalidez. El importe anual otorgado de la prestación es el equivalente a la diferencia entre la cuantía máxima obtenida en el párrafo anterior y los ingresos anuales percibidos por el beneficiario. La suma de la pensión máxima anual más el importe máximo anual del complemento obtenido de acuerdo con el párrafo anterior no puede ser inferior en ningún caso al indicador de renta de suficiencia vigente en cómputo anual. Si esta suma diera como resultado un importe superior al indicador de renta de suficiencia vigente en cómputo anual, la cuantía máxima anual de esta prestación complementaria conservaría el mismo importe que el obtenido en el año anterior.»
«Artículo 22.2-1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios docentes del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña en los cursos de promoción y en el curso de agente interino o agente interina destinados a miembros de los cuerpos policiales y en los cursos de promoción de los cuerpos de bomberos, no dependientes del Departamento de Interior y Seguridad Pública, descritos en el artículo 22.2-4.»
«Artículo 22.2-4. Cuota. El importe de la cuota es: a) Curso de cabo de policía: 1.729,02 euros. b) Curso de sargento de policía: 1.965,88 euros. c) Curso de subinspector o subinspectora de policía: 2.459,94 euros. d) Curso de inspector o inspectora de policía: 5.219,82 euros. e) Curso de intendente, intendente mayor y superintendente de policía: 12.934,24 euros. f) Curso de agente interino o agente interina de policía: 832,31 euros. g) Curso de cabo bombero o cabo bombera o categoría funcional equivalente: 5.066,53 euros. h) Curso de sargento bombero o sargento bombera o categoría funcional equivalente: 5.622,86 euros. i) Curso de oficial bombero u oficial bombera o categoría funcional equivalente: 6.866,80 euros. j) Curso de subinspector bombero o subinspectora bombera o categoría funcional equivalente: 10.789,43 euros. k) Curso de inspector bombero o inspectora bombera o categoría funcional equivalente: 11.931,31 euros.»
«Artículo 22. Control preventivo. 1. El control preventivo de la Administración de la Generalidad se realiza mediante la emisión de los correspondientes informes de prevención de incendios, los cuales deben ser preceptivamente solicitados por la persona titular, en el caso de establecimientos o actividades sujetas a comunicación, o por la administración responsable de tramitar la correspondiente licencia, en su caso, por el canal digital mediante las plataformas y los servicios habilitados al efecto. 2. Corresponde realizar el control preventivo al que se refiere el apartado 1 a la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios, mediante los órganos que sean determinados por reglamento y, si procede, mediante las entidades colaboradoras de la Administración previamente autorizadas en el ámbito de la prevención y la seguridad en materia de incendios. 3. El control preventivo al que hace referencia el apartado 1 debe solicitarse preceptivamente en todos los supuestos que se detallan en el anexo 1, con carácter previo a la aprobación del proyecto constructivo o proyecto básico por parte del órgano competente. 4. En los casos en que, de acuerdo con el apartado 3, el control preventivo de la Administración de la Generalidad sea preceptivo, los solicitantes deben acompañar la solicitud del proyecto técnico correspondiente por el canal digital mediante las plataformas y los servicios habilitados al efecto. Dicho proyecto técnico, sin perjuicio de lo que disponga la normativa aplicable, debe contener la documentación que se establezca por orden del consejero o consejera del departamento competente en materia de prevención y extinción de incendios. 5. El control preventivo regulado por el presente artículo se lleva a cabo tras haber visto la documentación presentada con motivo de la correspondiente solicitud de licencia o de la comunicación de inicio de la actividad, la cual debe incluir el proyecto técnico al que hace referencia el apartado 4. Como resultado de esta revisión técnica se emite el informe de prevención, que tiene carácter vinculante para la Administración solicitante. 6. La Administración tiene la obligación de emitir el informe de prevención en el plazo de dos meses a partir de la fecha de entrada de la solicitud de informe al registro de la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios. 7. En el caso de que, transcurrido el plazo establecido por el apartado 6, no se haya emitido el informe de prevención, se entiende que el informe es favorable. 8. En el caso de obras o infraestructuras que no estén sometidas a los trámites de licencia establecidos por el apartado 1, la Administración, el organismo o la entidad responsable, según proceda, debe solicitar preceptivamente el informe de prevención de incendios con carácter previo a la aprobación del proyecto constructivo o proyecto básico por parte del órgano competente. 9. El control preventivo regulado por el presente artículo debe ser efectuado exclusivamente por los órganos que se determinen de la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios. Con esta finalidad, el órgano promotor en la fase de redacción del proyecto básico o constructivo debe pedir informe a dicha dirección general y debe tomar en consideración los requerimientos de prevención y seguridad que esta establezca en la aprobación definitiva del proyecto.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 22 ter. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. Cuando no concurran cumulativamente las condiciones establecidas en las letras a) y b) del apartado 1, la Administración debe iniciar el procedimiento de reintegro del importe principal de la prestación, pero no puede exigir ningún importe en concepto de intereses de demora o de cualquier otro tipo de recargo, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, equidad y buena administración. Asimismo, de acuerdo con dichos principios, deben llevarse a cabo planes de devolución flexibles y ajustados a la capacidad económica de las personas.»
Esta modificación afecta solo al apartado 3 del artículo 22 ter. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«3. La Administración debe valorar con la diligencia debida las circunstancias específicas del caso y debe fundamentar y motivar adecuadamente la resolución adoptada, de acuerdo con los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.»
Esta modificación afecta solo al apartado 4 del artículo 22. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«4. La tasa de modificación de la autorización de apertura de una autoescuela establecida por la letra b) del apartado 1 se reduce en un 50% si la autoescuela acredita que dispone del distintivo de calidad en los centros de formación vial, de acuerdo con el Decreto 189/2015, de 25 de agosto, por el que se establece el procedimiento de acreditación de las escuelas particulares de conductores como centros de formación de calidad.»
«Artículo 23. Multas reiteradas. Con independencia de las multas que correspondan en concepto de sanción, si el infractor no adopta voluntariamente las medidas correctoras en el plazo fijado por el requerimiento, el departamento competente en materia de planificación territorial y paisaje puede acordar la imposición de multas reiteradas por períodos no inferiores a un mes ni superiores a dos meses. El importe de estas multas no puede exceder en cada caso el 20% del importe de la multa principal.»
«Artículo 23. Régimen de intervención administrativa en actividades de carácter esporádico o puntual. 1. En los espectáculos y las actividades recreativas de naturaleza puntual o esporádica que sean actividades de riesgo importante, la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios debe emitir informe previo de prevención de incendios. 2. El informe al que se refiere el apartado 1 debe solicitarse en los siguientes supuestos: a) Actividades de carácter esporádico con un aforo superior a 500 personas en establecimientos cerrados. b) Estructuras desmontables e itinerantes, tales como carpas, entoldados o toldos, con un aforo superior a 1.000 personas. 3. En los casos establecidos por el apartado 2 y en los que se puedan establecer por resolución del consejero o consejera del departamento competente en materia de prevención y extinción de incendios, los titulares de los espectáculos o actividades recreativas de carácter esporádico deben solicitar a la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios el informe de prevención con un mínimo de quince días hábiles de antelación a la realización del acto mediante los canales habilitados al efecto. 4. La solicitud a que se refiere el apartado 3 debe ir acompañada del correspondiente proyecto técnico, que debe contener la documentación que se establezca por orden del consejero o consejera del departamento competente en materia de prevención y extinción de incendios, sin perjuicio de lo que establezca la normativa sectorial aplicable. 5. Una vez transcurrido el plazo establecido por el apartado 3, si no se ha emitido el informe de prevención, se entiende que el informe es favorable.»
Esta modificación afecta solo al apartado 7 del artículo 230. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«7. Corresponde a Puertos de la Generalidad el ejercicio de las funciones que se deriven una vez declarada la situación de abandono de los barcos, las embarcaciones, los vehículos y otros objetos.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 24. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. Los sujetos pasivos en situación de desempleo, las personas jubiladas, las personas que acrediten una discapacidad igual o superior al 33%, las personas internas de los centros penitenciarios que cumplen condena en régimen ordinario y las personas que estén cursando el cuarto curso de la educación secundaria obligatoria o lo hayan acabado en el año de presentación de la solicitud de la ACTIC están exentos de esta tasa, con la justificación documental previa de encontrarse en alguna de las situaciones mencionadas.»
«Artículo 25. Acto de comprobación. 1. La intervención administrativa de la Administración de la Generalidad inmediatamente anterior al inicio de una actividad, a la puesta en funcionamiento de un establecimiento o de una infraestructura o a la ocupación de un edificio, o a una modificación significativa de los mismos, se efectúa, con carácter general y sin perjuicio de lo establecido por el apartado 5, en los supuestos sujetos al control preventivo de la Administración de la Generalidad, de acuerdo con el artículo 22. 2. En los casos establecidos por el apartado 1, los titulares del establecimiento, la actividad o el edificio deben solicitar a una entidad colaboradora de la Administración en el ámbito de la prevención y la seguridad en materia de incendios que efectúe un acto de comprobación para verificar que el establecimiento, la actividad o el edificio cumplen todas las prescripciones establecidas por la legislación sectorial de aplicación en prevención y seguridad en materia de incendios y, específicamente, las establecidas para la autorización o licencia solicitada. 3. La entidad colaboradora debe expedir el certificado del acto de comprobación en formato digital y enviarlo electrónicamente, mediante los canales habilitados al efecto, en el plazo de un mes a contar desde la solicitud, a fin de ponerlo a disposición de las administraciones competentes sobre dicha actividad o establecimiento, así como de la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios. 4. Para iniciar la correspondiente actividad u ocupación, se requiere la previa obtención del certificado de acto de comprobación favorable expedido por una entidad colaboradora de la Administración en el ámbito de la prevención y la seguridad en materia de incendios, además de cumplir los otros requisitos para el inicio de la actividad económica establecidos en las demás normas de aplicación. 5. Pueden determinarse, por resolución del consejero o consejera del departamento competente en materia de prevención y extinción de incendios, los supuestos que se exceptúan del acto de comprobación, de entre los que establece el anexo 1. 6. El contenido del certificado acreditativo del acto de comprobación debe establecerse por orden del consejero o consejera del departamento competente en materia de prevención y extinción de incendios. 7. En el caso de infraestructuras promovidas por una administración pública, el acto de comprobación debe ser efectuado por personal del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad o por personal técnico adscrito a la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios facultado para el desempeño de dicha función. En este caso, la persona titular de la infraestructura debe solicitar a la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios que efectúe el acto de comprobación. 8. La emisión de un certificado de acto de comprobación favorable es un requisito necesario para la puesta en marcha de la correspondiente infraestructura.»
«Artículo 26.2-5. Cuota. Las cuotas por la tramitación de las autorizaciones iniciales de trabajo por un periodo igual o superior a seis meses son las siguientes: 1. Autorizaciones de trabajo por cuenta ajena: a) Autorización inicial de trabajo por cuenta ajena: – Retribución inferior a dos veces el salario mínimo interprofesional: 203,84 euros. – Retribución igual o superior a dos veces el salario mínimo interprofesional: 407,71 euros. b) Modificación de autorización de trabajo por cuenta ajena: 81,54 euros. c) Modificación desde otras situaciones a una situación con autorización de trabajo por cuenta ajena: – Retribución inferior a dos veces el salario mínimo interprofesional: 203,84 euros. – Retribución igual o superior a dos veces el salario mínimo interprofesional: 407,71 euros. 2. Autorizaciones de trabajo por cuenta propia: a) Autorización inicial de trabajo por cuenta propia: 203,81 euros. Modificación de la autorización de trabajo por cuenta propia: 81,54 euros. Modificación desde otras situaciones a una situación con autorización de trabajo por cuenta propia: 203,81 euros. 3. Autorizaciones de trabajo para trabajadores transfronterizos: a) Autorización inicial de trabajo por cuenta ajena: – Retribución inferior a dos veces el salario mínimo interprofesional: 203,84 euros. – Retribución igual o superior a dos veces el salario mínimo interprofesional: 407,71 euros. b) Autorización inicial de trabajo por cuenta propia: 203,84 euros. c) Prórroga: 81,54 euros. 4. Autorizaciones de trabajo para titulares de autorización de estancia de larga duración por estudios, movilidad de alumnos, servicios de voluntariado o actividades formativas: a) Autorización inicial de trabajo por cuenta ajena: 122,30 euros. b) Autorización inicial de trabajo por cuenta propia: 122,30 euros. 5. Otras autorizaciones iniciales de trabajo: a) Retribución inferior a dos veces el salario mínimo interprofesional: 203,84 euros. b) Retribución igual o superior a dos veces el salario mínimo interprofesional: 407,71 euros.»
