Tema 2 — Organizacion territorial del Estado
Desarrollo del tema
Visión de conjunto
El Título VIII de la Constitución organiza territorialmente el Estado: “en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan”, y todas estas entidades “gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses” (art. 137 CE). Para este puesto el tema tiene dos piezas que conviene tener separadas: el reparto de competencias de la Constitución (arts. 148 y 149 CE), y su concreción para el País Vasco en el Estatuto de Autonomía (arts. 10 a 19 EAPV), donde aparece una referencia directa a la materia penitenciaria.
Principios y entes locales
Las diferencias entre los Estatutos no pueden implicar privilegios económicos o sociales (art. 138.2 CE), y todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio (art. 139.1 CE). Los entes territoriales que la Constitución garantiza son tres: municipios, provincias y Comunidades Autónomas; las comarcas no figuran entre ellos.
Los municipios gozan de personalidad jurídica plena y se gobiernan por Ayuntamientos de Alcaldes y Concejales (art. 140 CE). La provincia es una agrupación de municipios; alterar sus límites exige ley orgánica de las Cortes Generales, y su gobierno corresponde a Diputaciones u otras Corporaciones representativas (art. 141 CE). En el País Vasco no rige ese modelo común: la disposición adicional primera CE ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, y cada Territorio Histórico (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) se organiza con Juntas Generales y Diputación Foral, según la Ley 27/1983, de Relaciones entre las Instituciones Comunes y los Órganos Forales.
Acceso a la autonomía
El art. 143 CE permite acceder al autogobierno a las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, a los territorios insulares y a las provincias con entidad regional histórica. La iniciativa corresponde a las Diputaciones interesadas y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla, dentro de los seis meses desde el primer acuerdo de una Corporación local. Si no prospera, solo puede reiterarse pasados cinco años.
El País Vasco no siguió ninguna de las dos vías generales. La disposición transitoria segunda CE permitió proceder directamente, en la forma del art. 148.2 CE, a los territorios que en el pasado hubieran plebiscitado proyectos de Estatuto y contaran con régimen provisional de autonomía, si lo acordaban por mayoría absoluta sus órganos preautonómicos; el proyecto se elabora conforme al art. 151.2 CE. Navarra tiene su propia regla: la disposición transitoria cuarta CE prevé su incorporación al régimen autonómico vasco por iniciativa del órgano foral competente, por mayoría de sus miembros, y ratificación en referéndum; el País Vasco asume su territorio solo si Navarra decide incorporarse (art. 2.2 EAPV).
El art. 151 CE regula una vía más rápida, sin esperar los cinco años del art. 148.2 CE: la iniciativa exige, además de las Diputaciones, a las tres cuartas partes de los municipios de cada provincia que representen la mayoría del censo electoral, y su ratificación en referéndum por la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. Con acuerdo en la Comisión Constitucional del Congreso, el texto se somete a referéndum (mayoría de votos válidos en cada provincia) y lo ratifican después ambas Cámaras; el Rey lo sanciona y promulga como ley.
No se admite la federación de Comunidades Autónomas, y sus acuerdos de cooperación, fuera de los convenios previstos en los Estatutos, necesitan autorización de las Cortes Generales (art. 145 CE).
Los Estatutos de Autonomía (arts. 146, 147 y 152 CE)
Los Estatutos son “la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma” y el Estado los reconoce y ampara como parte de su ordenamiento jurídico (art. 147.1 CE). Contienen la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, sus instituciones y las competencias asumidas (art. 147.2 CE); su reforma requiere, en todo caso, ley orgánica de las Cortes Generales (art. 147.3 CE).
En la vía del art. 151 CE, la organización institucional se basa en una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con representación proporcional, un Consejo de Gobierno y un Presidente elegido por la Asamblea y nombrado por el Rey; un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el territorio (art. 152.1 CE).
Reparto de competencias (arts. 148 y 149 CE)
El art. 148.1 CE enumera materias que las Comunidades “podrán asumir”, como la organización de sus instituciones, la ordenación del territorio y vivienda, la asistencia social y la sanidad; transcurridos cinco años pueden ampliarlas reformando sus Estatutos (art. 148.2 CE).
El art. 149.1 CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre una lista de materias. Entre ellas interesa especialmente la 6.ª: “Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal”, y la salvedad de las necesarias especialidades derivadas de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades se refiere únicamente a la legislación procesal. También le corresponden las relaciones internacionales, la Administración de Justicia y la seguridad pública, sin perjuicio de las policías autonómicas que prevean los Estatutos.
