«Artículo 1. Objeto. El objeto de este real decreto es establecer medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva, desarrollando los mecanismos para identificar y corregir la discriminación en este ámbito y luchar contra la misma, promoviendo las condiciones necesarias y removiendo los obstáculos existentes, y reforzar la aplicación del principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor entre mujeres y hombres, de conformidad con lo establecido en los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 15. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. No facilitar a las personas solicitantes de empleo, con carácter previo a la celebración del contrato de trabajo, la información exigida legal o reglamentariamente.»
«Artículo 2 bis. Definiciones. A los efectos de este real decreto se entenderá por: 1. “Retribución”: en aplicación de los artículos 26 y 28 del Estatuto de los Trabajadores, el salario base, las pagas extraordinarias, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, que la empresa abone, directa o indirectamente, a la persona trabajadora, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena. 2. “Progresión retributiva”, el proceso por el que una persona trabajadora pasa a percibir una retribución superior, cuando proceda, conforme a las reglas previstas en el Estatuto de los Trabajadores. 3. “Nivel retributivo”, la horquilla, valor o posición asignado a un puesto de trabajo o a una persona trabajadora, dentro de la estructura retributiva de la empresa. 4. “Brecha retributiva de género”, la diferencia entre las retribuciones medias de las mujeres y de los hombres que trabajan para una misma empresa, expresada como un porcentaje de las retribuciones medias de los trabajadores de sexo masculino, tanto en cómputo anual como por hora de trabajo.»
Esta modificación afecta solo al apartado 1 del artículo 21. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«1. La empresa no podrá prohibir ni limitar la prestación de servicios para otras empresas por parte de las personas trabajadoras, sin que en ningún caso puedan sufrir un trato desfavorable por dicha situación. Solo cabrán restricciones por incompatibilidad basadas en causas objetivas, como la salud y la seguridad, la protección de la confidencialidad empresarial, la integridad del servicio público y la prevención de conflictos de intereses. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de un pacto de plena dedicación mediante compensación económica.»
«Artículo 28. Igualdad de remuneración por razón de sexo. 1. El empresario está obligado a pagar por la prestación de un mismo trabajo o de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella. Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes. 2. El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación legal de los trabajadores en la empresa, al registro salarial de la misma. La posibilidad de que la información facilitada pueda permitir identificar, directa o indirectamente, la retribución individual de una persona trabajadora no impedirá el derecho de información reconocido a la representación legal de las personas trabajadoras, sin perjuicio de las obligaciones de confidencialidad y de las demás garantías previstas en la normativa de protección de datos personales. 3. Cuando en una empresa con al menos cincuenta personas trabajadoras, el promedio de las retribuciones de las personas de un sexo sea superior al promedio de las del otro en un veinticinco por ciento o más, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, el empresario deberá incluir en el Registro salarial una justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras. En empresas de cien o más personas trabajadoras la citada justificación deberá incluirse en el Registro cuando la diferencia entre promedios de uno u otro sexo sea de, al menos, el cinco por ciento. 4. Las personas trabajadoras tendrán derecho a comunicar o revelar información sobre su propia retribución a efectos del cumplimiento del principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Se entenderán nulas y sin efectos todas las cláusulas contractuales que impidan a las personas trabajadoras la divulgación de información sobre su retribución.»
«Artículo 3. Principio de transparencia retributiva. 1. A fin de garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en materia retributiva entre mujeres y hombres, las empresas y los convenios colectivos deberán integrar y aplicar el principio de transparencia retributiva entendido como aquel que, aplicado sobre los diferentes aspectos y conceptos que determinan la retribución de las personas trabajadoras, permite obtener información suficiente y significativa sobre el valor que se le atribuye a dicha retribución. 2. El principio de transparencia retributiva tiene por objeto la identificación de discriminaciones, tanto directas como indirectas, particularmente las debidas a incorrectas valoraciones de puestos de trabajo, lo que concurre cuando, desempeñado un mismo trabajo o trabajo de igual valor de acuerdo con los artículos siguientes, se perciba una retribución inferior sin que dicha diferencia pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima o sin que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios. 3. El principio de transparencia retributiva se aplicará, al menos, a través de los siguientes instrumentos regulados en el presente real decreto: los registros retributivos, la auditoría retributiva, el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional contenida en la empresa y en el convenio colectivo que fuera de aplicación y el derecho de información de las personas trabajadoras. 4. Las empresas pondrán a disposición de su personal y de su representación legal, de manera comprensible y asegurando el fácil acceso, los criterios que utilizan para determinar: la retribución de las personas trabajadoras, los niveles retributivos aplicables a los distintos puestos de trabajo o categorías profesionales y, en su caso, la progresión retributiva. Dichos criterios serán objetivos y neutros con respecto al género, y la información se facilitará con arreglo a las siguientes reglas: a) Cuando dichos criterios vengan establecidos por convenio colectivo, la empresa dará cumplimiento a la obligación de puesta a disposición de la información mediante la remisión expresa a los preceptos específicos del convenio en los que se contengan, para que la persona trabajadora pueda acceder a dichos criterios. b) Cuando dichos criterios no se encuentren fijados en el convenio colectivo o cuando la empresa establezca de forma voluntaria mejoras retributivas de cualquier naturaleza, deberá poner la información sobre los criterios utilizados para su determinación directamente a disposición de las personas trabajadoras y de su representación legal. c) Las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras deberán poner a disposición información sobre los criterios de progresión retributiva, de estar prevista su aplicación, y en los términos dispuestos, en su caso, en el convenio colectivo, acuerdo de empresa o contrato de trabajo. d) La información prevista en este apartado deberá mantenerse actualizada y ser nuevamente puesta a disposición de las personas trabajadoras y de su representación legal cada vez que los criterios retributivos, los niveles retributivos o, en su caso, los criterios de progresión retributiva sean objeto de modificación. e) La información se facilitará en un formato accesible para las personas con discapacidad, atendiendo a sus necesidades específicas.»