«Artículo 26.4-1. Hecho imponible. Constituyen el hecho imponible de la tasa la tramitación de las solicitudes de inscripción y renovación en el Registro de empresas acreditadas de Cataluña, así como la tramitación de las solicitudes de variación de datos.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 27. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. Los convenios pueden establecer la creación de comisiones y grupos de trabajo para llevar a cabo las actuaciones previstas. En general, sin perjuicio de las particularidades derivadas de su objeto o su composición, estos órganos se deben vincular a las juntas locales de seguridad.»
Esta modificación afecta solo al apartado 5 del artículo 27. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«5. En el proceso de la emisión del informe previo a la autorización de los centros que se quieran establecer en Cataluña para impartir, bajo cualquier modalidad, enseñanzas que conducen a la obtención de títulos de educación superior universitaria no homologados a los títulos universitarios oficiales, se establecen los importes siguientes: – Por la revisión de la solicitud y el análisis de la documentación inicial, con el objetivo de determinar si el centro dispone de los requisitos mínimos necesarios para iniciar el proceso de evaluación: 3.000 euros. – Por la realización de la evaluación externa y la emisión del informe, incluyendo hasta un máximo de tres titulaciones: 6.000 euros. – Adicionalmente, 1.000 euros por cada titulación de más presentada por el centro que supere el límite inicial de las tres titulaciones inicialmente evaluadas.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 28. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. El acceso a las categorías de facultativo o facultativa y de técnico o técnica de la escala de apoyo del Cuerpo de Mossos d’Esquadra se hace por convocatoria de libre acceso, mediante oposición o concurso oposición. Las convocatorias de acceso a la categoría de facultativo o facultativa pueden incluir un turno de promoción interna para las personas funcionarias de carrera de la categoría de técnico o técnica de la escala de apoyo del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, si cumplen los requisitos de titulación, tienen una antigüedad mínima de dos años en la categoría de técnico o técnica y cumplen el resto de requisitos exigidos en la convocatoria.»
Esta modificación afecta solo al apartado 3 del artículo 28. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«3. La Autoridad Catalana de Protección de Datos debe elaborar anualmente el anteproyecto de presupuesto de ingresos y de gastos, de acuerdo con las normas que dicte el departamento competente en materia de economía y finanzas para elaborar los presupuestos de la Generalidad, y debe remitirlo al departamento con el que se relaciona para que el Gobierno lo integre en los presupuestos de la Generalidad.»
«Artículo 29. Modalidades de financiación. 29.1 La financiación de las inversiones y los gastos derivados de la construcción, la explotación, la mejora, la conservación, la ordenación de accesos, los elementos funcionales, instalaciones o equipamientos adicionales y, en general, las actuaciones exigidas para el buen funcionamiento de las carreteras reguladas por la presente ley, puede adoptar una o más de una de las siguientes modalidades: a) Con cargo a las consignaciones que se incluyan en los presupuestos públicos y a las transferencias, subvenciones o aportaciones recibidas con este fin. b) Mediante los mecanismos previstos por la legislación urbanística. c) Con capital público, privado o mixto, financiado mediante el pago de peaje u otras fórmulas de explotación de la vía, como el contrato de concesión de obra pública. d) Mediante la imposición de contribuciones especiales a las personas físicas o jurídicas que resulten especialmente beneficiadas por la actuación, en los términos determinados por el artículo 30. e) Mediante los ingresos generados por la tasa por el uso de las carreteras por parte de los vehículos, legalmente establecida, en los términos y supuestos normativamente establecidos. f) Mediante la contraprestación establecida a favor de la Administración en los contratos de gestión y explotación de áreas de servicio, estaciones de servicio, de recarga o abastecimiento de combustible, instalaciones destinadas a la eficiencia energética o cualquier otro elemento funcional propio de la red viaria de titularidad de la Generalidad. g) Mediante los importes que, en virtud de los contratos de concesión de carreteras, deban ser abonados a la Administración concedente en concepto de gastos administrativos o de gestión contractual, penalizaciones, deducciones, devoluciones de ingresos indebidos, cánones, derechos de compensaciones financieras, ganancias de refinanciación, reequilibrios económicos favorables a la Administración concedente o cualquier otra figura contractual de naturaleza análoga. 29.2 Los ingresos a los que se refieren las letras f) y g) del apartado 1 tienen carácter finalista y generan crédito dentro del estado de gastos directos o indirectos (incluidos los del personal directamente vinculado) del presupuesto del departamento competente en materia de carreteras, tanto si provienen de contratos propios del mismo departamento como de las empresas o entidades que estén adscritas a la Administración de la Generalidad. En este último caso, los ingresos se transfieren al departamento competente en materia de carreteras mediante la fórmula de retorno que la persona titular de dicho departamento determine, una vez deducidos los gastos de gestión, mantenimiento e inversiones realizadas. 29.3 La secretaría competente en materia de movilidad e infraestructuras debe aprobar un programa específico de actuaciones de mejora y modernización de la red viaria y de sus elementos funcionales, financiado con dichos ingresos, una vez deducidos los gastos de los contratos correspondientes y de gestión del sistema, incluidos los de personal. 29.4 Por razones de eficacia y eficiencia, el departamento competente en materia de carreteras puede asignar la ejecución total o parcial de las actuaciones previstas en el programa específico al que se refiere el apartado 3 a empresas públicas adscritas a dicho departamento, siempre que lo prevean así sus estatutos, y a cargo de los ingresos que estas obtengan por la contraprestación de la explotación de las infraestructuras de la red viaria indicadas, o eventualmente, por las aportaciones que pueda hacer el departamento. Esta asignación puede comprender cualquier inversión del programa y no debe limitarse al ámbito de actuación propio o a los elementos funcionales gestionados por cada empresa pública adscrita.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 29. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. Las condiciones profesionales del personal técnico de las bibliotecas del Sistema de Lectura Pública deben determinarse por reglamento. En todo caso, excepto en las bibliotecas filiales, el personal bibliotecario debe tener una titulación universitaria específica del ámbito de la biblioteconomía, la información y la documentación.»
«Artículo 3. Funciones de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña. Para lograr sus objetivos, corresponden a la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña las funciones siguientes: a) Definir, de acuerdo con las directrices del departamento competente en materia de salud, impulsar y desplegar la estrategia del sistema de información para el sistema de salud que facilite a la administración competente la información necesaria para la toma de decisiones y para la evaluación de la calidad de la asistencia sanitaria, y gestionarla generando conocimiento del sistema. b) Desarrollar la evaluación de la estructura, de los procesos, de la eficacia, de la seguridad, de la eficiencia y de las consecuencias de la introducción de tecnologías médicas y asistenciales, así como de nuevos tratamientos, intervenciones, procedimientos organizativos y asistenciales y de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la atención sanitaria. Esta evaluación debe abordar también el análisis de la variabilidad de los resultados y de la calidad de los servicios, identificando las mejores prácticas en el ámbito clínico, trabajando estrechamente con los y las profesionales del sistema de salud y fomentando la práctica óptima y el uso eficiente de los recursos. c) Elaborar herramientas que permitan integrar en los procesos de evaluación la perspectiva de la atención centrada en las personas, incluyendo la perspectiva de género y mediante la participación de la ciudadanía en los procesos de evaluación y de gobernanza de su atención. Esta perspectiva incluye el desarrollo de herramientas y marcos de evaluación adecuados para analizar el efecto conjunto de la acción de las diferentes líneas de actividad y proveedores de los servicios de salud sobre los resultados conseguidos por la calidad de vida de las personas, en línea con la filosofía de red integrada de provisión y atención integral a las personas. d) Medir, evaluar y difundir de forma pública y transparente los resultados globales conseguidos en salud y en el ámbito de la asistencia sanitaria por los diferentes agentes que integran el sistema de salud, a través del Sistema Integrado de Información de Salud en Cataluña, configurado por la información de naturaleza administrativa y estadística que contienen los registros y sistemas de información del departamento y de los organismos competentes en materia de salud, los de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y los de sus profesionales sanitarios, para facilitar una toma de decisiones corresponsable al servicio de la calidad de la atención prestada a los ciudadanos. e) Gestionar el acceso a la reutilización de datos de los sistemas de información del sistema sanitario, bajo las directrices del departamento competente y de acuerdo con las condiciones de protección de datos vigentes en cada momento, para la investigación, la planificación y la evaluación con el fin último de generar conocimiento para mejorar la salud de la población. A tal efecto, la Agencia debe disponer de la oportuna estructura de gestión y analítica de datos y de metodología avanzada en ciencia de datos para la investigación y la innovación. f) Apoyar la planificación, el desarrollo y la aplicación de la investigación mediante su evaluación, con el objetivo de orientar la investigación a obtener resultados de mayor y mejor impacto en la salud y la calidad de vida de las personas, de acuerdo con las directrices del departamento competente en materia de salud. Esta orientación de la investigación debe promover la sensibilidad hacia las diferencias entre mujeres y hombres, e incluir a ambos sexos en los parámetros de análisis a tal efecto. g) Liderar y desarrollar, en el ámbito de la investigación evaluativa y metodológica, programas y líneas de investigación e innovación, como agente del sistema de investigación, desarrollo e innovación de Cataluña, con el objetivo de avanzar en el conocimiento y contribuir al progreso en los ámbitos que le son propios al amparo del artículo 75 de la Ley 9/2022, de 21 de diciembre, de la ciencia: 1.º Ciencia de datos para desarrollar metodologías y herramientas para fines de evaluación y monitorización del impacto de las políticas públicas y los servicios de salud. 2.º Desarrollo de nuevas metodologías y marcos conceptuales para la evaluación y la adopción de nuevos productos y servicios o tecnologías en general por parte de los sistemas de salud en las mejores condiciones de calidad, seguridad y sostenibilidad, como pieza clave del sistema en la transferencia del conocimiento en la práctica clínica. 3.º Identificación y análisis de los factores determinantes de la salud y el bienestar de las personas y los grupos, incluyendo adelantos en el conocimiento sobre variaciones injustificadas, sean territoriales, por razón de sexo, de nivel económico o cualquier otra circunstancia social, en el acceso a servicios de calidad, prestaciones y financiación para avanzar en la equidad en el diseño y la implantación de los programas y políticas públicas. 4.º Mejora de metodologías y herramientas para medir la efectividad y la eficiencia comparadas de modelos organizativos y de compra y financiación en relación con la adopción de innovación y la consecución de resultados de salud y bienestar de las personas en el ámbito de los servicios de salud. 5.º Identificación y análisis de los factores determinantes del alcance adecuado en la implementación de innovación en servicios sanitarios. 6.º Propuesta e impulso de medidas de fomento de la investigación sanitaria, así como su seguimiento, metaevaluación, asesoramiento, difusión de resultados, y apoyo a las políticas de investigación e innovación en salud. 7.º Participación en proyectos de innovación en las áreas de actividad propias de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña, y apoyo a la adopción y aplicación generalizada de innovaciones por parte de las entidades del Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (Siscat) para favorecer la mejora en el ámbito de la salud de los resultados, la calidad de la atención y la seguridad de las personas atendidas y de los profesionales. El rol de la Agencia en el ámbito de la innovación se circunscribe a todas aquellas iniciativas que, como agencia de calidad y evaluación, pueden facilitar la adopción de la innovación por parte del sistema y sus integrantes, sin perjuicio de las competencias de otras instituciones relacionadas con la innovación. 8.º Promoción y divulgación del conocimiento científico y tecnológico en Cataluña, fomentando el interés de la sociedad por la investigación, el desarrollo, la innovación y la evaluación en el ámbito de la salud. h) Apoyar la mejora de resultados de investigación mediante la evaluación de esta utilizando metodologías de gestión de resultados e impacto alineados con los principios de investigación e innovación responsable y de igualdad de género. i) Cooperar con organismos homónimos otras comunidades autónomas, de ámbito estatal, europeo e internacional a los efectos de lograr sinergias y difundir los conocimientos respectivos. j) Ejercer, con sujeción a la normativa aplicable y con la dotación presupuestaria correspondiente, las funciones establecidas en este artículo en relación con el sistema de servicios sociales y con el modelo de atención integrada social y sanitaria. k) Desarrollar todas las actividades que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo con los estatutos que se dicten en desarrollo de este decreto ley, así como las actuaciones en relación con las funciones mencionadas que le sean encomendadas.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 3. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. Los arrendadores, subarrendadores o cedentes de fincas urbanas, tanto las destinadas a vivienda como las destinadas a otros usos, deben depositar en el Instituto Catalán del Suelo la fianza en metálico establecida por el artículo 36.1 de la Ley del Estado 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, en el plazo de dos meses a contar desde la formalización del contrato. El arrendamiento de vivienda por habitaciones o cesión de uso o cualquier otra clase de fragmentación física o contractual del uso residencial de una vivienda no excluye la obligación de depósito de la fianza.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 3. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. Corresponde al Gobierno la aprobación del carácter de estadísticas de interés de la Generalidad de acuerdo con las disposiciones establecidas por esta Ley.»
