Tema 32 — Control judicial de la actividad penitenciaria
Desarrollo del tema
El control judicial de la ejecución
La pena no la ejecuta la Administración Penitenciaria en solitario: está sometida al control de un juez especializado, el Juez de Vigilancia Penitenciaria. Este tema estudia sus atribuciones, que están en el art. 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LO 1/1979), y el cauce por el que los internos acuden a él, que regula el art. 54 del Reglamento Penitenciario (RD 190/1996). Cada uno de ellos ha sido objeto de una pregunta.
La función general del Juez de Vigilancia (art. 76.1 LOGP)
El apartado 1 del art. 76 LOGP define en cuatro verbos su cometido. El Juez de Vigilancia tiene atribuciones para:
- Hacer cumplir la pena impuesta.
- Resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar la pena con arreglo a las leyes y reglamentos.
- Salvaguardar los derechos de los internos.
- Corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse.
Esta lista resume la doble cara del juez: garantiza que la pena se cumple y, a la vez, protege al interno frente a excesos de la Administración.
Atribuciones concretas (art. 76.2 LOGP)
El apartado 2 enumera las atribuciones que corresponden especialmente al Juez de Vigilancia. Para estudiarlas, resulta cómodo agruparlas por materia.
Ejecución de la pena y libertad condicional
- Adoptar todas las decisiones necesarias para que los pronunciamientos de las resoluciones sobre penas privativas de libertad se lleven a cabo, asumiendo las funciones que corresponderían a los jueces y tribunales sentenciadores (letra a).
- Resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los penados y acordar las revocaciones que procedan (letra b).
- Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena (letra c).
Régimen disciplinario y régimen cerrado
- Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días (letra d).
- Resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias (letra e).
- Conocer del paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos, a propuesta del Director del establecimiento (letra j).
Tratamiento, clasificación y quejas
- Resolver, con base en los estudios de los Equipos de Observación y de Tratamiento y, en su caso, de la Central de Observación, los recursos referentes a la clasificación inicial y a progresiones y regresiones de grado (letra f).
- Acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario, en cuanto afecte a derechos fundamentales o a derechos y beneficios penitenciarios (letra g).
Permisos y visitas
- Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a dos días, excepto de los clasificados en tercer grado (letra i).
- Realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal; el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria puede recabar para ello el auxilio judicial de los jueces de Vigilancia del lugar del establecimiento (letra h).
Qué conviene retener de esa lista
Hay tres criterios útiles para no confundirse. Primero, el juez resuelve recursos: en materia de sanciones y de clasificación (progresiones y regresiones de grado) actúa por vía de recurso, no como primer decisor. Segundo, hay umbrales numéricos que aparecen en las preguntas: catorce días para el aislamiento en celda que debe aprobar y más de dos días para los permisos que autoriza, salvo a los clasificados en tercer grado. Tercero, en libertad condicional y beneficios que acorten la condena, el centro propone y el juez aprueba o resuelve. Un buen ejercicio consiste en preguntarse siempre quién propone y quién decide.
Quejas y recursos de los internos (art. 54 RP)
Acceso directo al juez
El art. 54 RP, con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, permite a los internos formular directamente las peticiones o quejas, o interponer recursos, ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria. Esto puede hacerse en los supuestos a que se refiere el art. 76 LOGP. La idea que hay que retener es doble: es un acceso directo, sin pasar por la dirección del centro, y está limitado a los casos previstos.
Recibo de lo presentado
Se entrega al interno, o a su representante, recibo o copia simple fechada y sellada de las quejas o recursos que formule. Es una garantía de prueba de que el escrito se presentó y de cuándo.
Presentación en registros de la Administración
Cuando el escrito se presenta ante cualquier oficina de Registro de la Administración Penitenciaria, una vez entregado el recibo o la copia, se remite sin dilación y, en todo caso, en el plazo máximo de tres días, al Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente. El plazo de tres días es un dato que puede preguntarse.
Resumen para repasar
El Juez de Vigilancia cumple una función de garantía: protege derechos, corrige abusos y controla la ejecución. El art. 76 LOGP le da las atribuciones; el art. 54 RP asegura que el interno pueda llegar a él.
Ejemplo práctico
Un interno entrega en el Registro del centro un escrito en el que se queja de una sanción disciplinaria que considera injusta. El Ayudante que atiende el Registro le da una copia simple fechada y sellada, y comprueba que el escrito va dirigido al Juez de Vigilancia Penitenciaria. Lo remite sin dilación al juzgado correspondiente, dentro del máximo de tres días que fija el art. 54 RP, sin añadir nada de su parte al contenido. Para el centro, la queja no es un trámite que pueda retener: el juez es quien resuelve por vía de recurso las reclamaciones sobre sanciones disciplinarias, conforme al art. 76 LOGP.
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