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Tema 13 — Derecho Penitenciario

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Desarrollo del tema

Concepto y fuentes del Derecho Penitenciario

El núcleo estatal del Derecho Penitenciario es la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria (LOGP), desarrollada por el Reglamento aprobado por RD 190/1996 (RP). El RP regula “la ejecución de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como el régimen de los detenidos a disposición judicial y de los presos preventivos”, y es de aplicación directa en todo el territorio del Estado (art. 1.1 RP). En las Comunidades Autónomas que ejerzan competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, se aplican supletoriamente los preceptos organizativos o de régimen económico-administrativo (art. 1.2 RP).

Según el art. 79 LOGP, la dirección, organización e inspección de las instituciones reguladas en la ley corresponde a la Administración penitenciaria estatal, salvo respecto de las Comunidades Autónomas que hayan asumido en sus Estatutos la ejecución de la legislación penitenciaria (art. 79 LOGP).

Fundamento constitucional

  • Derechos y dignidad (art. 10 CE): la dignidad de la persona y los derechos inviolables son fundamento del orden político y de la paz social, y las normas sobre derechos fundamentales se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España (art. 10.2).
  • Integridad (art. 15 CE): nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
  • Art. 25.2 CE: las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no pueden consistir en trabajos forzados. El condenado a prisión goza de los derechos fundamentales del Capítulo, salvo los expresamente limitados por el fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso tiene derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
  • Ley orgánica (art. 81 CE): son orgánicas las leyes relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y exigen mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto.
  • Garantías (arts. 53 y 54 CE): los derechos del Capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, respetando su contenido esencial, puede regularse su ejercicio. El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de esos derechos.

Marco internacional

El art. 96.1 CE incorpora al ordenamiento interno los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España; sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o según las normas generales del Derecho internacional. El art. 94.1 CE exige la previa autorización de las Cortes Generales para obligarse, entre otros, por tratados de carácter político o militar, que afecten a los derechos y deberes fundamentales del Título I o que supongan modificación o derogación de alguna ley. El art. 93 CE permite, mediante ley orgánica, autorizar tratados que atribuyan a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.

Los textos internacionales y europeos concretos del epígrafe, entre ellos las Reglas Penitenciarias Europeas, no figuran entre el material de referencia de este capítulo; se remite a su lectura directa.

Fines y principios (arts. 2 y 3 RP)

La actividad penitenciaria tiene como fin primordial “la reeducación y reinserción social” de los sentenciados a penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados y la asistencia social de los internos, liberados y sus familiares (art. 2 RP). Los principios del art. 3 RP:

  • la actividad se desarrolla con las garantías y dentro de los límites de la Constitución y la ley, y los derechos de los internos solo pueden restringirse cuando lo dispongan las leyes;
  • el interno es sujeto de derecho y no está excluido de la sociedad, de modo que la vida en prisión debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos nocivos del internamiento;
  • los presos preventivos pueden acceder, en cuanto sea compatible con su situación procesal, a las actividades educativas, formativas, deportivas y culturales en las mismas condiciones que los penados.

Derechos y deberes de los internos

La actividad penitenciaria respeta la personalidad de los internos y sus derechos e intereses legítimos no afectados por la condena, sin discriminación (art. 4.1 RP). El art. 4.2 enumera, entre otros: la vida, integridad y salud, sin torturas ni malos tratos de palabra o de obra ni rigor innecesario; la dignidad e intimidad, con derecho a ser designados por su propio nombre; el ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales salvo incompatibilidad con la detención o la condena; el tratamiento para los penados; las relaciones con el exterior; un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la Administración; formular peticiones y quejas ante las autoridades penitenciarias, judiciales, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal; y recibir información personal y actualizada de su situación procesal y penitenciaria.

Entre los deberes (art. 5 RP), el interno debe permanecer en el establecimiento hasta su liberación, acatar las normas de régimen interior y las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio legítimo de sus atribuciones, colaborar en la convivencia ordenada, utilizar adecuadamente instalaciones y medios, y participar en las actividades formativas, educativas y laborales definidas en función de sus carencias para preparar la vida en libertad.