Esta modificación afecta solo al apartado 4 del artículo 31 bis. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«4. Se habilita a las entidades deportivas para establecer el voto por correo postal en los procesos de elección de las juntas directivas y de las presidencias. Sin embargo, se puede habilitar el voto por medios electrónicos en situaciones de estado de alarma o de excepción declaradas oficialmente, o bien, en el caso de los clubes, cuando esta modalidad haya sido previamente autorizada por el departamento competente en materia de deportes mediante resolución motivada, siempre que queden garantizados los derechos de información, que quede constancia de la recepción del voto y que se garantice la identificación del elector o electora, la autenticidad y el secreto del voto, la integridad y la auditabilidad, y que se adopten medidas que impidan su duplicidad y que garanticen su incorporación en el momento del escrutinio.»
Esta modificación afecta solo al apartado 9 del artículo 31. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«9. El consejero o consejera del departamento con competencias en materia de seguridad pública debe comunicar la aprobación de planes de seguridad supramunicipales y regionales a las juntas locales de seguridad que resulten afectadas por los mismos y a los órganos superiores de coordinación y participación, para que tengan conocimiento de los mismos y, si procede, para que hagan la adecuación de sus actuaciones a los mismos.»
«Artículo 32. Áreas de servicio. 32.1 Las áreas de servicio deben estar dotadas, como mínimo, de: a) Instalaciones destinadas al suministro de carburantes o de energías para la automoción. b) Zona de estacionamiento y descanso de acceso público y gratuito. c) Servicios sanitarios de uso público y gratuito. Adicionalmente, pueden incluir talleres de reparación, establecimientos hoteleros, restaurantes y otros servicios similares o complementarios. 32.2 Las áreas de servicio deben situarse, preferentemente, en vías segregadas. Sin embargo, de acuerdo con las características de la red, los accesos, el tráfico y las necesidades del servicio público, pueden emplazarse en el resto de carreteras de titularidad de la Generalidad. 32.3 Las áreas de servicio deben disponer de acceso directo desde la carretera o por una calzada lateral. En el caso de vías segregadas, el acceso debe ser exclusivo y el recinto debe estar cerrado y separado de las fincas colindantes, excepto cuando, por razones técnicas o para garantizar su adecuada explotación, se justifique una solución diferente, siempre que esta no afecte la seguridad vial. 32.4 Las áreas de servicio pueden ser construidas y explotadas directamente por la Administración o mediante cualquier modalidad de gestión indirecta establecida por la legislación de contratos del sector público. El pliego de condiciones administrativas debe fijar los requisitos relativos a la ocupación, la gestión y la conservación de las áreas de servicio. Por razones de eficiencia y eficacia en la gestión, el departamento competente en materia de carreteras puede adscribir las áreas de servicio a empresas o entidades de derecho público que estén adscritas a este departamento. 32.5 El departamento competente en materia de carreteras debe promover proyectos de nuevas áreas de servicio y estaciones de recarga necesarias para garantizar la comodidad de las personas usuarias y el funcionamiento correcto del servicio público de la red viaria de la Generalidad. Esta promoción puede incluir proyectos de: a) Modernización y mejora de las áreas de servicio existentes. b) Creación de nuevas áreas de servicio en el marco de actuaciones de ampliación o modificación de la red viaria. En este caso, los proyectos de nuevas carreteras, desdoblamientos o variantes deben incluir, a menos que se justifique la imposibilidad de crearlas, la previsión de las áreas mencionadas. c) Implantación de nuevas áreas de servicio en vías de titularidad de la Generalidad, que pueden aprovechar elementos existentes, tales como áreas de descanso, espacios en desuso o compatibles con otros elementos funcionales auxiliares de acceso directo desde la carretera, o bien se pueden emplazar en nuevos terrenos adyacentes a las carreteras, siempre que sean adecuados y compatibles con la seguridad vial y la protección del entorno. d) Transformación de estaciones de servicio existentes destinadas a la venta de combustibles tradicionales en nuevas áreas de servicio con instalaciones de recarga con accesos a la red viaria de la Generalidad. e) Nuevas estaciones de titularidad pública de recarga o repostaje de energías para la automoción, situadas de forma anexa a estaciones de servicio existentes destinadas a la venta de combustibles tradicionales con accesos a la red viaria de la Generalidad. Excepcionalmente, también se pueden emplazar instalaciones de recarga o repostaje de energías para la automoción de titularidad pública en terrenos situados a una distancia de conducción no superior a tres kilómetros desde la salida más cercana a una carretera de la red de titularidad de la Generalidad, siempre que sean adecuados y compatibles con la seguridad vial y la protección del entorno. La aprobación de cualquiera de estos proyectos produce los efectos determinados por el artículo 19, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan de acuerdo con la legislación de expropiación forzosa. 32.6 Cualquier interesado puede solicitar la concesión para la explotación o para la construcción y explotación de un área de servicio, o de alguno de sus elementos integrantes, mediante la presentación de la solicitud de iniciativa privada correspondiente ante el departamento competente en materia de carreteras y en los términos de la legislación en materia de contratos. 32.7 Las áreas de servicio, las estaciones de servicio y el resto de elementos funcionales de la carretera deben adaptar sus instalaciones a lo dispuesto por la Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad, y a los requisitos técnicos de la normativa sectorial que les sea de aplicación.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 32. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. Los ciudadanos tienen derecho a participar en las tareas de seguridad pública mediante las asociaciones y entidades que tienen representación en el Consejo de Seguridad de Cataluña y en las juntas locales de seguridad.»
«Artículo 33. Naturaleza y objeto de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación. 1. La Oficina de Igualdad de Trato y No discriminación tiene naturaleza de órgano administrativo unipersonal que actúa con plena independencia en el ejercicio de sus funciones. Esta independencia implica que no puede estar sujeta a ningún vínculo jerárquico ni sometida a instrucciones de ninguna autoridad administrativa. 2. La Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación es la encargada de velar por el cumplimiento de los preceptos de la presente ley, con el objetivo de evitar cualquier forma de discriminación, directa o indirecta, por cualquiera de los motivos y en los ámbitos a los que se refiere el artículo 1, tanto en el sector público como en el ámbito privado, sin perjuicio de las competencias del Síndic de Greuges, de la Inspección de Trabajo de Cataluña y de otros organismos encargados de hacer cumplir la normativa sobre igualdad de trato y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en materia de trabajo y de empleo. 3. La Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación se adscribe al departamento competente en materia de igualdad, sin integrarse en su estructura jerárquica, y debe rendir cuentas directamente ante el Parlamento de Cataluña, como garantía de transparencia y control democrático. 4. La persona titular de la Oficina de Igualdad de Trato y No discriminación debe ser seleccionada entre funcionarios de carrera con expertez acreditada en materia de no discriminación y mediación, mediante una convocatoria pública bajo los principios de igualdad, publicidad, transparencia, mérito y capacidad, a fin de garantizar su objetividad, imparcialidad e independencia durante el mandato. 5. El estatuto personal de la persona titular de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación es el siguiente: a) El nombramiento corresponde a la persona titular del departamento competente en materia de igualdad. b) El cargo se ejerce en régimen de dedicación exclusiva y se le aplican las normas sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. c) La resolución de nombramiento debe establecer las retribuciones a percibir, que deben asimilarse a las correspondientes al personal funcionario de la Administración de la Generalidad. d) El nombramiento da lugar a la declaración de la situación administrativa de servicios especiales. e) La persona que la sustituya debe reunir los mismos requisitos exigidos para la persona titular y debe ejercer sus funciones en las mismas condiciones. f) El mandato tiene una duración de cinco años, a contar desde la toma de posesión, que debe llevarse a cabo una vez publicado el nombramiento en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”. La persona titular puede ser reelegida por periodos sucesivos de la misma duración sin necesidad de ningún proceso de selección nuevo. g) La persona titular pierde esta condición en los siguientes casos: 1.º Expiración del mandato. 2.º Renuncia escrita dirigida a la persona titular del departamento competente en materia de igualdad y aceptada por esta. 3.º Incompatibilidad sobrevenida. 4.º Pérdida de la condición de funcionario o funcionaria. 5.º Incumplimiento grave de sus obligaciones. 6.º Pérdida de la nacionalidad. 7.º Condena, por sentencia firme, a pena privativa de libertad o de inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos. 8.º Incapacidad sobrevenida para el ejercicio del cargo. 9.º Defunción. La remoción por las causas a las que se refieren los puntos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º y 8.º es acordada por la persona titular del departamento competente en materia de igualdad, una vez hecha la instrucción del expediente correspondiente con audiencia a la persona interesada. El cese o la remoción se produce cuando se da la circunstancia o cuando tiene efectos el acto que la determina, y debe publicarse en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”. 6. La Administración de la Generalidad debe garantizar la disponibilidad de los medios personales y materiales necesarios para que la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación lleve a cabo sus funciones de forma adecuada, respetando siempre su independencia funcional. 7. La organización, el régimen de personal, el régimen económico y el funcionamiento de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación deben ser desarrollados por reglamento.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 333. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. Una vez iniciado un procedimiento sancionador, en cualquier momento anterior a la resolución, la persona infractora puede reconocer su responsabilidad o realizar el pago voluntario de la sanción.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 333. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. En relación con lo establecido por el apartado 1, tanto en el caso de reconocimiento de la responsabilidad como en el caso de pago voluntario de la sanción, se aplica una reducción del 25%, respectivamente, sobre el importe de la sanción que pueda corresponder.»
Esta modificación afecta solo al apartado 3 del artículo 333. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«3. En los procedimientos que incluyan la obligación de restituir cantidades indebidamente percibidas o de indemnizar por daños y perjuicios probados, regulados por los artículos 333-6 y 333-7, respectivamente, en el caso de que la persona infractora acredite fehacientemente la realización del pago del importe a la persona consumidora dentro del plazo de veinte días a contar del día siguiente de la fecha de notificación de la resolución del procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, el pago comporta una reducción del 20% del importe de la sanción establecida en la resolución.»
Esta modificación afecta solo al apartado 4 del artículo 333. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«4. En cuanto a las reducciones a las que se refiere el presente artículo: a) Son acumulables entre sí. b) Deben estar determinadas en la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador. c) Su efectividad queda condicionada al desistimiento o a la renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa por parte de la persona infractora.»
Esta modificación afecta solo al apartado 3 del artículo 34. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«3. En los procedimientos de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos que se desarrollen en Cataluña, deben valorarse las emisiones de gases de efecto invernadero que su ejecución y gestión puedan producir y las medidas adecuadas para reducirlas, así como la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático y las medidas pertinentes para reducirlo. En este sentido, los departamentos competentes en materia de cambio climático y evaluación ambiental deben establecer las metodologías y las guías que faciliten tanto el cálculo y las propuestas de medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero como el análisis y las medidas de reducción de la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.»
«Artículo 38. 1. La Secretaría General del Deporte ejerce las funciones que le asigna esta Ley, las que le son asignadas por reglamento y también las que le delegue la persona titular del departamento competente en materia de deporte. 2. La Secretaría General del Deporte puede requerir el asesoramiento de los consejos deportivos y de las federaciones deportivas catalanas, en los aspectos que pertenecen a los respectivos ámbitos de competencia.»
«Artículo 39. Cambios de adscripción de las plazas del personal estatutario. 1. Con el fin de conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos destinados a la sanidad pública, en el marco del desarrollo y el impulso de las políticas departamentales, pueden efectuarse cambios de adscripción de las plazas de personal estatutario al Departamento de Salud para que este personal lleve a cabo funciones que sean competencia del departamento, vinculadas a una actuación de carácter temporal, que requieran el asesoramiento y la expertez del personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud con competencias en la materia de que se trate y que sean adecuadas a su categoría profesional, sin merma de las retribuciones, siempre que así lo acredite con carácter previo un informe justificativo de la unidad directiva responsable del proyecto. 2. El cambio de adscripción a que hace referencia el apartado 1 tendrá una duración máxima de tres años, sin perjuicio de que, para las adscripciones que finalicen durante el año 2026 o el año 2027, se pueda prorrogar este plazo hasta el 31 de diciembre de 2028, previa acreditación de su necesidad mediante memoria justificativa de la unidad directiva responsable. 3. Los cambios de adscripción quedan sin efecto cuando concluye la actuación temporal que los motivó.»