«Artículo 4. La obligación de igual retribución por trabajo de igual valor. 1. El principio de igual retribución por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor en los términos establecidos en el artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores vincula a todas las empresas, independientemente del número de personas trabajadoras, y a todos los convenios y acuerdos colectivos. La igual retribución por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor se debe asegurar tomando en consideración la retribución percibida, tanto en cómputo anual como por hora de trabajo, en los términos del artículo 2 bis. 2. Conforme al artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores, un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes. A tal efecto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: a) Se entiende por naturaleza de las funciones o tareas el contenido esencial de la relación laboral, tanto en atención a lo establecido en la ley o en el convenio colectivo como en atención al contenido efectivo de la actividad desempeñada. b) Se entiende por condiciones educativas las que se correspondan con cualificaciones regladas y guarden relación con el desarrollo de la actividad. c) Se entiende por condiciones profesionales y de formación aquellas que puedan servir para acreditar la cualificación de la persona trabajadora, incluyendo la experiencia o la formación no reglada, siempre que tenga conexión con el desarrollo de la actividad. d) Se entiende por condiciones laborales y por factores estrictamente relacionados con el desempeño aquellos diferentes de los anteriores que sean relevantes en el desempeño de la actividad, y, en todo caso, las competencias, el esfuerzo y la responsabilidad exigibles. 3. A tales efectos, podrán ser relevantes, entre otros factores y condiciones, con carácter no exhaustivo, la penosidad y dificultad, las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, la destreza, la minuciosidad, el aislamiento, la responsabilidad tanto económica como relacionada con el bienestar de las personas, la polivalencia o definición extensa de obligaciones, las habilidades sociales, las habilidades de cuidado y atención a las personas, la capacidad de resolución de conflictos o la capacidad de organización, en la medida en que satisfagan las exigencias de adecuación, totalidad y objetividad establecidas en el apartado siguiente. 4. Una correcta valoración de los puestos de trabajo requiere que se apliquen los criterios de adecuación, totalidad y objetividad y neutralidad con respecto al género. La adecuación implica que los factores relevantes en la valoración deben ser aquellos relacionados con la actividad y que efectivamente concurran en la misma, incluyendo la formación necesaria. La totalidad implica que, para constatar si concurre igual valor, deben tenerse en cuenta todas las condiciones que singularizan el puesto del trabajo, sin que ninguna se invisibilice o se infravalore. La objetividad implica que deben existir mecanismos claros que identifiquen los factores que se han tenido en cuenta en la fijación de una determinada retribución y que no dependan de factores o valoraciones sociales que reflejen estereotipos de género.»
«Artículo 59. Prescripción y caducidad. 1. Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescribirán al año de su terminación. A estos efectos, se considerará terminado el contrato: a) El día en que expire el tiempo de duración convenido o fijado por disposición legal o convenio colectivo. b) El día en que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya dado esta continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita. 2. Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse. 3. Las acciones relativas a la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación en materia retributiva prescribirán a los tres años contados desde el momento en que cese la situación discriminatoria. 4. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos. El plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud de conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente. 5. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a las acciones contra las decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo. El plazo se computará desde el día siguiente a la fecha de notificación de la decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del periodo de consultas.»
«Son infracciones leves: 1. No exponer en lugar visible del centro de trabajo el calendario laboral vigente. 2. No entregar puntualmente al trabajador el recibo de salarios o no utilizar el modelo de recibo de salarios aplicable, oficial o pactado. 3. La falta de entrega al trabajador por parte del empresario del documento justificativo al que se refiere el artículo 15.9 del Estatuto de los Trabajadores. 4. Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o documentales.»
Esta modificación afecta solo al apartado 11 del artículo 7. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«11. El incumplimiento del deber de información a las personas trabajadoras en los términos previstos legal, reglamentariamente o por convenio colectivo, así como no informar a las personas trabajadoras o no contestar a sus solicitudes sobre vacantes, en los términos previstos en el artículo 21 bis del Estatuto de los Trabajadores.»
Esta modificación afecta solo al apartado 13 del artículo 7. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
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«13. No cumplir las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establecen la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la normativa reglamentaria o el convenio colectivo que sea de aplicación.»
Esta modificación afecta solo al apartado 5 del artículo 8. Se muestra el contexto completo del artículo a continuación.
Texto actualizado
«5. La empresa debe informar por escrito a la persona trabajadora y a su representación legal, en los términos y plazos que se establezcan reglamentariamente, sobre los elementos esenciales de su relación laboral, tanto en el momento en que esta se inicie como cuando se produzca cualquier modificación de dichos elementos, siempre que estos no figuren en el contrato de trabajo formalizado por escrito.»
Se modifican el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Empleo y normas sobre igualdad retributiva y condiciones laborales, sin relación con la Ley de Contratos del Sector Público vigilada.
Detalles del cambio
Título oficial
Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, por el que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres; la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo; y el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.