Establecimientos

La LOGP distingue establecimientos de preventivos, de cumplimiento de penas y especiales (art. 7 LOGP). Un establecimiento es una entidad arquitectónica, administrativa y funcional con organización propia (art. 10 RP). Rige el principio celular: cada interno dispone de una celda, salvo que sus condiciones de habitabilidad permitan alojar a más de una persona a petición del interno y sin razones de tratamiento, médicas, de orden o seguridad en contra; temporalmente puede albergarse a más de uno si se supera el número de plazas individuales (art. 13).

Tratamiento, grados y régimen (LOGP)

  • Tratamiento (art. 59): conjunto de actividades dirigidas a la reeducación y reinserción social de los penados. Es individualizado, generalmente complejo, programado y de carácter continuo y dinámico (art. 62).
  • Clasificación (art. 63): tras la observación de cada penado, se le destina al establecimiento cuyo régimen sea más adecuado a su tratamiento. Los internos deben ser estudiados cada seis meses como máximo para reconsiderar su clasificación (art. 65).
  • Sistema de individualización científica (art. 72): separado en grados, el último de los cuales es la libertad condicional. Los grados segundo y tercero se cumplen en establecimientos de régimen ordinario y abierto, y los clasificados en primer grado en establecimientos de régimen cerrado. La clasificación o progresión a tercer grado exige, además de los requisitos del Código Penal, haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, valorando la conducta reparadora, las condiciones personales y patrimoniales del culpable y las garantías de satisfacción futura (art. 72.5).
  • Régimen (art. 71): su fin primordial es lograr el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento; las funciones regimentales son medios y no finalidades en sí mismas.
  • Trabajo (art. 26): derecho y deber del interno y elemento fundamental del tratamiento; no tiene carácter aflictivo ni es medida de corrección.

Vigilancia, disciplina y coerción

El régimen disciplinario se dirige a garantizar la seguridad y conseguir una convivencia ordenada, y ningún interno puede desempeñar servicio que implique facultades disciplinarias (art. 41 LOGP). Las infracciones son muy graves, graves y leves, y no pueden imponerse otras sanciones que las del art. 42.2: aislamiento en celda (catorce días como máximo ordinario, con incremento por repetición y reglas de cumplimiento de varias sanciones; la de más de catorce días la aprueba el Juez de Vigilancia), aislamiento de hasta siete fines de semana, privación de permisos de salida (no más de dos meses ordinarios), limitación de comunicaciones orales al mínimo reglamentario y privación de paseos y actos recreativos comunes, en cuanto sea compatible con la salud física y mental (hasta un mes como máximo ordinario en ambas), y amonestación. La repetición de la infracción permite incrementar cualquiera de estas sanciones en la mitad de su máximo (art. 42.3). Los medios coercitivos solo se usan con autorización del director en los casos del art. 45 LOGP; en el desempeño de sus funciones de vigilancia los funcionarios no pueden utilizar armas de fuego (art. 45.4).

El Juez de Vigilancia tiene atribuciones para hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos sobre sus modificaciones, salvaguardar los derechos de los internos y corregir abusos y desviaciones (art. 76.1 LOGP). Le corresponde, entre otras funciones, aprobar sanciones de aislamiento de más de catorce días y resolver los recursos sobre sanciones disciplinarias, clasificación y progresiones o regresiones de grado (art. 76.2).

Ejemplo práctico

En el patio, un interno se resiste activamente a las órdenes del personal y la situación obliga a actuar con urgencia. Los medios coercitivos solo pueden utilizarse con autorización del director y en los casos previstos, entre ellos vencer la resistencia activa o pasiva a las órdenes del personal en el ejercicio de su cargo (art. 45.1.c) LOGP). Si por la urgencia hay que emplearlos antes, se comunica inmediatamente al director, que lo pone en conocimiento del Juez de Vigilancia (art. 45.2 LOGP). Además, el uso de estos medios se dirige exclusivamente a restablecer la normalidad y solo subsiste el tiempo estrictamente necesario (art. 45.3 LOGP).

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