«Artículo 39 bis. Perímetros de protección prioritaria, ejes de confinamiento y proyectos de infraestructuras estratégicas de prevención de incendios forestales. 1. Los perímetros de protección prioritaria y los ejes de confinamiento son las unidades territoriales básicas de planificación en las áreas forestales de alto riesgo de incendio forestal en materia de prevención de grandes incendios forestales. El Plan general de política forestal debe incorporar la delimitación de los perímetros de protección prioritaria y de los ejes de confinamiento de acuerdo con criterios objetivos y homogéneos, atendiendo a las características del territorio y el riesgo de incendio forestal. La delimitación debe ajustarse preferentemente a los ejes principales de comunicación vial, a los espacios agrícolas de gran extensión, a la red hidrográfica y a otros elementos territoriales relevantes que favorezcan una gestión operativa eficiente y la contención de los incendios forestales. 2. La persona titular del departamento competente en materia de gestión forestal debe aprobar, mediante resolución, los proyectos de infraestructuras estratégicas de prevención y extinción de incendios forestales correspondientes a cada perímetro de protección prioritaria y cada eje de confinamiento, que pueden integrarse en un único proyecto en caso de solapamiento territorial, con la indicación de su orden de prioridad atendiendo a criterios de afectación en personas y bienes, protección ambiental y de las masas forestales y de generación de oportunidades de extinción en caso de incendio, entre otros. 3. Los proyectos de infraestructuras estratégicas para la prevención y la extinción de incendios forestales en perímetros de protección prioritaria y ejes de confinamiento tienen la consideración de actuaciones de interés público superior, porque contribuyen a proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente ante el riesgo de incendio forestal. Al efecto de la ponderación de los intereses concurrentes en los procedimientos de aprobación de estos proyectos, se debe valorar que tienen un interés público superior y que contribuyen a la salud y la seguridad públicas; se debe reconocer expresamente su carácter preventivo, y se deben considerar los efectos sinérgicos y los beneficios ambientales derivados de la reducción del riesgo y la intensidad de los incendios forestales. En caso de que, de conformidad con la evaluación llevada a cabo, se prevean afectaciones significativas sobre las especies, el acuerdo de aprobación debe incluir las medidas adecuadas para garantizar un estado de conservación favorable o el restablecimiento de este estado. 4. A los efectos de lo que dispone la legislación de expropiación forzosa, se declaran de utilidad pública y de interés social las infraestructuras estratégicas para la prevención y extinción de incendios forestales previstas en los proyectos aprobados de acuerdo con este artículo. Esta declaración comporta, si procede, la necesidad de ocupar los bienes y los derechos afectados, así como la posibilidad de imponer y ejercer servidumbres de paso, ocupaciones temporales y otras afectaciones necesarias para la ejecución y el mantenimiento de las actuaciones. 5. Las personas titulares de los terrenos forestales tienen el deber de colaborar con la Administración para mantener los terrenos en condiciones adecuadas de prevención, de acuerdo con las determinaciones de los planes y proyectos aprobados, con las ayudas técnicas y económicas establecidas por la Administración. 6. Los proyectos de infraestructuras estratégicas de los perímetros de protección prioritaria que incluyan totalmente espacios naturales de protección especial tienen la consideración de planes básicos de prevención de incendios, a los efectos de lo que establece la normativa reguladora de estos planes en espacios naturales de protección especial. Se deben elaborar conjuntamente entre el órgano de gestión del espacio y los órganos de la Administración de la Generalidad competentes en materia de prevención de incendios forestales.»
«Artículo 4.17-1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios administrativos relativos a la autorización de los centros de distribución e inspección para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de distribución y para la autorización de los centros de dispensación de medicamentos veterinarios.»
«Artículo 4.17-4. Cuota. La cuota de la tasa es la siguiente: 1. Por la autorización e inspección para verificar las buenas prácticas de distribución de centros de distribución de medicamentos veterinarios: 1.1 Autorización e inspección inicial del almacén para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de distribución: 300 euros. 1.2 Inspecciones ulteriores periódicas para evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas de distribución: 200 euros. 2. Por la autorización de comerciales minoristas de medicamentos veterinarios: 51,50 euros.»
«Artículo 4. 1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley solo puede tener un segundo puesto de trabajo o una segunda actividad en el sector público si lo exige el interés del propio servicio público. 2. Se puede autorizar, una vez cumplidas las prescripciones de esta Ley, la compatibilidad para ocupar un puesto de trabajo como profesor universitario asociado en régimen de dedicación a tiempo parcial. 3. Se puede autorizar, cumplidas las prescripciones de esta Ley, la compatibilidad del personal docente e investigador de universidades para ocupar un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario o de carácter exclusivamente de investigación, en centros públicos de investigación, incluyendo el ejercicio de funciones de dirección científica en un centro o una estructura de investigación, dentro del área de especialidad de su departamento universitario, y siempre que los dos puestos estén autorizados como de prestación a tiempo parcial. 4. Quienes ocupan un cargo de los definidos como segundo puesto por el apartado 3 pueden ser autorizados para compatibilizar uno de los puestos docentes universitarios a los que hace referencia. 5. Los profesores titulares de escuelas universitarias de enfermería pueden ser autorizados a compatibilizar un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario, en los términos y las condiciones indicados por los apartados 3 y 4. 6. Se puede autorizar, cumplidas las prescripciones de esta Ley, la compatibilidad para el ejercicio de un segundo puesto de trabajo o actividad a tiempo parcial en el sector público cultural, salvo la prohibición establecida en el artículo 14, al siguiente personal: a) Al personal funcionario y laboral de las administraciones locales de las enseñanzas establecidas en el artículo 45 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. b) Al profesorado de los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanzas artísticas profesionales o de enseñanzas artísticas superiores que preste servicio en los centros públicos que impartan estas enseñanzas. 7. Se puede autorizar al profesorado de los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, al del cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, al del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional y al resto de profesorado de formación profesional, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95 de la Ley orgánica 2/2006, la compatibilidad para el ejercicio de sus funciones, a tiempo parcial y cumpliendo las exigencias de esta Ley, salvo la prohibición establecida en el artículo 14, en los centros de titularidad pública con oferta integrada, e impartir todas las modalidades del sistema de formación profesional de conformidad con su perfil académico y profesional, siempre que cumplan los requisitos para impartir los módulos incluidos en los títulos, cursos de especialización, certificados profesionales, certificados de competencia y acreditaciones parciales de competencia correspondientes, así como en acciones formativas de las otras modalidades del ámbito del sistema de la formación profesional. 8. En general, se considera que este interés público se da si se trata de un segundo puesto de trabajo directamente relacionado con las tareas docentes que son objeto del puesto de trabajo principal. Se presupone también el interés público si la función docente objeto de la segunda actividad está directamente relacionada con la función o la actividad que se considera principal. 9. En principio se considera también de interés público la realización habitual de funciones docentes para la formación, la formación para el acceso al empleo público o el perfeccionamiento del personal en centros de formación de funcionarios. 10. Se considera también que existe interés público para ejercer un segundo cargo o actividad si así lo determina el Gobierno. 11. En los supuestos señalados por los apartados 8, 9 y 10, corresponde al Gobierno de determinar la existencia de interés público, que es condición necesaria para el otorgamiento de la autorización de compatibilidad. Los departamentos interesados deben elevar al Gobierno las propuestas correspondientes a fin de que este declare la posible existencia de interés público.»
«Artículo 4. Las funciones del Instituto son las siguientes:. a) Elaborar las iniciativas normativas, en el marco de las competencias de la Generalidad, en materia de eficiencia energética y energías renovables. b) Elaborar la prospectiva energética de Cataluña a largo plazo y la planificación energética de Cataluña a medio y corto plazo, y realizar su seguimiento. Integrar y coordinar la prospectiva y la planificación energética con otras planificaciones y políticas sectoriales que desarrolle la Generalidad. c) Elaborar planes de acción energética sectorial, en colaboración con las diferentes unidades de la Generalidad, y promover acuerdos de descarbonización con los sectores económicos, conjuntamente con el departamento competente en el ámbito de la empresa. d) Diseñar, elaborar y difundir los indicadores y las estadísticas energéticas de Cataluña asignadas al departamento competente en materia de energía de acuerdo con lo establecido por la Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de estadística de Cataluña, y el Plan estadístico de Cataluña en vigor, y elaborar sus previsiones numéricas de futuro a medio y largo plazo. e) Planificar las infraestructuras energéticas correspondientes al ámbito territorial de Cataluña. f) Impulsar la eficiencia energética y las energías renovables en todos los sectores económicos y para toda la ciudadanía, y ejecutar y coordinar las actuaciones del departamento competente en energía en materia de eficiencia energética y energías renovables. g) Promover la gestión activa de la demanda de energía y la creación de un mercado consolidado de empresas de servicios energéticos con garantía de ahorro. h) Impulsar las comunidades ciudadanas de energía y las comunidades de energías renovables. i) Desarrollar programas de apoyo y asesoramiento de ámbito global en materia de energía a la industria, al sector de la edificación, al sector del transporte, al sector primario y a la ciudadanía. j) Ejercer de órgano competente en materia de certificación energética de edificios, incluyendo la gestión del Registro de certificados de eficiencia energética de los edificios, la supervisión del Registro de técnicos competentes y el establecimiento y aplicación de un sistema de control e inspección del Registro de certificados de eficiencia energética. k) Ejercer como gestor autonómico del sistema de certificados de ahorro energético (CAE) en Cataluña. l) Gestionar la asignación y el control de subvenciones y movilizar la financiación necesaria para la promoción de la eficiencia energética y las energías renovables y para el impulso de la transición energética. m) Fomentar la investigación y el desarrollo de tecnologías y sistemas energéticos y hacer su seguimiento. Participar en proyectos de innovación y demostración de tecnologías energéticas eficientes. n) Evaluar el potencial de los recursos energéticos y del ahorro energético. o) Llevar a cabo estudios, encuestas y otros trabajos para mejorar el conocimiento de la producción, transformación, transporte y consumo de la energía. p) Establecer marcos de cooperación y coordinación con las administraciones locales para lograr los objetivos de la transición energética y para desarrollar e implantar sus planes de acción de energía sostenible dentro del marco del Pacto de las alcaldías para la energía y el clima. q) Aumentar la concienciación y la participación de la sociedad catalana en la transición energética. Desarrollar campañas y acciones de información, formación y promoción en el ámbito energético dirigidas tanto a las empresas y a los profesionales como la ciudadanía. r) Promover la participación y la colaboración en red de las entidades, los colegios y las asociaciones profesionales de ámbito energético en Cataluña. s) Desarrollar acciones y proyectos de cooperación de ámbito estatal e internacional. t) Realizar propuestas para asegurar una transición energética justa. u) Cualquier otra destinada al cumplimiento de sus objetivos.»
Esta modificación afecta solo al apartado 12 del artículo 4. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«12. Para los servicios correspondientes al control y la supervisión de la expedición del pasaporte para desplazamientos, sin ánimo comercial, de perros, gatos y hurones, previstos por el Reglamento UE 576/2013, del Parlamento y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía: 7,75 euros.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 4. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. En los olivares monumentales deben protegerse el conjunto de olivos y todos los elementos patrimoniales ligados a la actividad agraria tradicional y que dan singularidad a los olivares.»
Esta modificación afecta solo al apartado 3 del artículo 4. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«3. El director o directora es la persona que asume la dirección y gestión ordinaria de la Agencia, de acuerdo con los criterios de actuación fijados por el Consejo de Administración. El director o directora se vincula mediante un contrato laboral de alta dirección.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 40. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. La línea de edificación se establece a ambos lados de la carretera. En la franja comprendida entre la arista exterior de la explanación y la línea de edificación se prohíbe cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación. Se exceptúan de esta prohibición las obras estrictamente necesarias para la conservación, el mantenimiento y la adecuación a la normativa vigente de las edificaciones existentes legalmente implantadas, incluidas las actuaciones indispensables por razones medioambientales, de seguridad, accesibilidad, infraestructuras de telecomunicaciones, salubridad, higiene y eficiencia energética. Estas obras exceptuadas de la prohibición no pueden conllevar, en ningún caso, un incremento del volumen edificatorio, de la superficie construida o del techo, ni la realización de obras en edificaciones en estado de ruina.»
