Tema 9: Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, establece obligaciones de publicidad activa, regula el derecho de acceso a la informacion publica y fija principios de buen gobierno para responsables publicos. Su finalidad es reforzar el control ciudadano, la rendicion de cuentas y la integridad institucional en la actividad del sector publico.

La norma se estructura en bloques sobre transparencia de la actividad publica, ejercicio del derecho de acceso, limites y causas de inadmisión, procedimiento, reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y obligaciones de buen gobierno. Ha sido completada por normativa autonomica, de reutilizacion de informacion, proteccion de datos y administracion electronica. Debe aplicarse en equilibrio con la LO 3/2018, los limites por seguridad, investigacion, confidencialidad y derechos de terceros.

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia juridica gratuita, regula el derecho a litigar sin costes para quienes acreditan insuficiencia de recursos o se encuentran en supuestos legalmente protegidos. Desarrolla el mandato constitucional de acceso a la justicia y concreta prestaciones como defensa y representacion gratuitas, asistencia pericial, insercion de anuncios o exenciones de depositos y tasas cuando procedan.

Su estructura ordena el ambito subjetivo, los requisitos economicos, el procedimiento de reconocimiento, la intervencion de los colegios profesionales, las comisiones de asistencia juridica gratuita, la impugnacion de resoluciones y los efectos de la concesion o denegacion. Ha sido reformada en distintas ocasiones para adaptar el sistema a colectivos vulnerables, victimas y cambios procesales. Se relaciona con la LEC, la normativa colegial, la legislacion de victimas y las reglas de tutela judicial efectiva.