Tema 30 — Gestion de penas de prision
Desarrollo del tema
Alcance de lo que se pregunta
El epígrafe oficial de este tema es enorme: cómputo de tiempos, refundición, abono de prisión provisional, responsabilidad civil, extranjeros, extradición. Lo que el examen ha preguntado de forma verificable se concentra en los desplazamientos de internos del Reglamento Penitenciario (RD 190/1996): el art. 33 RP, con dos preguntas, y el art. 36 RP, con una. Se desarrollan primero con detalle y después se añaden, más brevemente, las reglas de liberación, extranjeros y ejecución que encajan con el epígrafe.
Salidas de internos para diligencias o juicio (art. 33 RP)
La orden judicial
El art. 33 RP regula la salida del interno para practicar diligencias o celebrar el juicio oral. Esa salida se hace “previa orden de la autoridad judicial” dirigida al Director del establecimiento. El interno no sale porque lo pida él ni porque lo decida el centro: sale por mandato judicial, y la orden va dirigida al Director.
La petición de conducción y su antelación
Las autoridades judiciales o gubernativas recaban la conducción oportuna del interno. Aquí está el dato que más se ha preguntado: la antelación mínima es de treinta días. A quién se pide depende de dónde esté recluido el interno:
- Si está en un centro penitenciario ubicado en otra provincia, se pide al Centro Directivo.
- Si se trata de la misma provincia o localidad, se pide al Director del establecimiento.
La antelación de treinta días figura en el apartado 2 del artículo, de manera que se aplica a ambas situaciones; lo que cambia es el destinatario de la petición. Es habitual que las preguntas mezclen las dos formulaciones, así que conviene tener claro el reparto.
Qué hace el centro al recibir la petición
Recibida la comunicación, el Centro Directivo o el Director del centro, según el caso, recaban la realización de la conducción del órgano correspondiente. Es decir, no ejecutan el traslado por sí mismos, sino que lo solicitan a quien corresponda.
El regreso
Una vez que el interno ha asistido al juicio o se ha celebrado la diligencia, el Director del establecimiento propone el traslado del interno al lugar de procedencia. Hay dos excepciones:
- Que tenga conocimiento de la existencia de otros señalamientos pendientes.
- Que fuese preceptiva su clasificación y sea previsible su destino al propio centro.
Obsérvese que quien propone el regreso es el Director. La norma no dice que el regreso sea automático.
Forma y medios del desplazamiento (art. 36 RP)
Principio general
Los desplazamientos de detenidos, presos y penados se efectúan de forma que se respete su dignidad y derechos y se garantice la seguridad de su conducción. Son dos deberes simultáneos: respeto a la persona y seguridad.
Medio de transporte y custodia
Se realizan por el medio de transporte más idóneo, generalmente por carretera, en vehículos adecuados y bajo custodia de la fuerza pública. La norma habla de “generalmente” por carretera, no de forma exclusiva.
Traslado a cargo de funcionarios de prisiones
Excepcionalmente, y solo en casos de urgencia o necesidad perentoria, puede disponerse el traslado de internos a cargo de los funcionarios de instituciones penitenciarias que el Director designe entre los que estén de servicio. Es una excepción que el reglamento limita a esos casos; la regla es la custodia de la fuerza pública.
Traslados en ambulancia
Cuando se trata de traslados en ambulancia, ya sea para el ingreso en un hospital o para el traslado a otro establecimiento, el interno va acompañado, en su caso, del personal sanitario penitenciario necesario que el Director designe.
Liberación y excarcelación (arts. 22, 24, 25 y 29 RP)
Libertad de detenidos y presos
El art. 22 RP exige que la libertad de los detenidos y presos se acuerde por mandamiento de la autoridad competente librado al Director, sin perjuicio de los supuestos de excarcelación de detenidos previstos en el art. 23 RP. Recibido el mandamiento, el Director da orden escrita y firmada al Jefe de Servicios. Antes, el funcionario de la Oficina de Régimen revisa por completo el expediente personal para comprobar que el interno no está sujeto a otras responsabilidades. Después se identifica a quien va a salir, cotejando las huellas dactilares y los datos de filiación, y se le acompaña hasta la salida.
Libertad de los penados
Para liberar a un condenado a pena privativa de libertad hace falta que el Tribunal sentenciador apruebe la libertad definitiva o que el Juez de Vigilancia apruebe el expediente de libertad condicional (art. 24 RP). Con una antelación mínima de dos meses al cumplimiento de la condena, el Director propone al Tribunal sentenciador la libertad definitiva para el día en que la condena quede previsiblemente extinguida, según la liquidación de la sentencia. Si quince días antes de esa fecha no hay respuesta, reitera la propuesta y avisa de que, salvo orden expresa en contrario, liberará al recluso en la fecha propuesta. Si la liberación se debe a medidas de gracia, el Director no puede liberar sin orden o mandamiento escrito del Tribunal sentenciador (art. 25 RP).
Retención por otras responsabilidades
Los Directores retienen a los penados que, habiendo extinguido una condena, tengan otra pendiente, e informan de la causa de la retención. Si la retención se debe a otra causa con prisión provisional decretada, el Director lo comunica a la autoridad judicial y al centro directivo (art. 29 RP).
Penados extranjeros (arts. 26 y 27 RP)
Si el penado es un extranjero sujeto a expulsión posterior al cumplimiento, el Director notifica a la autoridad competente la fecha previsible de extinción de la condena, con tres meses de antelación o al formular la propuesta de libertad definitiva (art. 26 RP). También se notifica al Ministerio Fiscal esa fecha en los supuestos legales de sustitución de la pena por expulsión y, en todo caso, cuando los penados extranjeros extingan condenas inferiores a seis años (art. 27 RP).
Varias condenas y responsabilidad civil (LECrim)
Cuando alguien ha sido condenado en distintos procesos por hechos que pudieron juzgarse en uno solo, el juez o tribunal que dictó la última sentencia fija el límite de cumplimiento de las penas impuestas mediante auto, que relaciona todas las penas y determina el máximo de cumplimiento (art. 988 LECrim). Contra ese auto cabe recurso de casación por infracción de ley, que pueden interponer el Ministerio Fiscal y el condenado. En cuanto a la responsabilidad civil derivada del delito, sus pronunciamientos son susceptibles de ejecución provisional (art. 989 LECrim).
Cómo estudiarlo
Para el examen, bastan tres ideas por orden de importancia. Primera, que la salida para diligencias o juicio exige orden de la autoridad judicial dirigida al Director. Segunda, que la conducción se recaba con treinta días de antelación mínima. Tercera, que el desplazamiento respeta la dignidad y se hace, por regla general, por carretera bajo custodia de la fuerza pública, con el traslado a cargo de funcionarios de prisiones como excepción.
Ejemplo práctico
Un Juzgado de otra provincia cita a un interno de un centro vasco para declarar. En la oficina del centro, el Ayudante comprueba qué documentación llega: la orden judicial dirigida al Director y la petición de conducción, que debe haberse recabado con la antelación que marca el art. 33 RP. El Juzgado dirige la orden de salida al Director y recaba la conducción del Centro Directivo, que solicita su realización al órgano correspondiente. El traslado se prevé por carretera, en vehículo adecuado y bajo custodia de la fuerza pública, como establece el art. 36 RP. Terminada la diligencia, el Director valorará si procede proponer el regreso del interno al centro de procedencia o si existen otros señalamientos pendientes.
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