Tema 7 — Derechos de la ciudadania en la Administracion
Desarrollo del tema
Alcance del tema
El epígrafe reúne cinco bloques: derechos de la ciudadanía ante las Administraciones Públicas, acceso a archivos y registros públicos, atención ante quejas y reclamaciones, personas con discapacidad y atención intercultural. Las fuentes son la Ley 39/2015 (LPAC), la Ley 19/2013 de transparencia, la Ley 3/2026, de 14 de mayo, de Transparencia de Euskadi, y la Ley 3/1985 del Ararteko.
Quién puede actuar: capacidad, interesado y representación
El art. 3 LPAC reconoce capacidad de obrar ante las Administraciones a las personas físicas y jurídicas según las normas civiles; a los menores de edad para los derechos e intereses cuyo ejercicio permita el ordenamiento sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela; y, cuando la ley lo declare expresamente, a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes.
Son interesados (art. 4) quienes promueven el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, los que tienen derechos que puedan resultar afectados por la decisión y aquellos cuyos intereses legítimos puedan verse afectados y se personen antes de la resolución definitiva. La representación (art. 5) debe acreditarse para solicitar, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, recurrir, desistir y renunciar; para actos de mero trámite se presume. La falta de acreditación se subsana en diez días.
Derechos de las personas ante las Administraciones (art. 13)
El art. 13 LPAC reconoce a quienes tienen capacidad de obrar, entre otros, los derechos a comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General electrónico; a ser asistidos en el uso de medios electrónicos; a utilizar las lenguas oficiales de su Comunidad Autónoma; a acceder a la información pública, archivos y registros conforme a la Ley 19/2013; a ser tratados “con respeto y deferencia”; a exigir las responsabilidades de las Administraciones y autoridades; a obtener y utilizar medios de identificación y firma electrónica; y a la protección de sus datos personales. Todo ello sin perjuicio de los derechos del art. 53, que corresponden a los interesados en un procedimiento.
El art. 14 distingue entre libertad y obligación de relacionarse por medios electrónicos: las personas físicas pueden elegir, salvo que estén obligadas; lo están, al menos, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad, quienes ejerzan una actividad profesional con colegiación obligatoria en esos trámites, quienes representen a un interesado obligado y los empleados públicos en los trámites que realicen por esa condición.
Registros y archivo
Cada Administración dispone de un Registro Electrónico General donde se anota todo documento presentado o recibido, con recibo de fecha, hora y número de entrada (art. 16). Los documentos pueden presentarse en el registro electrónico, en oficinas de Correos, en representaciones diplomáticas o consulares, en las oficinas de asistencia en materia de registros y en cualquier otro lugar que establezcan las disposiciones. El art. 17 impone un archivo electrónico único de los documentos de procedimientos finalizados.
Acceso a la información pública
El art. 12 Ley 19/2013 reconoce a “todas las personas” el derecho de acceso a la información pública, y en el ámbito de sus competencias se aplica la normativa autonómica. En Euskadi la regula la Ley 3/2026, de Transparencia de Euskadi (BOPV de 25 de mayo de 2026).
Procedimiento (arts. 33 a 38): la resolución se notifica en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente, ampliable quince días, notificándolo al solicitante, si el volumen o la complejidad lo exigen (art. 37). Transcurrido el plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada por silencio, sin que eso exima de resolver. La denegación debe ser siempre expresa y motivada. Entre las causas de inadmisión (art. 35) figuran las comunicaciones internas de carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, informes internos) que carezcan de relevancia o interés público, pero “los informes preceptivos no tendrán esta consideración”.
Impugnación (arts. 39 y 40): las resoluciones ponen fin a la vía administrativa y son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, o mediante reclamación potestativa ante la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena, sustitutiva de los recursos administrativos. Si el acto es expreso, se interpone en un mes desde el día siguiente a la notificación; si es presunto, en cualquier momento desde el día siguiente a que se produzcan los efectos del silencio. Gardena debe resolver y notificar en tres meses y, si no lo hace, la reclamación se entiende desestimada. Las resoluciones del Parlamento Vasco, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y el Ararteko solo admiten recurso contencioso-administrativo (art. 39.2). La mediación debe solicitarse en cinco días desde que se tiene conocimiento de la interposición de la reclamación (art. 41).
