Tema 14 — Actividad penitenciaria en CAPV
Desarrollo del tema
De dónde viene la competencia
Este tema se ordena en tres capas: lo que dice el Estatuto de Autonomía (LO 3/1979, EAPV), cómo se materializó el traspaso en 2021 y cómo se organiza hoy el departamento vasco que gestiona las prisiones. Conviene no mezclarlas: el Estatuto atribuye, el traspaso transfiere y el decreto de estructura organiza.
El Estatuto toca la materia penitenciaria en dos preceptos distintos. El art. 10.14 EAPV recoge, entre las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, la “organización, régimen y funcionamiento” de las instituciones y establecimientos “de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social”, y lo hace “conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria”. El art. 12.1 EAPV, por su parte, atribuye a la Comunidad Autónoma “la ejecución de la legislación del Estado” en materia de legislación penitenciaria. Son, por tanto, dos títulos complementarios: uno sobre la organización de los establecimientos y otro sobre la ejecución de la legislación estatal.
La legislación, en cambio, sigue siendo del Estado. El propio texto del traspaso lo recuerda: la Constitución establece la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación penitenciaria.
Reglas generales del Estatuto que afectan a la ejecución
El art. 20.4 EAPV precisa que las funciones de ejecución comprenden “la potestad de administración” y, en su caso, la de dictar “reglamentos internos de organización de los servicios”; el art. 21 da preferencia al Derecho vasco en las materias de competencia exclusiva y aplicación supletoria al estatal. Sobre la Administración de Justicia, el art. 13 EAPV reserva “íntegramente al Estado” el derecho de gracia y la organización del Ministerio Fiscal.
El traspaso: Decreto 169/2021 y Real Decreto 474/2021
El traspaso se formalizó mediante el Real Decreto 474/2021, de 29 de junio, que aprobó el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias adoptado el 10 de mayo de 2021. El Decreto vasco 169/2021, de 6 de julio, aprobó ese acuerdo en la Comunidad Autónoma y adscribió las funciones y servicios transferidos al entonces Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales (art. 2). El acuerdo señala que el traspaso tiene efectividad a partir del 1 de octubre de 2021.
Qué asume la Comunidad Autónoma
El acuerdo traspasa, “en el marco de la legislación establecida por el Estado”, las funciones de dirección, supervisión, organización, gestión económica y administrativa e inspección de los centros penitenciarios del territorio vasco: su organización y gestión, incluida su estructura orgánica y funcional; la ejecución y seguimiento del cumplimiento de penas, medidas de seguridad, régimen abierto, libertad condicional y programas de tratamiento, con las resoluciones sobre observación, clasificación, destino, permisos y tratamiento; las prestaciones penitenciarias (educación, acción social, trabajo, formación ocupacional, inserción sociolaboral, actividades culturales y deportivas, drogodependencias); y la gestión patrimonial de inmuebles e infraestructuras, incluida la promoción de nuevos centros.
Qué se reserva el Estado
Continúan en la Administración General del Estado la legislación y la potestad reglamentaria penitenciarias, los criterios de coordinación y los criterios de normalización de los datos penitenciarios.
Cooperación entre las dos administraciones
Cada Administración recibe a los internos que la autoridad judicial mande a sus establecimientos y a los penados que por clasificación y destino deban cumplir en su territorio; ambas determinan conjuntamente las plazas óptimas y máximas que se traspasan; la Comunidad informa al Estado de ingresos, traslados, salidas, clasificaciones y permisos. Los traslados entre administraciones los ordena la que tiene competencia sobre el interno, previa notificación a la receptora; si derivan de clasificación o destino, exigen su previa aprobación, a la que “solo podrá oponerse” por improcedencia o carencia de plazas.
Estructura orgánica actual: Decreto 326/2024
El Decreto 326/2024, de 5 de noviembre, regula la estructura del Departamento de Justicia y Derechos Humanos. Se articula en dos viceconsejerías: la de Justicia y la de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia. De la Viceconsejería de Justicia dependen cuatro direcciones: la Dirección de la Administración de Justicia, la de Justicia Digital e Infraestructuras, la de Justicia y la de Servicios Penitenciarios.
Entre las competencias de la Viceconsejería de Justicia (art. 9) están planificar la organización y gestión de los centros y establecimientos penitenciarios y del resto de servicios de ejecución penal, y coordinar y supervisar los servicios, organismos y centros de la administración penitenciaria, incluida la elaboración del plan de infraestructuras penitenciarias. También le corresponde adoptar determinadas resoluciones administrativas sobre ejecución de penas privativas de libertad cuando la pena de prisión impuesta sea superior a diez años, “salvo delegación en otros órganos”.
