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Tema 9 — Derecho Penal: marco general y el delito

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Desarrollo del tema

Dónde se apoya el Derecho Penal

Este tema se ordena por la lógica del Código Penal (LO 10/1995): principios que limitan el poder de castigar, el delito y sus clases, las fases de ejecución, quién responde y las circunstancias que eximen, atenúan o agravan la responsabilidad.

El punto de partida constitucional es el art. 25.1 CE: nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente entonces. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, y su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81 CE).

Principios que limitan el castigo

  • Legalidad del delito (art. 1.1 CP): no se castiga ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración. Las medidas de seguridad solo se aplican cuando concurran los presupuestos fijados previamente por la ley (art. 1.2 CP).
  • Legalidad de la pena (art. 2.1 CP): ningún delito se castiga con pena que no esté prevista por ley anterior a su perpetración.
  • Retroactividad favorable (art. 2.2 CP): sí tienen efecto retroactivo las leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre cuál es la ley más favorable, se oye al reo.
  • Ejecución con garantías (art. 3 CP): no puede ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, ni en otra forma que la prescrita por la ley y los reglamentos que la desarrollan; la ejecución se realiza bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes.
  • Prohibición de analogía (art. 4.1 CP): las leyes penales no se aplican a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.
  • Culpabilidad (art. 5 CP): “No hay pena sin dolo o imprudencia”.
  • Medidas de seguridad (art. 6 CP): se fundamentan en la peligrosidad criminal exteriorizada en un hecho previsto como delito y no pueden ser más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable.

Concurso aparente de normas

Si unos hechos son calificables con arreglo a dos o más preceptos y no están comprendidos en las reglas del concurso de delitos, el art. 8 CP da cuatro reglas: 1.º el precepto especial prevalece sobre el general; 2.º el subsidiario solo se aplica en defecto del principal; 3.º el precepto más amplio o complejo absorbe los que castigan las infracciones consumidas en él; 4.º, en defecto de los anteriores, el precepto más grave excluye los que castigan el hecho con pena menor.

El delito

Son delitos “las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley” (art. 10 CP). De ahí salen las dos clasificaciones básicas del epígrafe:

  • Dolosos o imprudentes. Las acciones u omisiones imprudentes solo se castigan cuando la ley lo dispone expresamente (art. 12 CP).
  • Acción u omisión. Los delitos que consisten en producir un resultado solo se entienden cometidos por omisión cuando la no evitación del resultado, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. El art. 11 CP equipara la omisión a la acción en dos supuestos: cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar, y cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.

Por su gravedad, el art. 13 CP distingue delitos graves, menos graves y leves, según la ley los castigue con pena grave, menos grave o leve. Si la extensión de la pena comprende las categorías grave y menos grave, el delito es grave; si comprende leve y menos grave, es leve.

El error (art. 14 CP)

El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal; si fuera vencible, la infracción se castiga, en su caso, como imprudente. El error invencible sobre la ilicitud del hecho también la excluye; si fuera vencible, se aplica la pena inferior en uno o dos grados.

Grados de ejecución y actos preparatorios

Son punibles el delito consumado y la tentativa (art. 15 CP). Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y este no se produce por causas independientes de la voluntad del autor (art. 16.1 CP).

Quien evite voluntariamente la consumación, desistiendo de la ejecución ya iniciada o impidiendo el resultado, queda exento de responsabilidad por el delito intentado, sin perjuicio de la que tenga por los actos ya ejecutados si fueran constitutivos de otro delito (art. 16.2 CP).

Los arts. 17 y 18 CP regulan la conspiración (dos o más personas se conciertan y resuelven ejecutar un delito), la proposición (invitar a otros a participar en un delito ya resuelto) y la provocación (incitar directamente a la perpetración de un delito por un medio de publicidad semejante a la imprenta o la radiodifusión, o ante una concurrencia de personas). Conspiración y proposición solo se castigan en los casos especialmente previstos en la ley (art. 17.3 CP); la provocación, exclusivamente cuando la ley así lo prevea, y si a ella sigue la perpetración del delito se castiga como inducción (art. 18.2 CP).

Autoría y participación

Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices (art. 27 CP).

  • Autores (art. 28 CP): quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También se consideran autores quienes inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo y quienes cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.
  • Cómplices (art. 29 CP): los que, sin estar comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.

Minoría de edad

Los menores de dieciocho años no son responsables criminalmente con arreglo al Código Penal, sino, en su caso, conforme a la ley que regule la responsabilidad penal del menor (art. 19 CP).

Eximentes (art. 20 CP)

Están exentos de responsabilidad criminal:

1. Quien, por anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión (el trastorno mental transitorio no exime si fue provocado con el propósito de delinquir o se hubiera debido prever la comisión). 2. Quien se halle en estado de intoxicación plena por alcohol, drogas u otras sustancias análogas, siempre que no haya sido buscado con el propósito de delinquir ni se hubiese previsto o debido prever la comisión, o bajo un síndrome de abstinencia, por dependencia de esas sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. 3. Quien, por alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. 4. Legítima defensa, con tres requisitos: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y falta de provocación suficiente por parte del defensor. 5. Estado de necesidad: lesionar un bien jurídico ajeno o infringir un deber para evitar un mal propio o ajeno, si el mal causado no es mayor, la necesidad no fue provocada intencionadamente y el necesitado no tiene, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. 6. Quien obra impulsado por miedo insuperable. 7. Quien obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.

En los supuestos de los tres primeros números se aplican, en su caso, las medidas de seguridad previstas en el Código.

Atenuantes y agravantes

Atenuantes (art. 21 CP): las eximentes incompletas, actuar a causa de una grave adicción a las sustancias del art. 20.2.º, el arrebato u obcecación, la confesión antes de conocer que el procedimiento se dirige contra el culpable, la reparación del daño antes del juicio oral, la dilación extraordinaria e indebida no atribuible al inculpado y desproporcionada respecto de la complejidad de la causa, y cualquier otra de análoga significación.

Agravantes (art. 22 CP): alevosía; disfraz, abuso de superioridad o aprovechamiento de circunstancias que debiliten la defensa o faciliten la impunidad; precio, recompensa o promesa; motivos discriminatorios; aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causándole padecimientos innecesarios para la ejecución del delito; abuso de confianza; prevalerse del carácter público del culpable; y reincidencia. Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable ha sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título del Código, siempre que sea de la misma naturaleza, sin computar los antecedentes cancelados o que debieran serlo ni los de delitos leves, salvo lo dispuesto para los tipos agravados por multirreincidencia de delitos leves.

Ejemplo práctico

En una pelea entre dos internos en el patio, uno de ellos alega después que se limitó a defenderse porque el otro le había golpeado primero. Para saber si cabe la eximente de legítima defensa (art. 20.4.º CP) hay que comprobar los tres requisitos del precepto: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para repelerla y falta de provocación suficiente por su parte. Si faltara alguno, no se aplicaría la eximente completa, pero podría valorarse como atenuante por eximente incompleta (art. 21.1.ª CP). De ahí la importancia de que cualquier funcionario que presencie los hechos los refiera con exactitud: la calificación jurídica no es suya, sino de quien enjuicie el hecho.

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