El art. 149.3 CE es la regla de cierre: las materias no atribuidas al Estado “podrán corresponder” a las Comunidades por sus Estatutos; las no asumidas corresponden al Estado, cuyas normas prevalecen en caso de conflicto en lo que no sea de exclusiva competencia autonómica y son supletorias.
Otras vías y controles
El art. 150 CE prevé tres instrumentos de articulación: las leyes marco, por las que las Cortes atribuyen a las Comunidades la facultad de legislar en el marco de principios, bases y directrices estatales (apartado 1); las leyes orgánicas de transferencia o delegación de facultades de titularidad estatal (apartado 2); y las leyes de armonización, que dicta el Estado cuando lo exige el interés general y cuya necesidad aprecian las Cortes por mayoría absoluta de cada Cámara (apartado 3).
El control de las Comunidades (art. 153 CE) corresponde al Tribunal Constitucional (normas con fuerza de ley), al Gobierno con dictamen del Consejo de Estado (funciones delegadas del art. 150.2 CE), a la jurisdicción contencioso-administrativa (administración y reglamentos) y al Tribunal de Cuentas. Si una Comunidad incumple sus obligaciones o atenta gravemente contra el interés general, el Gobierno, si el requerimiento previo a su Presidente no es atendido y con aprobación por mayoría absoluta del Senado, puede adoptar las medidas para obligarla al cumplimiento forzoso (art. 155 CE).
Tribunal Constitucional y reforma de 2026
El Tribunal Constitucional conoce, entre otras cosas, del recurso de inconstitucionalidad y de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades o de éstas entre sí (art. 161.1 CE).
La Constitución ha tenido cuatro reformas: art. 13.2 (1992), art. 135 (2011), art. 49 (2024) y art. 69.3 (2026). Esta última, publicada el 20 de mayo de 2026, hace de cada isla con Cabildo o Consejo Insular una circunscripción senatorial, de modo que Formentera tendrá senador propio desde las primeras elecciones al Senado que se celebren tras su entrada en vigor.
Competencias del Estatuto Vasco (arts. 10 a 19 EAPV)
El art. 10 EAPV enumera las competencias exclusivas de la Comunidad: organización de sus instituciones, régimen local y estatuto de sus funcionarios, derecho civil foral, asistencia social, cultura y ordenación del territorio, entre otras. La que más interesa a esta oposición es el apartado 14: la “organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria”.
Después viene la gradación de competencias. El art. 11 EAPV recoge el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, por ejemplo en medio ambiente o contratos administrativos. El art. 12 EAPV atribuye a la Comunidad “la ejecución de la legislación del Estado” en materias como la legislación penitenciaria (apartado 1) y la legislación laboral (apartado 2).
En justicia, la Comunidad ejerce en su territorio, exceptuada la jurisdicción militar, las facultades que las leyes orgánicas del Poder Judicial reconozcan al Gobierno, mientras que corresponde íntegramente al Estado el derecho de gracia y la organización y el funcionamiento del Ministerio Fiscal (art. 13 EAPV).
El art. 17 EAPV regula la Policía Autónoma, cuyo mando supremo corresponde al Gobierno Vasco, con una Junta de Seguridad paritaria para coordinarla con los Cuerpos estatales.
El traspaso de los servicios penitenciarios se hizo efectivo el 1 de octubre de 2021 mediante el Real Decreto 474/2021 y el Decreto vasco 169/2021 (véase el tema 14). Lo transferido es la ejecución y la gestión, no la legislación: la Comunidad no puede modificar, por ejemplo, el régimen de sanciones de la normativa penitenciaria estatal.
Ejemplo práctico
Un Ayudante de Ejecución Penal que trabaja en un centro penitenciario del País Vasco explica a un compañero recién llegado de otra comunidad cómo se reparten las competencias en la materia. La legislación penitenciaria es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.6.ª CE), pero el Estatuto atribuye a la Comunidad Autónoma la ejecución de esa legislación estatal (art. 12.1 EAPV) y la organización, régimen y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, conforme a la legislación general en materia penal y penitenciaria (art. 10.14 EAPV). Por eso, concluye, la legislación penitenciaria corresponde al Estado y su ejecución, en su territorio, a la Comunidad.