Esta modificación afecta solo al apartado 4 del artículo 40. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«4. Los miembros de la Comisión deben ejercer el cargo en régimen de dedicación absoluta y les son de aplicación las normas sobre incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Generalidad de Cataluña. Sus retribuciones deben ser fijadas anualmente en la ley de presupuestos.»
«Artículo 41. 1. El Plan estadístico de Cataluña se aprueba por decreto del Gobierno, con una vigencia de cuatro años, y debe darse cuenta al Parlamento de la aprobación del proyecto de decreto, así como de la aprobación del decreto por el Gobierno. 2. La entrada en vigor de un nuevo plan estadístico de Cataluña pone fin a la vigencia del plan estadístico anterior. Mientras no entra en vigor el decreto de aprobación de un nuevo plan estadístico queda automáticamente prorrogada la vigencia del plan anterior.»
«Artículo 42. Sistema de Información Social. 1. El Sistema de Información Social garantiza la disponibilidad de la información relativa a las prestaciones y a la Cartera de servicios sociales y el ejercicio de las competencias atribuidas a las administraciones públicas en materia de servicios sociales. La Administración de la Generalidad debe garantizar que sea un sistema de uso común, compartido e integrado, así como la coordinación de este sistema, debiendo establecer los criterios comunes a los que deben ajustarse el contenido y las condiciones de acceso. La organización y el funcionamiento del Sistema de Información Social debe regularse mediante una orden del departamento competente en materia de servicios sociales, de acuerdo con los principios establecidos por el presente artículo y en coordinación con los departamentos competentes en materia de administración digital y atención ciudadana. 2. Los agentes que configuran la red de servicios sociales de atención pública y que intervienen en la prestación de servicios sociales y las personas usuarias de los servicios sociales tienen derecho a acceder al Sistema de Información Social y a utilizarlo, de acuerdo con la normativa de aplicación. Los profesionales autorizados del sistema deben acceder a la información estrictamente necesaria para llevar a cabo sus funciones. 3. El Sistema de Información Social se fundamenta en los principios de descentralización en el suministro de los datos y en el tratamiento que de los mismos realizan las administraciones y las entidades implicadas, de interoperabilidad y de fiabilidad. En el acceso y la utilización del Sistema se debe garantizar la confidencialidad de los datos y la seguridad de las comunicaciones en el intercambio de información entre los agentes del Sistema. Deben aplicarse las medidas técnicas y organizativas apropiadas al carácter sensible de la información, a fin de garantizar y verificar periódicamente la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, la disponibilidad y la autenticidad de la información, así como el ejercicio de derechos por parte de las personas interesadas. La trazabilidad debe permitir el control de los accesos al Sistema de Información Social por los perfiles de usuarios autorizados, la identidad y categoría profesional del usuario, la fecha y hora en que tuvo lugar el acceso, la acción realizada, los datos afectados y el motivo del acceso. 4. El Sistema de Información Social integra los datos relativos a la atención social del sector público y de las entidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública, con los objetivos de evitar duplicidades y mejorar la atención a los destinatarios de los servicios sociales. El Sistema debe incorporar todos los datos necesarios para la intervención social, el reconocimiento y la gestión de las prestaciones y los servicios de la Cartera de servicios sociales y para el ejercicio de las otras funciones atribuidas a las administraciones competentes en materia de servicios sociales, y debe incluir indicadores de impacto que permitan medir la efectividad, detectar mejoras y orientar la planificación y la toma de decisiones sobre los servicios. 5. Se habilita al departamento competente en materia de servicios sociales, los equipos de atención social de las administraciones locales y las entidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública para acceder y tratar con fines de intervención social, gestión, tratamiento y explotación de datos, los datos de los usuarios de los servicios sociales de sus territorios de intervención. El tratamiento de datos debe limitarse a los necesarios en función de la finalidad prevista. Los datos del Sistema de Información Social se integran, de acuerdo con las previsiones y los criterios establecidos, en el modelo de gobierno de los datos de la Administración de la Generalidad y su sector público. 6. Para poder explotar los datos del Sistema de Información Social con finalidad de investigación científica, análisis estadístico y planificación y evaluación de políticas públicas, los datos deben ser recogidos, compilados, analizados y presentados de forma anonimizada y se deben poder desagregar por sexos. Los datos deben ser útiles, válidos, fiables, comprobables, comparables y actualizados. 7. También pueden emplearse con las finalidades a las que se refiere el apartado 6 datos del Sistema de Información Social siempre que sean sometidos previamente a un proceso de pseudonimización con las siguientes garantías: a) La separación funcional entre quien realiza la investigación o estudio y quien realiza la pseudonimización. b) La imposibilidad de reidentificación por el equipo investigador o por terceras personas. c) La realización de una evaluación de impacto relativa a la protección de datos. d) La emisión de un informe por parte del Comité de Ética los Servicios Sociales de Cataluña. 8. Todas las comunicaciones y actuaciones con las personas usuarias del sistema de servicios sociales deben realizarse preferentemente por medios electrónicos. Con el fin de incentivar el uso de los medios electrónicos en las relaciones de la Administración con las personas usuarias del sistema de servicios sociales, los agentes del Sistema deben disponer de los trámites electrónicos adecuados para recibir las solicitudes, las comunicaciones o la documentación de la ciudadanía y, como mínimo, de un buzón de correo electrónico de atención ciudadana. Las oficinas de atención presencial asisten en la presentación de escritos, en la identificación y firma electrónica y en la tramitación dada a los usuarios de los servicios sociales que lo soliciten. La Administración competente debe poner a disposición de la ciudadanía un sistema de carpeta digital que permita a las personas interesadas acceder, en cualquier momento, a sus expedientes y tramitaciones y recibir y almacenar las comunicaciones electrónicas de los agentes del sistema que se quieran comunicar con ellas. El desarrollo y el funcionamiento de la carpeta debe ser regulado por una orden del departamento competente en materia de servicios sociales, de acuerdo con la estrategia y los criterios por el desarrollo del servicio del área privada de la Administración de la Generalidad, establecidos por el departamento competente en materia de atención ciudadana. 9. La Administración de la Generalidad debe poner a disposición de los entes locales y otras entidades agentes del Sistema de Información Social las plataformas tecnológicas y los servicios digitales necesarios para garantizar el desarrollo y el funcionamiento de los servicios digitales a los que se refiere el presente artículo. 10. Se crea el Consejo de Gobernanza del Sistema de Información Social como órgano consultivo que vela por las condiciones de interoperabilidad del Sistema de Información Social y la mejora continua del mismo. Deben formar parte del Consejo representantes de los departamentos y organismos de la Generalidad afectados, de los entes locales, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos y de los otros organismos o entidades que se establezca mediante el decreto que regule el Consejo. 11. La Administración de la Generalidad debe emplear las soluciones corporativas para garantizar la disponibilidad, el intercambio y la interoperabilidad de los datos y la información, sin perjuicio de los casos en los que, por la especificidad sectorial o por la complejidad de los datos que se gestionan, se disponga de sistemas de información o plataformas de gestión específicos que garanticen la interoperabilidad con las soluciones tecnológicas corporativas.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 44 bis. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. Los agentes de la inspección del transporte y los cuerpos de seguridad encargados de su vigilancia deben ordenar la inmovilización inmediata del vehículo en caso de que se detecten conductas que constituyan infracciones muy graves, de acuerdo con lo establecido por el artículo 39, así como la infracción grave tipificada por el artículo 40.c). A Los efectos de lo establecido por este apartado, los miembros de la inspección de transporte o los agentes encargados de la vigilancia del transporte deben retener la documentación del vehículo, incluida, en su caso, la correspondiente licencia o autorización para la prestación del servicio, hasta que se enmienden las causas que han dado lugar a la inmovilización. Es responsabilidad del denunciado, en cualquier caso, la custodia del vehículo, de sus pertenencias y los gastos que dicha inmovilización pueda ocasionar, así como buscar los medios alternativos necesarios para hacer llegar los viajeros a su destino. En caso de que no lo haga, dichos medios pueden ser establecidos por la Administración; los gastos que genere la adopción de estas medidas corren, en cualquier caso, por cuenta del denunciado, y no se puede levantar la inmovilización hasta que este los abone.»
Esta modificación afecta solo al apartado 3 del artículo 44 bis. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«3. La inmovilización de los vehículos debe hacerse del siguiente modo: a) Los agentes de la inspección del transporte y los cuerpos de seguridad encargados de su vigilancia deben formular la denuncia correspondiente y fijar provisionalmente la cuantía de la sanción. b) El importe de la sanción debe ser abonado en el momento de la denuncia en concepto de depósito y debe entregarse al denunciado el recibo de depósito de la cantidad correspondiente. En caso de que se efectúe el depósito, este debe constituirse en metálico, en euros, o mediante tarjeta de crédito o una transferencia efectuada de acuerdo con las condiciones y garantías que establezca la autoridad competente. La cantidad debe ser entregada como resultado del acuerdo que en definitiva adopte la autoridad competente, a la que debe remitirse dicha cantidad con la denuncia. c) Si se deja sin efecto la denuncia o se reduce el importe de la multa, debe ponerse a la disposición del interesado o de su representante la cantidad que proceda en cada caso. d) En ningún caso se puede devolver la documentación del vehículo o dejar sin efecto la medida cautelar de inmovilización del vehículo si no se ha hecho efectivo el importe provisional, en concepto de depósito, de la sanción.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 45. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. Los consejeros son los órganos de contratación ordinarios de la Administración de la Generalidad y están facultados para adjudicar y formalizar en su nombre, y dentro del ámbito de las competencias de cada departamento, los contratos correspondientes. Sin embargo, la adjudicación de los contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios con valor estimado inferior a los umbrales de los contratos armonizados corresponde a los secretarios generales o al órgano con competencias transversales en quien se delegue.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 46. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. Las infracciones leves se sancionan con una multa de 500 euros a 10.000 euros; las graves, con una multa de 10.001 euros a 50.000 euros, y las muy graves, con una multa de 50.001 euros a 200.000 euros. 2. Se modifica el apartado 1 del artículo 48 del texto refundido de la Ley de protección de los animales, que queda redactado del siguiente modo: 1. La imposición de cualquier sanción establecida por esta Ley no excluye la valoración del ejemplar en el caso de que se trate de fauna protegida, la responsabilidad civil y la eventual indemnización de daños y perjuicios que puedan corresponder a la persona sancionada, incluida la reparación de los daños medioambientales causados. Las especies de fauna protegida, indicadas en el anexo, tienen el siguiente valor económico: A: 10.000 euros. B: 5.000 euros. C: 1.000 euros. D: 500 euros. El valor económico por la muerte o la irrecuperabilidad de cualquier ejemplar de especie de vertebrado salvaje no cinegético, a excepción de los roedores no protegidos y los peces, salvo los supuestos autorizados, es, como mínimo, el que se determina para la categoría D. A las especies salvajes de presencia accidental u ocasional en Cataluña que no tengan un origen provocado por la acción humana se les aplica el valor económico de la categoría C.»
Esta modificación afecta solo al apartado 3 del artículo 46. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«3. Son funciones de la Comisión: a) Emitir informes sobre las normas técnicas y las disposiciones legales relacionadas con la protección civil que se dicten en Cataluña. b) Participar en la coordinación de las actuaciones de los órganos relacionados con la protección civil. c) Homologar los planes de autoprotección y los planes de protección civil de ámbito municipal y supramunicipal que le correspondan. d) Emitir informes sobre el Plan de protección civil de Cataluña y los planes especiales que deban ser aprobados por el Gobierno de la Generalidad. e) Ser informada del funcionamiento material de los planes y las actuaciones de respuesta, evaluar sus resultados y formular las propuestas adecuadas. f) Verificar el funcionamiento de los planes de protección civil tras producirse incidencias de relevancia, basándose en el informe emitido por el órgano competente del departamento responsable en materia de protección civil. g) Las demás que le atribuya la normativa vigente.»
Esta modificación afecta solo al apartado 3 del artículo 46. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«3. En los casos de especial gravedad, de trascendencia sanitaria o de reiteración continuada de infracciones muy graves, el Gobierno puede acordar, como sanción complementaria, la suspensión de la actividad de la empresa, el servicio o el establecimiento infractor hasta un plazo máximo de cinco años, el cierre de la empresa o la clausura del servicio o establecimiento.»
