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Tema 4 — Normalizacion linguistica del euskera

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Desarrollo del tema

Normas de referencia

Este tema se apoya en dos leyes y un decreto. La Ley 10/1982, Básica de Normalización del Uso del Euskera, fija el marco: “La lengua propia del País Vasco es el euskera” (art. 2) y las lenguas oficiales son el euskera y el castellano (art. 3). Sobre ese marco, el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el Sector Público Vasco, regula la planificación lingüística, los perfiles y las fechas de preceptividad; deroga expresamente el Decreto 86/1997. La Ley 5/2026, de 25 de junio, añadió un apartado 11 al art. 187 de la Ley 11/2022 de Empleo Público Vasco, con reglas con rango de ley sobre preceptividad.

Los derechos lingüísticos (Ley 10/1982)

El art. 5 Ley 10/1982 reconoce el derecho a conocer y usar las lenguas oficiales, oralmente y por escrito. En la Administración, el art. 6.1 reconoce el derecho a ser atendido en la lengua oficial elegida; los actos y comunicaciones administrativas van en forma bilingüe, salvo que los interesados privados elijan expresamente una de ellas (art. 8.2), y lo mismo los impresos y modelos oficiales (art. 13). El art. 14 enlaza con el personal: los poderes públicos adoptarán medidas tendentes a la progresiva euskaldunización, determinarán las plazas para las que es preceptivo conocer ambas lenguas y, en las demás, el nivel de conocimiento será un mérito. De ahí nacen los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad.

Objeto, ámbito y principios del Decreto 19/2024

El art. 1 del Decreto 19/2024 regula la normalización del uso del euskera en las entidades del sector público vasco para garantizar el uso oficial de ambas lenguas sin discriminación, situar el euskera como lengua de servicio y de trabajo de uso normal y general “sin limitar, en modo alguno, el uso del castellano” y alcanzar la igualdad real en los derechos lingüísticos.

Según el art. 2, se aplica al personal funcionario y, en lo que proceda, al laboral del sector público vasco: administración general de la Comunidad Autónoma, administraciones forales y locales, Universidad del País Vasco (solo su personal de administración y servicios) y otros entes. El art. 4 fija cinco principios:

  • No discriminación por la lengua oficial que se utilice o desee utilizar.
  • Eficacia y eficiencia: uso racional de los recursos, con planificación y evaluación.
  • Autoorganización: la gestión lingüística es responsabilidad de cada entidad.
  • Acción positiva: las medidas de fomento para promover la igualdad entre vascohablantes y castellanohablantes no se consideran discriminatorias.
  • Proporcionalidad: medidas idóneas, sin alternativa menos lesiva con igual eficacia, y ponderadas.

Planificación lingüística

Según el art. 5, la normalización del euskera es un objetivo estratégico y transversal. Cada entidad aprueba tres instrumentos: los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales, los planes estratégicos y los planes de gestión, en períodos de planificación de cinco años.

El art. 6 distingue la lengua de servicio (la que usa el personal con la ciudadanía) y la lengua de trabajo (relaciones internas y con otras entidades). Todo el personal debe respetar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y tener la capacidad comunicativa mínima para atenderla o derivar la comunicación a una persona con competencia en euskera, según los protocolos de la entidad.

El plan estratégico (art. 17) recoge los objetivos, medidas y medios del período a partir de un diagnóstico inicial, e incluye el análisis de la plantilla y el detalle de perfiles y fechas de preceptividad. Se aprueba en el primer año del período y se publica en el portal web. El departamento competente en política lingüística emite informe preceptivo, no vinculante, en dos meses. Puede designar unidades administrativas en euskera: aquellas en que al menos el 80 % de las personas que ocupan los puestos, incluida la responsable, tienen acreditado el perfil. Sin nuevo plan, el vigente se prorroga (art. 18); la evaluación interna es a mediados y a finales del período (art. 19) y los planes de gestión, al menos dos por período (art. 20).

El perfil lingüístico

El art. 22 define el perfil lingüístico como el conjunto de niveles de competencia en euskera necesarios para la provisión y desempeño de un puesto. Cada puesto tiene el suyo, que debe constar en la relación de puestos de trabajo junto con, en su caso, la fecha de preceptividad. Se evalúa mediante cuatro destrezas: dos receptivas (comprensión oral y escrita) y dos productivas (expresión oral y escrita). Los niveles se ajustan al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. El perfil es simétrico si el puesto exige el mismo nivel en las cuatro destrezas y asimétrico si exige niveles distintos; quien, por discapacidad y según informe del órgano competente, no pueda ser evaluado en alguna destreza queda exento de acreditarla y su perfil se expresa como parcial.

