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Tema 29 — Oficina Unica de Gestion

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Desarrollo del tema

Qué recoge este capítulo y qué no

El epígrafe del tema habla de una “Oficina Única de Gestión”, de su composición y de la unificación de régimen y tratamiento. Ninguna de las normas adjuntas a este capítulo (LOGP, Reglamento Penitenciario y Ley Orgánica 3/2018) regula una oficina con ese nombre, así que aquí no se describe su composición ni su reparto de tareas. Lo que sí está en la fuente es el contenido documental y de datos que ese tema abarca: el expediente personal de cada interno, el protocolo, la identificación al ingreso y el tratamiento de los datos personales. Ese es el material que se ordena a continuación.

El ingreso como origen del expediente

El art. 15.1 LOGP establece que el ingreso de un detenido, preso o penado se hace mediante “mandamiento u orden de la autoridad competente”. Se exceptúan la presentación voluntaria, que se comunica inmediatamente a la autoridad judicial para que resuelva lo procedente, y los estados de alarma, excepción o sitio.

El Reglamento desarrolla esa regla en el art. 15 RP: el ingreso se efectúa mediante orden judicial de detención, mandamiento de prisión o sentencia firme. Si la orden de detención procede de la Policía Judicial, deben constar los datos identificativos del detenido, el delito imputado, que se halla a disposición judicial y la hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención. La dirección del centro “podrá denegar motivadamente” el ingreso si faltan esos extremos. Si la detención la acordó el Ministerio Fiscal, constan los datos de identificación de las diligencias y el momento de vencimiento del plazo máximo.

Otro punto del art. 15 RP: los internos extranjeros tienen derecho a que se ponga en conocimiento de sus autoridades diplomáticas o consulares su ingreso. Se les informa de forma comprensible, a ser posible en su propio idioma, y se recaba por escrito su autorización.

Presentación voluntaria y plazo de 72 horas

El art. 16 RP permite admitir a quien se presente voluntariamente. La presentación se hace constar expresamente en su expediente penitenciario personal, y se le facilita certificación si la solicita. El Director debe recabar del Juez o Tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes al ingreso, el mandamiento y, en su caso, el testimonio de sentencia y la liquidación de condena. Si transcurridas las setenta y dos horas siguientes al ingreso no se ha recibido la documentación que legalice el ingreso, se procede a la excarcelación. En el mismo sentido, el art. 17.2 LOGP dispone que los detenidos serán puestos en libertad por el Director si, pasadas esas setenta y dos horas, no se hubiera recibido mandamiento u orden de prisión.

Expediente personal y protocolo

El art. 15.2 LOGP es el precepto clave del tema: “A cada interno se le abrirá un expediente personal relativo a su situación procesal y penitenciaria del que tendrá derecho a ser informado, y para cada penado se formará un protocolo de personalidad.” Son dos documentos distintos: el expediente se abre a todo interno y recoge su situación procesal y penitenciaria; el protocolo es de personalidad y la LOGP prevé formarlo para cada penado. Por su parte, el art. 273.n RP atribuye a la Junta de Tratamiento formar y custodiar el protocolo correspondiente a cada interno.

El art. 18.1 RP concreta los pasos al admitir a un recluso: verificar su identidad personal, efectuar la reseña alfabética, dactilar y fotográfica, inscribirlo en el libro de ingresos y abrir el expediente personal, del que “tendrá derecho a ser informado”. Se procede además al cacheo de su persona y al registro de sus efectos, retirándose los enseres y objetos no autorizados. En el momento del ingreso se adoptan medidas de higiene personal y se entregan al recluso las prendas de vestir adecuadas que precise, firmando su recepción (art. 18.2 RP).

Después del ingreso, el art. 20 RP encadena la documentación con el tratamiento. Los detenidos y presos ocupan una celda en el departamento de ingresos, donde el Médico los examina “a la mayor brevedad posible”, y son entrevistados por el Trabajador Social y el Educador. Para los penados, la Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico, contrasta los datos del protocolo y formula un programa individualizado de tratamiento. La estancia en el departamento de ingresos será, como máximo, de cinco días y solo puede prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar la seguridad, dando cuenta al Juez de Vigilancia. El art. 21 RP completa el cuadro: al ingresar, el interno debe ser informado de sus derechos y obligaciones y de los procedimientos para hacerlos efectivos.