«Artículo 48. Normativa de aplicación. 1. El personal de la Sindicatura de Cuentas se rige por las disposiciones contenidas en los Estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlamento de Cataluña, y con las especificidades contenidas en la presente ley y las modificaciones que se establezcan por acuerdo del Pleno de la Sindicatura. 1 bis. El Pleno de la Sindicatura, en virtud de su autonomía organizativa y presupuestaria, puede adaptar el contenido de las previsiones que los Estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlamento de Cataluña realicen en materia de personal a las necesidades específicas de la institución. Igualmente, teniendo en cuenta estas necesidades, puede decidir no aplicar al personal de la Sindicatura preceptos de los Estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlamento de Cataluña que contengan previsiones en materia de personal que no estén recogidas también en la normativa básica ni en la normativa de aplicación al personal de la Administración de la Generalidad. 2. En cuanto al personal de la Sindicatura de Cuentas, las competencias que, en relación con los funcionarios del Parlamento, los Estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlamento de Cataluña confieren a la Mesa, al presidente o presidenta y al secretario o secretaria general del Parlamento, corresponde ejercerlas al órgano de la Sindicatura que tenga estas competencias de acuerdo con la presente ley.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 5. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. Los órganos de la Agencia Catalana de Turismo son: a) El Consejo de Dirección. b) El Consejo General de Participación. c) La Presidencia. d) La Vicepresidencia Primera. e) La Vicepresidencia Segunda. f) La Vicepresidencia Ejecutiva. g) La Dirección.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 5. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. El Fondo de Gestión de Residuos se destina a financiar las infraestructuras de gestión de residuos municipales y las operaciones de gestión de los residuos, en el marco de los programas específicos de gestión de residuos y de acuerdo con el Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 5. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. Se crea la Comisión Técnica para la Protección de los Olivos y Olivares Monumentales, que depende del departamento competente en materia de planificación territorial y paisaje, cuya composición y funcionamiento debe regularse por reglamento.»
Esta modificación afecta solo al apartado 6 del artículo 5. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«6. La recaudación del impuesto sobre el depósito de residuos en depósitos controlados, la incineración y la coincineración y las asignaciones que correspondan a la Generalidad procedentes de la imposición por las administraciones públicas de gravámenes sobre residuos deben destinarse en exclusiva a medidas e inversiones relacionadas con mejoras en la prevención y la gestión de residuos y, entre otras, a: a) Impulsar la economía circular. b) Realizar inversiones para mejorar, ampliar, hacer el mantenimiento y construir infraestructuras de prevención y gestión de residuos, así como para los medios para la recogida separada, incluyendo investigación, desarrollo e innovación, de acuerdo con los instrumentos de planificación. c) Realizar gastos de planificación, seguimiento y control de la producción y gestión de residuos, especialmente los de competencia municipal. d) Realizar gastos de la gestión del mismo impuesto.»
Esta modificación afecta solo al apartado 9 del artículo 5. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«9. A efectos de lo establecido por la presente ley, se entiende que son grandes tenedores de viviendas: a) Las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los fondos de inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mercantil. b) Las personas jurídicas que, por sí solas o mediante un grupo de empresas, tengan la propiedad, el derecho de uso, disfrute o explotación de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial situados en territorio del Estado, o de cinco o más situados en Cataluña, con las excepciones siguientes: 1.º Los promotores sociales a los que se refieren las letras a) y b) del artículo 51.2 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda. 2.º Las personas que tengan más de un 15% de la superficie habitable de propiedad calificado como viviendas de protección oficial destinadas a alquiler. 3.º Las entidades privadas sin ánimo de lucro que proveen de vivienda a personas y familias en situación de vulnerabilidad residencial. c) Los fondos de capital riesgo y de titulización de activos. d) Las personas físicas que tengan la propiedad, el derecho de uso, disfrute o explotación de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial situados en territorio del Estado o de cinco o más situados en Cataluña.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 51. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. En los terrenos forestales que no cuentan con instrumentos de ordenación forestal aprobados, ni están acogidos a planes de ordenación de recursos forestales, es necesaria la autorización previa de la Administración forestal para llevar a cabo el aprovechamiento de maderas y leñas.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 51. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. Corresponden al departamento competente en materia de deporte la elaboración y la aprobación del Plan director de instalaciones y equipamientos deportivos de Cataluña.»
«Artículo 52. 1. Los bomberos y bomberas voluntarios tienen derecho a disfrutar de un seguro que cubra los accidentes que se puedan producir en acto de servicio; a disfrutar de la defensa jurídica necesaria en las causas instruidas como consecuencia de actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de sus funciones, y recibir compensaciones que indemnicen su dedicación en la forma y cuantía que se determine reglamentariamente. 1 bis. Se crea el plan de ahorro de los bomberos y bomberas voluntarios de la Generalidad, en el que la Administración debe efectuar aportaciones. La naturaleza de estas aportaciones es estrictamente indemnizatoria en el marco del reconocimiento de la actividad de este voluntariado. Los requisitos de acceso, las condiciones de consolidación y la cuantía y los límites para percibirlo deben determinarse mediante la resolución de la persona titular del departamento competente en materia de prevención, extinción de incendios y salvamentos. 2. Los bomberos y bomberas voluntarios que, por su actuación en servicio, sufran secuelas de carácter permanente reconocidas de conformidad con lo que determine el departamento competente en materia de prevención, extinción de incendios y salvamentos también tienen derecho a recibir una aportación dineraria a cargo de la Generalidad. 2 bis. La aportación a la que se refiere el apartado 2 tiene carácter exclusivamente indemnizatorio y su cuantía es equivalente a la que en circunstancias idénticas perciba el personal funcionario integrado en el Cuerpo de Bomberos de la Generalidad al que se haya reconocido una situación de incapacidad permanente total o absoluta o de gran invalidez. 3. Los bomberos y bomberas voluntarios deben ser distinguidos o recompensados cuando se aprecie alguna de las circunstancias o alguno de los supuestos que sean determinados por reglamento.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 54. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. No pueden imponerse sanciones por faltas graves o muy graves si no es en virtud de un expediente instruido al efecto; la tramitación del expediente debe regirse por los principios de sumariedad y de celeridad, pero en ningún caso puede existir indefensión. La sanción por faltas leves puede imponerse sin ningún otro trámite que el de audiencia a la persona interesada. La duración máxima del expediente no puede ser superior a seis meses, salvo que la Administración justifique una prórroga expresa o exista una conducta dilatoria de la persona inculpada.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 58. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. Las faltas muy graves prescriben al cabo de seis años, las graves al cabo de dos años y las leves al cabo de tres meses, a contar desde la fecha de la comisión de la falta.»
«Artículo 59. Menciones obligatorias. En toda publicidad, debe hacerse constar necesariamente: a) La localización de la vivienda. b) El estado de la vivienda ofrecida, y si ya está terminada, en fase de construcción o solo proyectada, en caso de obra nueva. c) El número y la fecha de caducidad de la licencia de obras, en el caso de la primera transmisión de viviendas en edificios terminados o en obras. d) La superficie útil y la superficie construida, en el caso de viviendas de nueva construcción. Si existen anexos, su superficie debe hacerse constar de forma diferenciada. e) El número de referencia del registro de homologación, el distintivo colegial y el número de colegiación del agente, en su caso. f) El responsable de la comercialización de la promoción, con la dirección y el teléfono de contacto, en caso de obra nueva. g) En el caso de que la vivienda esté situada en una zona de mercado residencial tensionado, el precio máximo de alquiler que resulta de aplicar el sistema de referencia de los precios de alquiler o, en su caso, la última renta del contrato de alquiler que haya estado vigente en los últimos cinco años. h) La condición de gran tenedor de la propiedad de la vivienda, siempre que la vivienda esté situada en una zona de mercado residencial tensionado, dentro del periodo de vigencia de la declaración de la zona mencionada. i) La referencia del certificado de eficiencia energética.»
«Artículo 6. El asesoramiento en derecho y la representación y la defensa jurídicas de las entidades del sector público institucional son ejercidos en los términos establecidos por reglamento por la abogacía de la Generalidad, salvo que estas entidades estén dotadas de servicios jurídicos propios, por disposición legal exprés o por decreto del Gobierno, o bien, en el caso de los consorcios, por acuerdo del Gobierno, sin perjuicio de la posibilidad que establece el artículo 7.2.»
«Artículo 6. Medidas para evitar la pobreza energética. 1. Las administraciones públicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con el artículo 5.10, mientras dure dicha situación. 2. Debe establecerse, en atención al principio de precaución, un protocolo obligado de comunicación a los servicios sociales y de intervención de dichos servicios previamente a la concesión de las ayudas necesarias para evitar los cortes de suministro, en los casos de impago por falta de recursos económicos de las familias afectadas. 3. Las administraciones públicas deben establecer los acuerdos o convenios necesarios con las compañías de suministro de agua potable, de gas y de electricidad para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad o les apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos mínimos. 3 bis. En el caso específico del agua y del alcantarillado, estos consumos mínimos, establecidos entre sesenta y cien litros por persona y día, quedan cubiertos por una tarifación social que bonificará el recibo al 100%, así como otras prestaciones relacionadas, como por ejemplo el alta del servicio, los contadores o el alcantarillado. 4. Para que se aplique el principio de precaución al que se refiere el apartado 2, cuando la entidad suministradora de agua tenga que realizar un corte de suministro debe disponer previamente de un informe de los servicios sociales municipales que determine si la persona o la unidad familiar se encuentra en situaciones de vulnerabilidad determinadas por el artículo 5.10. En el caso de que se cumplan dichos requisitos, debe garantizarse el suministro de agua de acuerdo con lo establecido por el apartado 1 y deben aplicarse las ayudas establecidas por el apartado 3 para evitar el endeudamiento de la persona o la unidad familiar. 5. La empresa suministradora debe informar, en cualquier aviso o comunicación que haga referencia a la falta de pago del servicio, de los derechos relativos a la pobreza energética establecidos por la presente ley, de acuerdo con lo establecido por el artículo 17.6 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña.»
Esta modificación afecta solo al apartado 10 del artículo 6. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«10. La distribución de los fondos procedentes del impuesto sobre la deposición de residuos en depósitos controlados, la incineración y la coincineración relativos a los residuos municipales debe ajustarse a los siguientes criterios: a) Deben tenerse en cuenta los flujos de residuos municipales que no se destinen a deposición controlada ni a valorización energética, que deben ponderarse de acuerdo con los criterios que establezca la Junta de Gobierno para los residuos municipales. b) El cincuenta por ciento de los fondos, como mínimo, debe destinarse a la financiación de las infraestructuras que establece el Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales, incluidas las infraestructuras de prevención y preparación para la reutilización. En este sentido: 1.º El resto de los recursos debe destinarse a la prevención de residuos municipales, a la recogida selectiva y a la gestión de la materia orgánica, ya sea en origen o en plantas de tratamiento biológico, a la recogida selectiva y el reciclaje de otras fracciones de residuos, a otras formas de valorización material, a la compensación de los costes de transporte de los residuos municipales en comarcas rurales, especialmente las que no disponen ni de plantas de tratamiento ni de plantas de recogida selectiva, y a la promoción de campañas de sensibilización, divulgación y educación ambiental. 2.º Debe garantizarse que, en todo caso, el 2% de los fondos se destinen a acciones de infraestructura verde y de mejora ambiental territorial. La distribución de los recursos destinados a acciones de infraestructura verde y de mejora ambiental territorial debe realizarse de forma concertada con las administraciones locales de ámbito municipal o metropolitano cuyo territorio resulte directa o indirectamente afectado por la implantación o el funcionamiento de las infraestructuras de gestión de residuos.»
