Tema 12 — Medidas cautelares
Desarrollo del tema
Ámbito del tema
Este capítulo aborda medidas cautelares personales que afectan a la libertad antes de que exista sentencia firme. Recorre tres bloques de la LECrim: la detención, la prisión provisional y la libertad provisional con o sin fianza. El epígrafe oficial incluye también las órdenes de alejamiento y protección, pero su texto no figura entre el material de referencia de este capítulo, por lo que se remite a la lectura directa de la norma.
El marco constitucional es el de la libertad personal: la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. El art. 489 LECrim lo recoge como regla de legalidad: nadie puede ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.
La detención
Quién puede y quién debe detener
Cualquier persona puede detener (art. 490 LECrim) a quien intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo, al delincuente in fraganti, a quien se fugare de un establecimiento penal o de la cárcel en los casos que enumera el precepto, y al procesado o condenado en rebeldía.
La Autoridad o agente de Policía judicial tiene obligación de detener (art. 492 LECrim) a quien se halle en alguno de esos casos, al procesado por delito con pena superior a la de prisión correccional y, en los términos del precepto, al procesado por delito de pena inferior cuando sus antecedentes o las circunstancias del hecho hagan presumir que no comparecerá, salvo que preste en el acto fianza bastante.
Por delitos leves no se puede detener, salvo que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante (art. 495 LECrim).
Plazos
- Veinticuatro horas: quien detenga (particular, Autoridad o agente de Policía judicial) debe poner a la persona en libertad o entregarla al Juez más próximo al lugar de la detención dentro de las veinticuatro horas siguientes. Si la dilación excede de ese plazo, incurre en la responsabilidad que establece el Código Penal (art. 496 LECrim).
- Setenta y dos horas: si la entrega se hace al Juez o Tribunal propio de la causa y la detención está comprendida en los números del art. 490 y del art. 492 que el propio art. 497 enumera, este elevará la detención a prisión o la dejará sin efecto en ese término, contado desde que el detenido le fue entregado; lo mismo hace respecto de la persona cuya detención hubiere acordado él mismo (art. 497 LECrim).
Forma y derechos del detenido (art. 520 LECrim)
La detención y la prisión provisional deben practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio (art. 520.1). Toda persona detenida o presa debe ser informada por escrito, en lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyen, de las razones de su privación de libertad y de sus derechos. El art. 520.2 cita, entre otros: guardar silencio, no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable; designar abogado y ser asistido por él sin demora injustificada; acceder a los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención; reconocimiento por el médico forense; y solicitar asistencia jurídica gratuita, con información sobre el procedimiento y las condiciones para obtenerla.
El detenido designa libremente abogado y, si no lo hace, es asistido por uno de oficio, que debe acudir al centro de detención con la máxima premura y siempre dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo (art. 520.5).
La incomunicación
Excepcionalmente y mediante resolución motivada, el juez de instrucción o tribunal puede acordar la detención o prisión incomunicadas ante una necesidad urgente de evitar graves consecuencias para la vida, libertad o integridad física de una persona o de evitar comprometer gravemente el proceso (art. 509.1 LECrim). No puede extenderse más allá de cinco días, prorrogables por otro plazo no superior a cinco días en los casos que el precepto señala.
El incomunicado no puede realizar ni recibir comunicación alguna, salvo las que el juez o tribunal autorice por no frustrar su finalidad (art. 510 LECrim). La restricción no alcanza a las comunicaciones con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el médico forense (art. 527.1).
La prisión provisional
Presupuestos
La decretan el juez o magistrado instructor, el juez que forme las primeras diligencias, el juez de lo penal o el tribunal que conozca de la causa (art. 502.1 LECrim). Solo se adopta cuando objetivamente sea necesaria y no existan otras medidas menos gravosas para alcanzar los mismos fines (art. 502.2), y nunca si se infiere racionalmente que el hecho no es delito o que concurre una causa de justificación (art. 502.4).