Gardena es una autoridad independiente cuya presidencia elige el Parlamento Vasco por mayoría de tres quintas partes para un mandato de cinco años, con una única renovación. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública continúa hasta que Gardena empiece a funcionar.
Derechos del interesado en el procedimiento (art. 53)
El art. 53.1 LPAC reconoce, entre otros, los derechos a conocer el estado de la tramitación, el sentido del silencio y el órgano competente; a acceder y obtener copia de los documentos; a identificar a las autoridades y al personal responsable; a no presentar documentos originales salvo excepción normativa; a no presentar datos o documentos no exigidos o que ya estén en poder de las Administraciones; a formular alegaciones y aportar documentos antes del trámite de audiencia; a obtener orientación sobre los requisitos y a actuar asistidos de asesor. En los sancionadores, el presunto responsable tiene derecho a ser notificado de los hechos imputados, de las infracciones y sanciones posibles y del instructor, y a la presunción de no existencia de responsabilidad mientras no se demuestre lo contrario (art. 53.2). El art. 28.2 permite a la Administración consultar los documentos en su poder salvo oposición del interesado; no cabe oposición en el ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Garantías de tramitación: responsabilidad, resolución y silencio
Los titulares de las unidades y el personal a cargo del despacho de los asuntos son “responsables directos de su tramitación” (art. 20). La Administración debe dictar resolución expresa en todos los procedimientos, con excepciones como la terminación por pacto o convenio y los derechos sujetos solo a declaración responsable o comunicación; el plazo máximo lo fija la norma reguladora, sin exceder de seis meses salvo norma con rango de ley o Derecho de la Unión Europea, y si no lo fija es de tres (art. 21). El silencio en los procedimientos iniciados a solicitud es, como regla, estimatorio, salvo norma con rango de ley o de Derecho de la Unión o internacional en contrario; es desestimatorio, entre otros, en el derecho de petición y en la responsabilidad patrimonial (art. 24). Si la solicitud no reúne los requisitos, se requiere la subsanación en diez días, con advertencia de desistimiento (art. 68).
Quejas y Ararteko
La queja ante la Administración no es un recurso. El Ararteko es el alto comisionado del Parlamento Vasco para la defensa de los derechos de la ciudadanía. Lo designa el Parlamento por mayoría de tres quintas partes de sus miembros, por cinco años y con una sola reelección (arts. 2 y 5 Ley 3/1985). Puede investigar actos y omisiones de las administraciones vascas y dirigir recomendaciones y recordatorios de deberes legales (art. 11); contra sus decisiones no cabe recurso (art. 22). Las quejas de las personas internas se complementan con la vía ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Personas con discapacidad y atención intercultural
La reforma del art. 49 CE, de 15 de febrero de 2024, sustituyó el término “disminuidos” por “personas con discapacidad” y recoge su autonomía y su inclusión en entornos universalmente accesibles. La Ley 6/2022 incorporó la accesibilidad cognitiva (lectura fácil) a la normativa de derechos de las personas con discapacidad. La atención intercultural exige atender con respeto a la diversidad lingüística y cultural, algo especialmente relevante en los centros penitenciarios; este bloque no cuenta con norma específica en el material de referencia.
Ejemplo práctico
Un familiar de un interno entrega en persona, en el centro penitenciario, una solicitud dirigida a la Administración. El Ayudante de Ejecución Penal que atiende la entrega no resuelve sobre el fondo, que corresponde al órgano competente, pero sí puede orientar sobre el cauce de presentación: según el art. 16.4 LPAC, los documentos dirigidos a las Administraciones pueden presentarse, entre otros lugares, en las oficinas de asistencia en materia de registros. Si el centro no es el lugar adecuado, indica al familiar dónde dirigirse y lo trata “con respeto y deferencia”, como pide el art. 13.e) LPAC, facilitándole el ejercicio de sus derechos.