Esta modificación afecta solo al apartado 11 del artículo 6. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«11. La distribución de los fondos procedentes del impuesto sobre la deposición de residuos en depósitos controlados, la incineración y la coincineración relativos a los residuos inertes debe destinarse a actuaciones de prevención y operaciones de valorización y optimización de la gestión de los residuos de la construcción, así como a la promoción y a la investigación de aplicaciones de los materiales recuperados, de acuerdo con las directrices aprobadas por la Junta de Gobierno de los Residuos de la Construcción. Debe garantizarse que, en todo caso, el 2% de los fondos se destinen a acciones de infraestructura verde y de mejora ambiental territorial y que las acciones para favorecer la prevención y la valorización tengan, por este orden, carácter prioritario. La distribución de los recursos destinados a acciones de infraestructura verde y de mejora ambiental territorial debe realizarse de forma concertada con las administraciones locales de ámbito municipal o metropolitano cuyo territorio resulte directa o indirectamente afectado por la implantación o el funcionamiento de las infraestructuras de gestión de residuos.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 6. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. El Consejo de Administración está integrado por: a) El presidente o presidenta, que es el consejero o consejera competente en materia de energía. b) El vicepresidente o vicepresidenta, que asiste al presidente o presidenta, coordina y controla el ejercicio de las funciones delegadas por el Consejo de Administración y preside las reuniones del Consejo en caso de ausencia o de imposibilidad de asistir del presidente o presidenta. c) Cinco vocalías en representación de la Administración de la Generalidad, pertenecientes a los departamentos competentes en las materias de energía, industria y otras relacionadas con la materia energética. d) Una persona con la condición de miembro independiente de conformidad con la regulación vigente de los órganos colegiados de gobierno de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad, designada por el Gobierno. e) El director o directora del Instituto, con voz y sin voto. La composición del Consejo de Administración debe garantizar la presencia paritaria de mujeres y hombres con la capacitación, competencia y preparación adecuadas y debe incluir, como mínimo, una persona conocedora de la perspectiva de género interseccional.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 6. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. El Consejo de Dirección está integrado por los siguientes miembros, que deben ser como mínimo diez y como máximo veinte: a) El presidente o presidenta. b) El vicepresidente primero o vicepresidenta primera. c) El vicepresidente segundo o vicepresidenta segunda. d) El vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva. e) El director o directora de la Agencia Catalana de Turismo. f) Representantes del departamento competente en materia de turismo, nombrados por el consejero o consejera de este departamento. g) Representantes de las entidades de promoción turística más representativas de carácter territorial y sectorial, y en especial de las entidades titulares de las marcas turísticas más significativas. h) Representantes del Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña, representativos de las empresas turísticas de alojamiento, de restauración y de mediación y del resto de las principales ramas del sector turístico. i) Una persona independiente, de conformidad con la regulación vigente de los órganos colegiados de gobierno de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad de Cataluña, en calidad de vocal. j) Un secretario o secretaria, con voz pero sin voto, nombrado por el presidente o presidenta del Consejo de Dirección. La composición del Consejo de Dirección debe garantizar la presencia paritaria de mujeres y hombres con la capacitación, competencia y preparación adecuadas y debe incluir, como mínimo, una persona conocedora de la integración de la perspectiva de género interseccional. En este sentido, puede proponerse a los miembros del Consejo la posibilidad de delegar su participación en el Consejo a favor de una persona del sexo infrarrepresentado para lograr la paridad y cumplir lo establecido por la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 6. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. El departamento competente en materia de planificación territorial y paisaje debe regular por reglamento el Censo oficial de olivos y olivares monumentales y el catálogo de olivos y olivares monumentales que resulte.»
Esta modificación afecta solo al apartado 3 del artículo 6. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«3. Quedan incorporados al patrimonio propio del Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat los bienes inmuebles, las obras e instalaciones, los derechos reales constituidos a favor de estos, las autorizaciones, los permisos y las licencias otorgados a beneficio suyo y cualesquiera otros activos, derechos y obligaciones que deriven de la prestación del servicio público de producción y suministro de agua potable de la red de abastecimiento Ter-Llobregat hasta ahora de titularidad de la Generalidad. Estos bienes son propiedad del Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat y se relacionan en el anexo».
Esta modificación afecta solo al apartado 4 del artículo 6. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«4. El departamento competente en materia de planificación territorial y paisaje, de acuerdo con lo establecido por el apartado 1, debe declarar el inicio del Catálogo de olivos y olivares monumentales. Las asociaciones, las organizaciones y los entes locales pueden indicar la existencia de olivos monumentales y de olivos que deben someterse a protección y mejora.»
Esta modificación afecta solo al apartado 5 del artículo 6. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«5. El departamento competente en materia de planificación territorial y paisaje, tras el registro sistemático y la notificación de los olivos monumentales y haber escuchado la opinión de la Comisión Técnica para la Protección de los Olivos y Olivares Monumentales, debe elaborar y actualizar el Catálogo de olivos y olivares monumentales y debe determinar los recursos financieros destinados a su protección y mejora.»
Esta modificación afecta solo al apartado 6 del artículo 6. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«6. Los órganos de gestión del Instituto Catalán de la Salud son: a) Los servicios corporativos, que son a la vez estructura de apoyo del director o directora gerente y de los centros, servicios y establecimientos del Instituto. b) Las unidades de gestión de los centros, los servicios y los establecimientos del Instituto que establezca el Consejo de Administración, en amparo de las competencias que le atribuye el artículo 8.2.b).»
Esta modificación afecta solo al apartado 7 del artículo 6. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«7. El departamento competente en materia de planificación territorial y paisaje, tras escuchar la opinión de la Comisión Técnica para la Protección de los Olivos y Olivares Monumentales, debe decidir sobre las objeciones recibidas y debe aprobar el Catálogo de los olivos y olivares monumentales definitivo. Este catálogo está sujeto a una nueva publicación que debe publicarse en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”.»
«Artículo 61. Infracciones leves. Son infracciones leves: a) El incumplimiento de las condiciones establecidas en los planes directores urbanísticos aeroportuarios, en las autorizaciones y en las habilitaciones preceptivas, si no tienen el carácter de graves o muy graves. b) El incumplimiento por los usuarios de las normas generales de policía aplicables a las infraestructuras aeroportuarias y, específicamente, de los deberes que determina la presente ley. c) El incumplimiento de las normas de operación establecidas por la persona física o jurídica responsable de la gestión de la infraestructura aeroportuaria que estén reflejadas en publicaciones oficiales, el manual del aeródromo o del campo de aviación, o en procedimientos establecidos como obligatorios. d) La realización de cualquier actividad, actuación o comportamiento no autorizado dentro del ámbito de una infraestructura aeroportuaria que afecte a la seguridad operacional, si no tiene el carácter de muy grave.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 631. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. La base sobre la que se aplica esta reducción comprende tanto el valor del terreno como, en su caso, el de las construcciones situadas en la finca forestal y que sean para utilidad exclusiva de la misma. Cuando la superficie forestal ordenada supera el cincuenta por ciento de la finca se aplica, en su caso, al valor de las construcciones con usos residenciales, con exclusión de los usos turísticos.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 632. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. La base sobre la que se aplica esta bonificación comprende tanto el valor del terreno como, en su caso, el de las construcciones situadas en la finca forestal y que sean para utilidad exclusiva de la misma. Cuando la superficie forestal ordenada supera el cincuenta por ciento de la finca se aplica, en su caso, al valor de las construcciones con usos residenciales, con exclusión de los usos turísticos.»
«Artículo 64. »1. La Intervención de la Generalidad, con plena autonomía respecto de los órganos y las entidades sujetos a fiscalización, tiene las siguientes facultades: a) Ser el centro de control interno de acuerdo con las modalidades de control establecidas por el artículo 68. b) Ser el centro directivo de la contabilidad pública atribuida a la Generalidad de Cataluña. c) Ser el centro directivo en la gestión de subvenciones y ayudas en el ámbito de la Administración de la Generalidad y su sector público, y hacer su seguimiento y control. 2. La Intervención General se dota de un conjunto de personas, datos, procesos, sistemas y herramientas tecnológicas que interactúan para desarrollar sus funciones respecto de los órganos y las entidades.»
«Las funciones de inspección deportiva, que corresponden a la Secretaría General del Deporte, son las siguientes: a) Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia deportiva, especialmente las que hacen referencia a las instalaciones y las titulaciones deportivas. b) Comprobar los hechos que sean objeto de reclamaciones o denuncias de los usuarios, y las comunicaciones de presuntas infracciones o irregularidades. c) Controlar el cumplimiento por las entidades deportivas de las obligaciones establecidas por ley o por reglamento. d) Controlar la gestión de las subvenciones.»
Esta modificación afecta solo al apartado 6 del artículo 641. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«6. Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 5, en el resto de casos en los que se efectúe la transmisión de un edificio entero de viviendas a favor de una persona física o jurídica el tipo aplicable es el 20%. En el caso de que la transmisión total del edificio se realice de manera progresiva en el tiempo, se aplican las siguientes reglas: 1.º Las autoliquidaciones que ha presentado el contribuyente en cada una de las transmisiones parciales, aplicando la tarifa del apartado 1 de este artículo, se entienden provisionales. 2.º En el plazo de un mes a contar desde la transmisión de la última vivienda, el contribuyente debe regularizar la situación presentando una autoliquidación complementaria por cada autoliquidación provisional presentada, con aplicación del tipo del 20%. Se excluyen de la aplicación de este tipo de gravamen las siguientes transmisiones: a) Las que establece el apartado 5.b). b) La transmisión en que concurran conjuntamente las siguientes circunstancias: – Que el adquirente sea una persona física. – Que el edificio tenga un máximo de cuatro viviendas. – Que todas estas viviendas deban constituir la vivienda habitual de la persona adquirente y de familiares de esta hasta el segundo grado de parentesco. A tal efecto, para considerar que las viviendas constituyen la vivienda habitual del contribuyente y familiares, respectivamente, es necesario que entren a residir en ellas de forma efectiva y permanente en el plazo de doce meses a contar desde la fecha de la transmisión y que residan en ellas durante un periodo continuado de tres años. Se entiende que la vivienda tuvo también este carácter cuando, a pesar de no haber transcurrido el plazo de tres años, concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda, como la celebración de matrimonio, la separación matrimonial, la constitución de pareja estable, la extinción de pareja estable, el traslado laboral, la obtención del primer trabajo o de una ocupación más ventajosa u otras análogas.»
«Artículo 66. 1. Si la objeción del artículo 65 afecta la disposición de gastos, el reconocimiento de obligaciones o la propuesta de pagos, la Intervención debe emitir un acto de fiscalización desfavorable y se suspende la tramitación del expediente mientras no se resuelva, en los siguientes casos: a) Si existe insuficiencia o inadecuación del crédito. b) Cuando el gasto se proponga a un órgano que no tenga competencia para aprobarlo. c) Si faltan requisitos esenciales en el expediente, se aprecian graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredita lo suficiente el derecho del perceptor. d) Si la objeción deriva de comprobaciones materiales de servicios, suministros, obras y otras inversiones, concesiones y adquisiciones patrimoniales de bienes o derechos, o de cualquier actuación que comporte una variación del patrimonio de la Generalidad. 2. No corresponde a la Intervención pronunciarse sobre la justificación de la oportunidad de la propuesta hecha por el órgano competente por razón de la materia.»
«Artículo 7. Competencia para imponer sanciones. 1. Corresponde a la persona titular del Departamento de Economía y Finanzas de imponer las sanciones por faltas muy graves, salvo que la multa supere la cantidad de 180.303,63 euros, caso en el cual la imposición de la sanción corresponde al Gobierno. 2. Corresponde a la persona titular de la Dirección General de Tributos y Juego de imponer las sanciones por faltas graves, si superan la cantidad de 6.010,12 euros o pasan de los seis meses de suspensión de la autorización o de cierre o inhabilitación del local. 3. Corresponde a la persona titular de la Dirección General de Tributos y Juego de imponer las sanciones por faltas graves, si no superan la cantidad de 6.010,12 euros o no pasan de los seis meses de suspensión de la autorización o de cierre o inhabilitación del local, y las sanciones por faltas leves.»
«7 bis.2-1. Hecho imponible. 1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y la realización de actuaciones administrativas de inspección a las empresas prestadoras de servicios básicos, de acuerdo con la definición dada por el artículo 251-2 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, en relación con las reclamaciones recibidas durante el año natural en la Agencia Catalana del Consumo. Se excluyen las reclamaciones que no hayan sido presentadas previamente por la persona consumidora en la empresa prestadora de servicios básicos. 2. La actividad inspectora consiste en la verificación, control y supervisión de la actividad llevada a cabo por la empresa prestadora de servicios básicos en la gestión de las reclamaciones formuladas por las personas consumidoras en relación con la observancia de las obligaciones de atención que establece la normativa vigente en materia de consumo. A partir de las primeras cincuenta reclamaciones recibidas durante el año natural en la Agencia Catalana del Consumo, presentadas contra una misma empresa prestadora de servicios básicos, habrá que realizar las inspecciones que sean necesarias para la comprobación de la gestión de todas las reclamaciones recibidas dentro del año natural.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 7. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. La representación y la defensa del Gobierno, de la Administración y de las entidades del sector público institucional pueden ser encargadas, justificadamente, a un abogado o abogada colegiado cuando el presidente o presidenta de la Generalidad, la persona titular del departamento competente o el presidente o presidenta de la entidad lo decidan, por la naturaleza de la cuestión debatida o de la entidad afectada o por las circunstancias especiales que concurran, con un informe de la dirección del Gabinete Jurídico de la Generalidad, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 61 de la Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 7. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. El Consejo General de Participación está integrado por los siguientes miembros: a) El presidente o presidenta. b) El vicepresidente primero o vicepresidenta primera. c) El vicepresidente segundo o vicepresidenta segunda. d) El vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva. e) El director o directora de la Agencia Catalana de Turismo. f) Representantes del departamento competente en materia de turismo, nombrados por el consejero o consejera de este departamento. g) Representantes de otros departamentos u organismos cuya competencia tenga relación con el turismo, de forma directa o indirecta. h) Representantes de las entidades de promoción turística de carácter territorial y sectorial, y en especial de las entidades titulares de las marcas turísticas. i) Representantes del Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña, de modo que se garantice una presencia territorial equitativa de las mismos. j) Representantes de los colectivos profesionales, las empresas y las entidades más representativos del sector turístico. k) Representantes de los sindicatos de trabajadores más representativos del sector turístico. l) Dos representantes de las entidades municipalistas de Cataluña. m) Un secretario o secretaria, con voz pero sin voto, nombrado por el presidente o presidenta del Consejo General de Participación. La composición del Consejo General de Participación debe garantizar la presencia paritaria de mujeres y hombres con la capacitación, competencia y preparación adecuadas y debe incluir, como mínimo, una persona conocedora de la integración de la perspectiva de género interseccional. En este sentido, puede proponerse a los miembros del Consejo la posibilidad de delegar su participación en el Consejo a favor de una persona del sexo infrarrepresentado para lograr la paridad y cumplir lo establecido por la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.»