Para asignar perfiles (art. 32), cada entidad analiza las necesidades comunicativas del puesto. Tres reglas con cifras:

  • Si las funciones de expresión escrita son esporádicas o poco habituales, podrá asignarse expresión escrita A2.
  • Si la expresión oral es habitual y hay relación directa con la ciudadanía de nivel avanzado, la expresión oral será, como mínimo, B2.
  • Los puestos ligados a la normalización lingüística (normalización, traducción o interpretación, entre otros) llevan perfil simétrico C2, preceptivo desde la creación del puesto (letras TP en la casilla de la fecha) y no cuentan para el índice de obligado cumplimiento.

Preceptividad

La fecha de preceptividad (art. 24) es el momento a partir del cual debe acreditarse el perfil asignado al puesto; desde entonces, cumplirlo es “requisito indispensable” para el acceso y desempeño, salvo en los supuestos previstos en el decreto.

El índice de obligado cumplimiento (art. 25) determina el porcentaje de puestos que deben tener perfil preceptivo en cada entidad y período. Se calcula sumando el porcentaje de euskaldunes y la mitad del de cuasi euskaldunes del ámbito territorial aplicable (la Ley 5/2026 excluye aplicar índices generales). Para asignar fecha (art. 34) tienen prioridad los puestos con relación directa con la ciudadanía, los de naturaleza transversal (jurídicos, informáticos, de personal, económicos, de igualdad, medioambientales y de calidad), los que mantienen comunicación habitual con otras entidades externas y los vacantes.

Si al asignar la fecha el puesto lo ocupa alguien sin el perfil, se le asigna una fecha diferida (art. 35).

Acreditación del perfil y cobertura de puestos

El Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) es el único organismo habilitado para acreditar perfiles lingüísticos y hace convocatorias ordinarias y extraordinarias, al menos semestrales (art. 27). Desde la fecha de preceptividad, cumplir el perfil es exigencia obligatoria para acceder al puesto y desempeñarlo, con excepciones que las entidades podrán aplicar (art. 37): en las comisiones de servicio forzosas, a candidatos con los requisitos profesionales que tengan acreditado el nivel inmediatamente inferior o, como máximo, dos por debajo del puesto; y, ante circunstancias excepcionales, imprevisibles, exteriores e inevitables, debidamente justificadas, que exijan cobertura inmediata y urgente, la provisión temporal sin perfil, previo informe vinculante del departamento de política lingüística en diez días hábiles. El perfil también puede acreditarse en el curso de formación y las prácticas, según las bases.

Exenciones

El art. 40 exime de acreditar el perfil del puesto del que se es titular a cuatro grupos: quienes superan los 45 años al inicio del período de planificación en que se asigna la preceptividad (o al modificarse el perfil del puesto), con su conformidad; quienes no alcanzan los estudios de Bachiller Elemental, EGB o ESO; las personas con discapacidad con dificultades de aprendizaje, previo informe de una comisión técnico-médica; y quienes acreditan carencia manifiesta de aptitudes. Para esta última se exige haber seguido un proceso de capacitación ininterrumpido con 300 horas de clase recibidas o discontinuo con 500, en ambos casos al menos el 80 % de la duración de los cursos (art. 41). En la Administración de la Comunidad Autónoma, resuelve el IVAP, y si pasan seis meses sin resolución expresa la solicitud se entiende estimada (art. 42). La exención solo vale para el puesto que se ocupa al reconocerla y persiste mientras duren sus razones (art. 43).

La Ley 5/2026

El nuevo apartado 11 del art. 187 Ley 11/2022 obliga a las administraciones a determinar “con el máximo rigor” qué plazas tienen fecha de preceptividad y cuáles no, justificándolo con criterios de proporcionalidad (tipo y nivel del puesto, criterios de uso de las lenguas y realidad sociolingüística de la zona y ámbito de actuación). Dispone que no se aplicarán determinaciones generales de índices de obligado cumplimiento. En las ofertas de empleo público, las entidades fijarán, con los criterios que regule el órgano competente, plazas con fecha de preceptividad diferida: las personas candidatas acceden sin tener acreditado el perfil, con plazo hasta esa fecha, la entidad facilita la formación y el euskera se valora como mérito.

Informes

Antes de asignar o modificar perfiles o fechas, la entidad pide informe preceptivo, no vinculante, al departamento de política lingüística, salvo excepciones (art. 36).

Ejemplo práctico

Un Ayudante de Ejecución Penal presta servicio en una oficina de atención y se acerca un familiar de un interno que se expresa en euskera. El Ayudante no domina esa lengua con la soltura que exige una atención completa. Según el art. 6 del Decreto 19/2024, todo el personal debe tener la capacidad comunicativa mínima para atender a la ciudadanía o, en su caso, derivar la comunicación a una persona con adecuada competencia en euskera, conforme a los protocolos de la entidad. Así que atiende lo que puede en esa lengua, explica la situación con cortesía y deriva la comunicación a un compañero con competencia suficiente, sin pedir al familiar que cambie de idioma, pues el art. 6.1 Ley 10/1982 reconoce el derecho a ser atendido en la lengua oficial elegida.

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