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Tema 33 — Igualdad de trato en el contexto penitenciario

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Desarrollo del tema

Enfoque del tema

El tema reúne el principio de igualdad en el ámbito penitenciario con la normativa vasca de igualdad entre mujeres y hombres. Se organiza en tres niveles: la Constitución, la legislación penitenciaria (LOGP y Reglamento) y el Decreto Legislativo 1/2023 de la CAE. La fuente de este capítulo no desarrolla protocolos específicos contra la discriminación ni la normativa europea ni la LO 1/2004, por lo que no se afirma nada sobre ellos.

La Constitución

El art. 14 CE es el punto de partida: los españoles son iguales ante la ley, “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Lo acompañan otros preceptos:

  • El art. 10 CE sitúa la dignidad de la persona y los derechos inviolables como fundamento del orden político y de la paz social, y ordena interpretar los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados ratificados por España.
  • El art. 15 CE protege la vida y la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
  • El art. 16 CE garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, y nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
  • El art. 18 CE garantiza el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y el secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial.
  • El art. 49 CE se refiere a las personas con discapacidad, que ejercen sus derechos en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, y ordena atender particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.

El precepto específico penitenciario es el art. 25.2 CE. Las penas privativas de libertad están orientadas a la reeducación y reinserción social, y el condenado que cumple pena de prisión “gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo”, salvo los limitados expresamente por el fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Tiene derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

Legislación penitenciaria

El Reglamento: no discriminación (art. 4 RP)

El art. 4.1 RP dispone que la actividad penitenciaria se ejerce respetando la personalidad de los internos y sus derechos e intereses legítimos no afectados por la condena, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de “raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. A continuación enumera derechos como la protección de la vida, integridad y salud sin malos tratos ni rigor innecesario; la preservación de la dignidad y la intimidad, incluido ser designado por el propio nombre y que la condición sea reservada frente a terceros; el ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales salvo incompatibilidad con la detención o la condena; el tratamiento de los penados; el trabajo remunerado dentro de las disponibilidades de la Administración penitenciaria; y formular peticiones y quejas ante las autoridades penitenciarias, judiciales, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. El art. 5 RP añade los deberes: el interno se incorpora a una comunidad y se le puede exigir colaboración activa y comportamiento solidario.

La LOGP: separación y trato específico

El art. 16 LOGP ordena una separación interior inmediata, teniendo en cuenta el sexo, la emotividad, la edad, los antecedentes, el estado físico y mental y, en los penados, las exigencias del tratamiento. Los hombres y las mujeres deben estar separados, “salvo en los supuestos excepcionales que reglamentariamente se determinen”. Los jóvenes están separados de los adultos, y quienes presentan enfermedad o deficiencias físicas o mentales, de quienes pueden seguir el régimen normal.

En el régimen disciplinario, el art. 43.3 LOGP prevé que la sanción de aislamiento no se aplica a las mujeres gestantes y a las mujeres hasta seis meses después de la terminación del embarazo, a las madres lactantes y a las que tuvieran hijos consigo. Este es el precepto más concreto de la LOGP sobre mujeres internas incluido en la fuente. Junto a él, el art. 44.2 impide sancionar a ningún interno sin informarle antes de la infracción y permitirle presentar su defensa, verbal o escrita.

El tratamiento es individualizado (art. 62.c LOGP) y los traslados respetan la dignidad y los derechos de los internos (art. 18 LOGP).

Normativa autonómica: Decreto Legislativo 1/2023

El Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, aprueba el texto refundido de la Ley para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres.

Objeto y ámbito (arts. 1 y 2)

La ley establece los principios generales que presiden la actuación de los poderes públicos vascos en materia de igualdad y regula medidas para promover y garantizar la igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres en todos los ámbitos, y para eliminar la desigualdad estructural y todas las formas de discriminación por razón de sexo, incluida la violencia machista. Se aplica a todas las administraciones públicas vascas, que incluyen la Administración de la Comunidad Autónoma, la foral y la local, con sus organismos autónomos y entes dependientes o vinculados. Los principios generales del art. 3 y otros artículos concretos se aplican a todos los poderes públicos vascos.

Principios generales (art. 3)

El art. 3 enumera, entre otros, la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades, la prevención y erradicación de la violencia machista, el respeto a la diversidad, la integración de la perspectiva de género, la acción positiva, la eliminación de roles y estereotipos, la integración de la perspectiva interseccional, la representación equilibrada, el empoderamiento de las mujeres y la implicación de los hombres. Tres conceptos merecen precisión:

  • Discriminación directa: cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de su sexo o de circunstancias directamente relacionadas con el sexo, como el embarazo o la maternidad. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo tienen la consideración de discriminación directa.
  • Discriminación indirecta: cuando un acto jurídico, criterio o práctica aparentemente neutra perjudique a una proporción sustancialmente mayor de personas de un mismo sexo, salvo que resulte adecuada y necesaria y pueda justificarse con criterios objetivos no relacionados con el sexo.
  • Perspectiva interseccional: tener en cuenta cómo el sexo o el género se interrelacionan con factores como la raza, el origen étnico o social, la lengua, la religión, la discapacidad, la edad, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, la condición rural o la situación migratoria, entre otros, en múltiples y a menudo simultáneos niveles.

No se consideran discriminación las medidas que tengan una justificación objetiva y razonable, incluidas las de acción positiva para las mujeres. Los poderes públicos vascos también combatirán la discriminación múltiple. En cuanto a la representación equilibrada, en los órganos de más de cuatro miembros las personas de cada sexo han de estar representadas al menos al 40 %, salvo las excepciones legalmente previstas, justificadas y con informe favorable del órgano competente en igualdad.

Competencias y funciones (arts. 4, 5, 9, 10 y 11)

Las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma tienen la competencia legislativa, la de desarrollo normativo y la acción directa en materia de igualdad. La ejecución de las normas corresponde, sin perjuicio de esa acción directa, a los órganos forales de los territorios históricos y a la Administración local (art. 4). El art. 5 concreta funciones de la Administración de la Comunidad Autónoma, como la adecuación de estructuras y procedimientos para integrar la perspectiva de género, la planificación y coordinación general, el diseño de medidas de acción positiva y programas de carácter unitario, la evaluación de las políticas, la investigación y detección de situaciones de discriminación por razón de sexo, y el ejercicio de la potestad sancionadora.

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer es el organismo encargado del impulso, asesoramiento, planificación y evaluación de las políticas de igualdad en la Comunidad Autónoma, incluidas las relativas a la violencia machista (art. 9). Las administraciones forales y locales deben contar con al menos una entidad, órgano o unidad que impulse esas políticas en su ámbito (art. 10). Y en cada departamento de la Administración de la Comunidad ha de existir al menos una dirección o unidad administrativa que impulse y coordine la ejecución de la ley y del plan para la igualdad aprobado por el Gobierno Vasco, que se coordina en la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres (art. 11).

Ejemplo práctico

Un centro penitenciario sustancia un expediente disciplinario a una interna que está embarazada, y la propuesta de sanción incluye aislamiento en celda. Quien revisa la documentación debe recordar que el art. 43.3 LOGP excluye esta sanción para las mujeres gestantes. Además, antes de sancionar a cualquier interna o interno, el art. 44.2 LOGP exige haberle informado de la infracción atribuida y haberle permitido presentar su defensa, verbal o escrita. Si la interna considera que se ha vulnerado su derecho, el art. 4.2 RP le reconoce la posibilidad de formular peticiones y quejas ante las autoridades penitenciarias, judiciales, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

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