Tema 1 — Constitucion: derechos fundamentales y principios de actuacion administrativa
Desarrollo del tema
Cómo se ordena el tema
El tema reúne tres bloques: los fundamentos (arts. 10 y 13 CE), el catálogo de derechos y deberes (arts. 14 a 37 CE) con sus garantías (arts. 53 a 55 CE), y los principios de actuación de la Administración (arts. 97, 103, 105 y 106 CE y arts. 1 a 4 de la Ley 40/2015). No hay preguntas de examen ancladas a este tema; lo que más pesa para el puesto es el art. 25.2 CE, que habla directamente del condenado a prisión.
Fundamentos y criterio de interpretación
El art. 10.1 CE declara que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son “fundamento del orden político y de la paz social”. El art. 10.2 CE añade que las normas sobre derechos fundamentales y libertades se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
El art. 13 CE dispone que los extranjeros gozan en España de las libertades públicas del Título “en los términos que establezcan los tratados y la ley”, y que solo los españoles son titulares de los derechos del art. 23 CE, con la salvedad del sufragio en elecciones municipales por reciprocidad.
Igualdad, vida y libertad ideológica
El art. 14 CE proclama la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por “nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
El art. 15 CE reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, y establece que nadie puede ser sometido “en ningún caso” a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
El art. 16 CE garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
Libertad personal (art. 17 CE)
Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia del propio artículo y en los casos y forma previstos en la ley. Las garantías son estas:
- La detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones y el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición judicial dentro del plazo máximo de setenta y dos horas y, en todo caso, tan pronto concluyan las averiguaciones estrictamente necesarias (art. 17.2 CE).
- El detenido debe ser informado de forma inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, y no puede ser obligado a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado, en los términos que establezca la ley (art. 17.3 CE).
- La ley regulará el procedimiento de “habeas corpus” para quien sea detenido ilegalmente y determinará el plazo máximo de la prisión provisional (art. 17.4 CE).
Intimidad, comunicaciones y otras libertades
El art. 18 CE garantiza el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen; declara inviolable el domicilio, en el que no se puede entrar ni registrar sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo flagrante delito; y garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial.
El art. 20 CE reconoce la libertad de expresión y el derecho a comunicar o recibir información veraz, sin censura previa, con límite en los derechos del Título y, “especialmente”, en el honor, la intimidad y la propia imagen. El art. 21 CE reconoce la reunión pacífica y sin armas, que no necesita autorización previa. El art. 22 CE reconoce el derecho de asociación, y las asociaciones solo pueden ser disueltas o suspendidas por resolución judicial motivada.
Participación y tutela judicial
El art. 23 CE reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por representantes, y a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes.
El art. 24 CE reconoce la tutela efectiva de jueces y tribunales sin indefensión (apartado 1) y enumera las garantías del proceso (apartado 2), entre ellas el juez ordinario predeterminado por la ley, la defensa y asistencia de letrado, un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, no declarar contra sí mismo y la presunción de inocencia.
El condenado a prisión (art. 25 CE)
Es el artículo de más peso para esta oposición. Su apartado 1 recoge la legalidad sancionadora: nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, al producirse, no constituyeran delito, falta o infracción administrativa.
El apartado 2 contiene tres ideas:
- Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad “estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social” y no pueden consistir en trabajos forzados.
- El condenado a pena de prisión que la esté cumpliendo goza de los derechos fundamentales del Capítulo, “a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria”.
- En todo caso tiene derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
Según el apartado 3, la Administración civil no puede imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
Otros derechos y deberes
El art. 28 CE reconoce la libertad sindical y el derecho de huelga, cuya ley debe asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; para los funcionarios públicos, la ley regula las peculiaridades del ejercicio de la libertad sindical. Entre los deberes, el art. 31 CE recoge el de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica.
Garantías y protección (arts. 53, 54, 55 y 81 CE)
Los derechos y libertades del Capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos, y solo por ley, que deberá respetar su contenido esencial, puede regularse su ejercicio (art. 53.1 CE). Cualquier ciudadano puede recabar la tutela del art. 14 CE y de la Sección primera del Capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en la preferencia y sumariedad y, en su caso, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2 CE).
El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título (art. 54 CE).
El art. 55.1 CE permite suspender determinados derechos, entre ellos los del art. 17 CE (salvo su apartado 3 en el estado de excepción), cuando se declare el estado de excepción o de sitio.
Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81 CE).
Principios de actuación administrativa
El Gobierno dirige, entre otras cosas, la Administración civil y militar, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97 CE).
El art. 103.1 CE dispone que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El apartado 3 reserva a la ley el estatuto de los funcionarios, el acceso a la función pública según los principios de mérito y capacidad, las incompatibilidades y las garantías de imparcialidad.
El art. 105 CE encarga a la ley regular la audiencia de los ciudadanos en la elaboración de disposiciones que les afecten, el acceso a archivos y registros administrativos (con excepciones) y el procedimiento de los actos administrativos. Según el art. 106 CE, los tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa, y los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión en sus bienes y derechos, salvo fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Ley 40/2015: objeto, ámbito y principios
El art. 1 de la Ley 40/2015 fija su objeto: las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios de responsabilidad y de la potestad sancionadora, y la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y su sector público institucional. Según el art. 2, se aplica a la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y el sector público institucional.
El art. 3.1 repite la fórmula del art. 103 CE y añade principios (letras a a k), entre ellos servicio efectivo a los ciudadanos, transparencia, buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, eficiencia en la asignación de recursos y cooperación, colaboración y coordinación entre Administraciones.
El art. 4.1 obliga a las Administraciones que limiten derechos o exijan requisitos para una actividad a aplicar la proporcionalidad, elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad y justificar su adecuación, sin diferencias de trato discriminatorias, y evaluar periódicamente los efectos obtenidos.
Ejemplo práctico
Un interno que cumple condena pregunta a un Ayudante de Ejecución Penal si, por estar en prisión, ha perdido todos sus derechos. El Ayudante, que conoce el art. 25.2 CE, le explica que el condenado a pena de prisión que la está cumpliendo goza de los derechos fundamentales, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Añade que, en todo caso, tiene derecho a un trabajo remunerado, a los beneficios de la Seguridad Social y al acceso a la cultura. Si el interno quiere saber qué limitación concreta le afecta, el Ayudante lo remite al contenido de su sentencia y a la ley penitenciaria.