Esta modificación afecta solo al apartado 5 del artículo 7. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«5. Salvo que se produzcan retrasos por causas no imputables a la entidad gestora del DOGC, la publicación de documentos en el DOGC debe hacerse en el plazo de diez días hábiles desde la recepción de la orden de inserción o, en su caso, desde el pago de la tasa correspondiente. Si se aplica la tasa de urgencia, el plazo de publicación es de tres días.»
Esta modificación afecta solo al apartado 5 del artículo 71. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«71.5 La reutilización directa de aguas residuales queda afectada por un coeficiente de 0,25 siempre y cuando las aguas no se viertan a un colector de salmueras. Este coeficiente se aplica, si procede, de manera ponderada al porcentaje de agua consumida.»
Esta modificación afecta solo al apartado 6 del artículo 71. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«6. La Intervención General, sin perjuicio de las competencias que corresponden al departamento competente en materia de administración pública establecidas por el artículo 173.2 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono, ejerce la supervisión continua de las entidades del sector público de la Generalidad, para evaluar: a) La subsistencia de las circunstancias que justificaron la creación de estas entidades. b) La sostenibilidad financiera de estas entidades. c) La concurrencia de la causa de disolución por el incumplimiento de las finalidades que justificaron la creación de la entidad o si la subsistencia de la entidad es el medio más idóneo para su consecución. La aplicación del sistema de supervisión continua se tiene que llevar a cabo por el procedimiento establecido por el control financiero.»
Esta modificación afecta solo al apartado 7 del artículo 71. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«7. En el marco de los controles a los que se refiere el apartado 1, las autoridades y los responsables de las entidades sujetas a control financiero deben garantizar que se preste la debida colaboración y el apoyo necesario al personal de la Intervención General y de las sociedades de auditoría, o a los auditores de cuentas contratados para llevar a cabo el control, y facilitarles los documentos, los antecedentes, los datos y toda la información que soliciten en los plazos que la planificación correspondiente establece. A estos efectos, el personal de la Intervención tiene la consideración de agente de la autoridad. En caso de que el interventor que dirige un control encuentre resistencia a la entrega de la información necesaria para llevarlo a cabo por parte de la entidad sujeta a control financiero o se produzca un retraso injustificado en la puesta a disposición de esta información, debe poner inmediatamente esta circunstancia en conocimiento del interventor general, que deberá trasladarla al titular del departamento de adscripción de la entidad para que tome las medidas necesarias y exija, en su caso, las responsabilidades necesarias. En estos supuestos, el interventor general debe aplicar lo que establece el apartado 5 del artículo 81 de esta Ley en relación con la suspensión de la entrega de subvenciones y transferencias.»
«Artículo 73. Órganos de gobierno y de dirección. 1. El órgano de gobierno de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural es el Consejo de Administración. 2. Los órganos de dirección y gestión de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural son la Dirección y la Gerencia.»
Esta modificación afecta solo al apartado 3 del artículo 76. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«3. El director o directora de los equipamientos culturales adscritos a la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural a los que se refieren las letras a), b), c), d) y e) del artículo 72.2 y el gerente o la gerente se vinculan al ente en virtud de un contrato laboral de alta dirección.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 78. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. La Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural tiene como objeto concentrar las iniciativas de apoyo y fomento de la Generalidad de Cataluña en materia de cultura y política lingüística. Se excluyen las siguientes iniciativas: a) Las que sean competencia del Instituto Catalán de las Empresas Culturales. b) Los premios que se otorguen sin la solicitud previa de la persona beneficiaria y los premios que no comporten una disposición dineraria o en especie.»
«Artículo 79. Funciones. Corresponden a la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural las siguientes funciones: a) Aprobar las bases reguladoras y las convocatorias de ayudas en materia cultural y de política lingüística, a propuesta de los departamentos o de las entidades competentes por razón de la materia. b) Tramitar y resolver los procedimientos de concesión de ayudas en materia cultural y de política lingüística.»
«Artículo 8. Umbral máximo de gastos destinados a vivienda habitual y a suministros básicos. El Gobierno debe garantizar que en los supuestos de vulnerabilidad a los que se refieren los artículos 5 y 6 los gastos en vivienda y en suministros básicos no comporten más de un 30% de los ingresos disponibles de la unidad familiar, siempre que los gastos de alquiler y de suministros sean inferiores a los topes máximos establecidos por reglamento en función de la zona geográfica de residencia de las personas o unidades familiares beneficiarias. En el caso del agua, dicho umbral es del 3%, y en el caso conjunto del agua y el alcantarillado, del 5%.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 8. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. El interventor o interventora general ejerce, respecto a los funcionarios del Cuerpo de Intervención de la Generalidad de Cataluña, las funciones a las que se refieren las letras g) y h) del artículo 6 del Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública.»
Esta modificación afecta solo al apartado 3 del artículo 8. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«3. El presidente o presidenta de la Agencia Catalana de Turismo puede delegar el ejercicio de sus funciones en el vicepresidente primero o vicepresidenta primera, en el vicepresidente segundo o vicepresidenta segunda, en el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, o en el director o directora de la Agencia Catalana de Turismo.»
Esta modificación afecta solo al apartado 6 del artículo 8. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«6. Tarifas para usos comerciales de las reproducciones. En caso de que el usuario o usuaria destine las reproducciones de documentos a un uso comercial, debe pagar al archivo correspondiente, además de las tarifas de reproducción, las establecidas por este apartado, si es titular de los derechos de explotación. Si el contrato de cesión de derechos de explotación al archivo correspondiente establece alguna remuneración para el autor o autora del documento, el usuario o usuaria debe satisfacer esta remuneración directamente al autor o autora. 6.1 Fotografía, documentación textual y documentación gráfica. Uso editorial y exposiciones: 31,90 euros. Páginas web: 31,90 euros. Producciones audiovisuales: 47,80 euros. Uso publicitario: 159,20 euros. 6.2 Imagen móvil, audiovisual. Uso editorial y exposiciones: 63,70 euros/minuto. Páginas web: 63,70 euros/minuto. Producciones audiovisuales: 79,65 euros/minuto. Uso publicitario: 159,20 euros/minuto. 6.3 Sonido. Uso editorial y exposiciones: 31,90 euros/minuto. Páginas web: 31,90 euros/minuto. Producciones audiovisuales: 47,80 euros/minuto. Uso publicitario: 79,65 euros/minuto. A las entidades sin ánimo de lucro se les aplica una bonificación del 25% en las tasas para usos comerciales. A los medios públicos de comunicación se les aplica una bonificación del 50% en las tasas para usos comerciales si la finalidad del uso de las reproducciones solicitadas es la difusión y divulgación de los fondos y las actividades relacionadas con el Archivo Nacional de Cataluña.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 81. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. Las entidades del sector público sujetas a fiscalización previa deben presentar a la Intervención las cuentas y estados contables provisionales antes del 31 de marzo del año posterior al del cierre y deben ser aprobados antes del 30 de junio por el órgano competente, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la entidad o, si no hay, por parte del director o directora general o cargo equivalente de la entidad. El resto de entidades del sector público de la Generalidad deben formular sus cuentas anuales de acuerdo con los principios contables que les son aplicables y se deben comunicar a la Intervención General y poner a disposición de los responsables de la auditoría antes del 31 de marzo del año posterior.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 88. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. El régimen aplicable a las subvenciones y las ayudas es el establecido por esta ley, las leyes especiales aprobadas por el Parlamento y las respectivas leyes de presupuestos de la Generalidad, y supletoriamente las normas de derecho administrativo y, si los no hay, las de derecho privado, salvo las subvenciones financiadas con fondos europeos y gestionadas por la Generalidad de Cataluña, en que prima la normativa de la Unión Europea. Las materias propias del ámbito de las subvenciones y las ayudas se desarrollan por orden de la persona titular del departamento competente en materia de finanzas.»
«Artículo 9. Las vicepresidencias. 1. La vicepresidencia primera recae en el secretario o secretaria general competente en materia de turismo, que puede sustituir al presidente o presidenta en el Consejo de Dirección y en el Consejo General de Participación. 2. La vicepresidencia segunda recae en el secretario o secretaria sectorial competente en materia de turismo, que puede sustituir al presidente o presidenta en el Consejo de Dirección y en el Consejo General de Participación, así como al vicepresidente primero o vicepresidenta primera. 3. La vicepresidencia ejecutiva recae en el director o directora general competente en materia de turismo, que debe adoptar las medidas adecuadas para impulsar, garantizar y velar por la efectividad de los acuerdos y las decisiones tomados en el ámbito de este órgano, así como por el cumplimiento de los objetivos de la Agencia. 4. El decreto de desarrollo de la presente ley debe establecer las funciones concretas necesarias para atender el mandato expresado por los apartados 1 y 2.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 9. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. La misión de la ventanilla única empresarial consiste en ofrecer servicios integrados, accesibles, digitales y proactivos a empresas y profesionales, en relación con el acceso y ejercicio de la actividad económica, así como respecto a la tramitación de los procedimientos de los planes urbanísticos, ambientales y de intervención en la edificación, con incidencia en su actividad económica en el marco del modelo catalán de administración digital.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 9. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. Un alto cargo no puede pertenecer a más de dos consejos de administración u órganos de gobierno, salvo que una norma lo establezca por razón del cargo. Si concurren razones justificativas, el Gobierno, mediante una resolución motivada, puede autorizar, de forma excepcional, que un alto cargo pertenezca a más de dos consejos de administración de organismos u órganos de gobierno de empresas o entidades. Los altos cargos al servicio de la Generalidad pueden pertenecer a más de dos consejos de administración u órganos de gobierno sin necesidad de autorización excepcional del Gobierno de la Generalidad siempre que no perciban ningún tipo de derecho de asistencia por la participación en las reuniones de estos consejos de administración u órganos de gobierno.»
Esta modificación afecta solo al apartado 2 del artículo 92. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«2. Para acceder a una vivienda con protección oficial o a cualquier otra vivienda que sea titularidad o esté gestionada por una administración pública o entidad del sector público, es necesario estar inscrito en el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial. Se exceptúan de este requisito las adjudicaciones destinadas a hacer frente a las situaciones de emergencia en el marco de las prestaciones que corresponden a los servicios de asistencia y bienestar sociales.»
Esta modificación afecta solo al apartado 3 del artículo 92. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«3. Las bases reguladoras deben someterse, antes de que sean aprobadas, al informe del servicio jurídico y al informe de fiscalización preceptivo y vinculante de la intervención delegada del ente concedente de la subvención o ayuda. Esta aprobación debe hacerse por orden del consejero o consejera correspondiente, o del órgano competente, en los supuestos especificados por las letras b) y c) del artículo 93, y deben publicarse en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”.»
Esta modificación afecta solo al apartado 7 del artículo 95. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«7. Las personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial tienen derecho a optar a la adjudicación de una vivienda con protección oficial o de una vivienda que sea titularidad o esté gestionada por una administración pública o entidad del sector público, según las condiciones específicas que se determinen para cada promoción y de acuerdo con los principios, los procedimientos y los criterios establecidos por la presente ley. La inscripción, por sí misma, no da lugar a ningún otro derecho ni conlleva la adjudicación automática de ninguna vivienda con protección oficial o de ninguna vivienda que sea titularidad o esté gestionada por una administración pública o entidad del sector público.»
Se modifican diversos artículos y disposiciones de la normativa sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en el marco de la Ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público.
Detalles del cambio
Título oficial
Ley 11/2026, de 9 de julio, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público.