Tema 14: Administración electrónica

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, regula como deben actuar las administraciones en sus relaciones con la ciudadania. Ordena interesados, derechos, registros, terminos y plazos, actos administrativos, eficacia, notificacion, procedimiento, revision de oficio, recursos administrativos y tramitacion electronica.

La norma se estructura en titulos dedicados a disposiciones generales, actividad administrativa, actos, procedimiento comun, revision y potestad normativa. Sustituyo y sistematizo parte del regimen anterior, incorporando la administracion electronica como regla general para determinados sujetos. Ha sido reformada para ajustar plazos, medios electronicos y relaciones procedimentales. Se conecta con la Ley 40/2015, la normativa de transparencia, proteccion de datos, administracion digital, contratos publicos, subvenciones y jurisdiccion contencioso-administrativa.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico, regula la organizacion y funcionamiento interno del sector publico, los principios de actuacion, los organos administrativos, la potestad sancionadora, la responsabilidad patrimonial, los convenios, las relaciones interadministrativas y la administracion institucional. Complementa a la Ley 39/2015, que se centra en el procedimiento comun frente a los ciudadanos.

Su estructura aborda principios generales, organos, competencia, abstencion y recusacion, responsabilidad patrimonial, potestad sancionadora, administracion electronica interna, sector publico institucional, relaciones de cooperacion y funcionamiento de la Administracion General del Estado. Ha sido reformada para adaptar organizacion, digitalizacion, convenios y sector publico. Se relaciona con la Ley 39/2015, la Ley del Gobierno, la Ley de Contratos del Sector Publico, transparencia, estabilidad presupuestaria y normativa autonomica.

La Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, complementa en el ordenamiento español el Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS) sobre identificación electrónica y servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. Derogó la anterior Ley 59/2003 de firma electrónica.

La ley regula el valor jurídico y probatorio de los documentos electrónicos (art. 3), de modo que el soporte electrónico no menoscaba su eficacia. Los artículos 4 a 7 regulan los certificados electrónicos: su vigencia, extinción y suspensión y la comprobación de la identidad y otras circunstancias de los solicitantes de certificados cualificados. Los artículos 8 a 13 fijan las obligaciones de los prestadores de servicios electrónicos de confianza, su régimen de responsabilidad y las garantías de seguridad de la información. Los artículos 14 a 17 atribuyen la supervisión y el control del cumplimiento a la autoridad competente (con potestades de inspección y el mantenimiento de la lista de confianza de prestadores cualificados), y los artículos 18 a 20 establecen el régimen de infracciones y sanciones. La norma abarca así la firma electrónica, el sello electrónico, el sellado de tiempo y la identificación electrónica, que son la base jurídica de la administración electrónica y de la actuación administrativa automatizada que también utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.