Dos direcciones concentran el contenido penitenciario:
- La Dirección de Justicia (art. 12) tiene entre sus funciones organizar, analizar, inspeccionar y supervisar los centros en lo relativo a su régimen interior y tratamental, gestionar las prestaciones penitenciarias y ejecutar, gestionar, coordinar y hacer seguimiento del cumplimiento de penas, medidas de seguridad, régimen abierto y libertad condicional, adoptando las resoluciones sobre observación, clasificación, destino, permisos y tratamiento que no correspondan a la Viceconsejería de Justicia. Le corresponde en todo caso la concesión de permisos penitenciarios extraordinarios por razones de urgencia que deban resolverse fuera del horario laboral ordinario.
- La Dirección de Servicios Penitenciarios (art. 13) se ocupa de los recursos humanos de los centros, de las infraestructuras y equipamientos, y de los medios materiales y económicos necesarios para su funcionamiento.
El decreto prevé que las previsiones sobre las funciones de la Dirección de Servicios Penitenciarios produzcan efectos desde el 1 de enero de 2025, y una disposición transitoria condiciona su aplicación a determinados cambios presupuestarios, rigiéndose hasta entonces esas funciones por la normativa anterior.
Centros y entes vinculados
Una disposición adicional del decreto define “centro directivo” como los órganos de la Administración penitenciaria con rango igual o superior a Dirección que tengan atribuidas las competencias correspondientes. Fija además la denominación oficial de los tres centros existentes en Euskadi: Arabako Espetxea / Centro Penitenciario Araba, Bizkaiko Espetxea / Centro Penitenciario Bizkaia y Gipuzkoako Espetxea / Centro Penitenciario Gipuzkoa. Los órganos de la Viceconsejería de Justicia “podrán delegar” funciones en las personas titulares de la dirección o gerencia de los centros.
En reinserción social actúa Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción Social, ente público de derecho privado adscrito al departamento a través de la Viceconsejería de Justicia. Su función, según el art. 3, es facilitar la inclusión sociolaboral de las personas internas mediante la promoción, organización y gestión de la formación profesional para el empleo y el trabajo productivo en los centros.
Resolución de delegación de 14 de febrero de 2025
El epígrafe incluye las instrucciones y resoluciones de la Dirección de Justicia. La Resolución de 14 de febrero de 2025 (BOPV n.º 37, de 24 de febrero de 2025) delega en las Direcciones de los centros penitenciarios, dentro de las funciones de la Dirección de Justicia (art. 12.1.j del Decreto 326/2024), las siguientes:
- Acordar la clasificación inicial en segundo grado de penados con condena superior a cinco años, si la Junta de Tratamiento lo acordó por unanimidad.
- Dejar sin efecto la clasificación en grado en los supuestos legalmente establecidos.
- Resolver revisiones de grado del art. 105.2 RP si la Junta acordó por unanimidad la continuidad en segundo grado y se cumple al menos una condición: no haber cumplido la mitad de una condena superior a cinco años, tener dos o más sanciones graves o muy graves sin cancelar o tener procedimiento penal pendiente.
- Autorizar fases y modalidades del régimen abierto a penados en tercer grado, salvo el régimen del art. 86.4 RP sin control telemático y las autorizaciones del art. 182 RP, que siguen siendo del Centro Directivo.
- Autorizar permisos ordinarios y extraordinarios a clasificados en tercer grado, y salidas de fin de semana en horarios distintos de los reglamentarios en régimen abierto.
- Autorizar permisos extraordinarios a clasificados en segundo grado por nacimiento de hijo o fallecimiento o enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado, con custodia policial sin traslado de establecimiento o, sin custodia, a quienes disfrutan habitualmente de permisos ordinarios si no superan veinticuatro horas; en horario de incidencias, la Dirección del centro puede ordenar el permiso, el traslado y recabar la fuerza pública, también para penados sin clasificar.
- Aprobar salidas programadas de clasificados en tercer grado o en segundo con flexibilidad; en este segundo caso, sin perjuicio de la competencia de los Jueces de Vigilancia cuando duren más de dos días.
Las resoluciones dictadas por delegación deben indicarlo y se consideran dictadas por el órgano delegante, que puede revocar la delegación en cualquier momento o avocar un asunto. Contra la propia Resolución de delegación cabe recurso de alzada ante el Viceconsejero de Justicia en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. Las instrucciones internas y los servicios de ejecución penal en la comunidad quedan fuera de este capítulo por falta de fuente oficial verificable.
Ejemplo práctico
Un centro penitenciario vasco tramita el destino de un penado clasificado cuyo cumplimiento correspondería, por razones de clasificación, a un establecimiento dependiente de la Administración General del Estado. El personal del centro debe tener claro el reparto de papeles que fija el acuerdo de traspaso: el traslado entre administraciones distintas lo ordena la que tiene competencia sobre el interno, previa notificación a la receptora, y al derivarse de clasificación o destino necesita la aprobación previa de esa receptora. Esta solo puede oponerse por improcedente o por falta de plazas según las capacidades máximas fijadas. Además, la Comunidad Autónoma debe informar al Estado del traslado y de la situación penitenciaria del interno. El expediente no se cierra, por tanto, con la decisión interna del centro.