Libertad y excarcelación

La documentación también ordena la salida. Según el art. 17 LOGP, la libertad de los detenidos, presos o penados “sólo podrá ser acordada por la autoridad competente”. Para excarcelar a los condenados es precisa la aprobación de la libertad definitiva por el Tribunal sentenciador o de la propuesta de libertad condicional por el Juez de Vigilancia. En la excarcelación se entrega al liberado el saldo de su cuenta de peculio, los valores y efectos depositados, y una certificación del tiempo que estuvo privado de libertad y de la cualificación profesional obtenida. Si carece de medios, se le facilitan los necesarios para llegar a su residencia y para sus primeros gastos.

Gestión de la información y protección de datos

Informática penitenciaria (arts. 6 a 9 RP)

El Reglamento fija límites al uso de los ficheros:

  • Ninguna decisión que implique apreciar el comportamiento de los reclusos puede fundamentarse “exclusivamente” en un tratamiento automatizado de datos que ofrezca un perfil de su personalidad (art. 6.1).
  • Quienes sean responsables de los ficheros adoptan medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad de los datos y deben guardar secreto profesional, incluso después de que termine su relación con la Administración penitenciaria (art. 6.3).
  • Pueden establecerse ficheros de internos para garantizar la seguridad y el buen orden del establecimiento y la integridad de los internos, y su inclusión no determina por sí misma un régimen de vida distinto (art. 6.4).
  • Para recoger datos en el ejercicio de las funciones propias no hace falta el consentimiento del interno, salvo los supuestos que la LOGP recoge (art. 7.1). Tampoco para ceder datos a otras administraciones, en el ámbito de sus competencias, cuando sean necesarios para sus funciones en materia de servicios sociales, Seguridad Social, custodia de menores u otras análogas (art. 7.2).
  • Se pueden ceder datos, sin consentimiento, al Defensor del Pueblo o institución análoga de las Comunidades Autónomas que ejerzan competencias ejecutivas en materia penitenciaria, al Ministerio Fiscal y a los jueces y tribunales en el ejercicio de sus funciones (art. 7.3).

Los datos sobre opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, origen racial y étnico, salud o vida sexual, recabados para formular los modelos individualizados de ejecución o los programas de tratamiento, “sólo podrán ser cedidos o difundidos” con el consentimiento expreso y por escrito del recluso o cuando una ley lo disponga por razones de interés general (art. 8.1). Si los pide un representante, se exige poder especial y bastante donde conste expresamente el consentimiento (art. 8.2).

El recluso puede solicitar la rectificación de datos inexactos o incompletos, y se le informa de la rectificación en el plazo máximo de dos meses desde su solicitud (art. 9.1 RP). Los datos no se cancelan cuando, ponderados los intereses, concurran razones de interés público, de seguridad y de protección de los derechos y libertades de terceros, o cuando tengan valor histórico y estadístico a efectos de investigación (art. 9.2).

Ley Orgánica 3/2018

La LO 3/2018 es la norma general de protección de datos; los tratamientos con fines de ejecución penal tienen su régimen específico (el art. 7.4 RP somete a la LO 7/2021 las cesiones de sus apartados 2 y 3). En la LO 3/2018 se exige que los datos sean exactos y, si fuere necesario, actualizados (art. 4); somete a confidencialidad a responsables, encargados y a toda persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento, obligación que se mantiene aun cuando haya finalizado la relación (art. 5); define el consentimiento como manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca (art. 6); fija en catorce años la edad a partir de la cual un menor puede consentir, salvo los casos en que la ley exija la asistencia de quienes ejercen la patria potestad o tutela (art. 7); exige, para fundar el tratamiento en una obligación legal, una norma de Derecho de la Unión Europea o con rango de ley, y, para fundarlo en el interés público o el ejercicio de poderes públicos, que derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley (art. 8); y establece que, cuando la finalidad principal del tratamiento sea identificar ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico, el solo consentimiento no basta para levantar la prohibición de tratamiento (art. 9.1).

Ejemplo práctico

Llega a un centro una persona detenida por orden de la Policía Judicial. En el momento del ingreso se verifica su identidad, se hace la reseña alfabética, dactilar y fotográfica, se inscribe en el libro de ingresos y se abre su expediente personal, del que tiene derecho a ser informada. Antes de admitirla, se comprueba que la orden contiene los extremos exigidos: datos identificativos, delito imputado, disposición judicial y hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención. Si es extranjera, se le informa de forma comprensible, a ser posible en su idioma, de su derecho a que se avise a su consulado, y se recaba su autorización por escrito. Más tarde, quien solicite mediante representante datos de salud de esa persona recabados para formular su programa de tratamiento necesitará poder especial con consentimiento expreso.

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