El art. 503.1 exige tres requisitos:
1. Hechos con caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión (umbral general, que no se aplica si la prisión se acuerda para asegurar la presencia en el proceso y constan al menos dos requisitorias judiciales para llamamiento y busca en los dos años anteriores, ni para evitar que el investigado actúe contra bienes jurídicos de la víctima), o con pena privativa de libertad inferior si el investigado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación derivados de condena por delito doloso. 2. Motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se dicta el auto. 3. Que se persiga alguno de estos fines: asegurar la presencia en el proceso ante un riesgo de fuga; evitar la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba relevantes ante un peligro fundado y concreto; o evitar que el investigado actúe contra bienes jurídicos de la víctima.
El art. 503.2 permite además acordarla para evitar el riesgo de que cometa otros hechos delictivos, y solo si el hecho imputado es doloso; el umbral de pena tampoco rige si cabe inferir que actúa concertadamente de forma organizada o con habitualidad.
Duración (art. 504 LECrim)
Dura el tiempo imprescindible para alcanzar sus fines y en tanto subsistan los motivos que la justificaron (arts. 504.1 y 528). Los máximos son:
- Decretada por riesgo de fuga, por actuación contra bienes jurídicos de la víctima o por riesgo de reiteración: un año si el delito tiene señalada pena privativa de libertad igual o inferior a tres años, y dos años si es superior. Cabe una sola prórroga, por auto y en los términos del art. 505, cuando haya circunstancias que hagan prever que la causa no podrá juzgarse en esos plazos: de hasta dos años si la pena es superior a tres o de hasta seis meses si no.
- Decretada para evitar la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba: máximo de seis meses.
Se computa el tiempo detenido o en prisión provisional por la misma causa, excluyendo el de las dilaciones no imputables a la Administración de Justicia.
Audiencia, auto y recurso
Puesto el detenido a disposición del juez, este convoca una audiencia, salvo que decrete su libertad provisional sin fianza, en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras pueden interesar la prisión o la libertad con fianza (art. 505.1). Se celebra dentro de las 72 horas siguientes a la puesta a disposición judicial, con asistencia de letrado (art. 505.2). Si ninguna parte las insta, el juez acuerda necesariamente la inmediata puesta en libertad (art. 505.4).
La resolución adopta forma de auto y expresa los motivos por los que la medida es necesaria y proporcionada (art. 506.1). Contra los autos que decreten, prorroguen o denieguen la prisión o acuerden la libertad cabe apelación preferente; la del auto de prisión debe resolverse en un máximo de 30 días (art. 507.1).
Ejecución
Para ejecutar el auto de prisión se expiden dos mandamientos: uno a la Policía Judicial o agente judicial que haya de ejecutarlo y otro al director del establecimiento que deba recibir al preso. Los directores no reciben a ninguna persona como preso sin que se les entregue mandamiento de prisión, y una vez dictado el auto de libertad se expide inmediatamente mandamiento al director (art. 511 LECrim).
Libertad provisional y fianza
Si no se acuerda la prisión, el juez decreta con arreglo al art. 505 si el investigado ha de dar fianza para continuar en libertad provisional y, en el mismo auto, fija su calidad y cantidad (art. 529).
Los autos de prisión, libertad provisional y fianza son reformables durante todo el curso de la causa, y el juez puede acordar de oficio, en cualquier momento, un cambio más favorable (art. 539).
Ejemplo práctico
Una persona llega al establecimiento conducida por agentes que aportan un auto de prisión provisional. El director solo puede recibirla en condición de preso si se le entrega el mandamiento de prisión (art. 511.2 LECrim); si faltara, no cabe su ingreso como preso. Semanas después se recibe un mandamiento dirigido al director por haberse dictado auto de libertad: el art. 511.3 LECrim prevé que, dictado el auto que acuerda la libertad, se expida inmediatamente mandamiento al director del establecimiento. Ingreso y salida del preso provisional dependen, pues, de un documento judicial.