Tema 10 — Penas y extincion de responsabilidad penal
Desarrollo del tema
Clasificación de las penas (art. 33 CP)
Según su naturaleza y duración, las penas son graves, menos graves y leves (art. 33.1 CP).
- Graves: la prisión permanente revisable, la prisión superior a cinco años, la inhabilitación absoluta y las inhabilitaciones especiales por más de cinco años, entre otras.
- Menos graves: la prisión de tres meses hasta cinco años, la multa de más de tres meses, la multa proporcional y los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año, entre otras.
- Leves: la multa de hasta tres meses, la localización permanente de un día a tres meses y los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días, entre otras.
Las penas accesorias duran lo que la principal, salvo disposición expresa en contrario (art. 33.6 CP), y las aplicables a las personas jurídicas son todas graves (art. 33.7 CP).
Penas privativas de libertad
Son privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Su cumplimiento y los beneficios penitenciarios que acorten la condena se ajustan a las leyes y al Código (art. 35 CP).
Prisión
La pena de prisión tiene una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos (art. 36.2 CP). Sobre la clasificación: cuando la pena de prisión impuesta es superior a cinco años, el juez o tribunal puede ordenar que la clasificación en tercer grado no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena. En ciertos delitos enumerados (terrorismo, organización o grupo criminal, entre otros) esa regla es obligatoria si la pena supera los cinco años. La autoridad judicial de vigilancia penitenciaria puede acordar razonadamente, con pronóstico individualizado y favorable de reinserción, la aplicación del régimen general de cumplimiento, salvo en esos supuestos (art. 36.3). La progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de enfermos muy graves con padecimientos incurables y de septuagenarios puede acordarse previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, valorando especialmente la escasa peligrosidad (art. 36.4).
Prisión permanente revisable
Se revisa conforme al art. 92 CP (art. 36.1 CP). La clasificación en tercer grado debe ser autorizada por el tribunal, previo pronóstico favorable de reinserción social y oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no puede efectuarse hasta cumplidos veinte años de prisión efectiva si el penado lo fue por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II (terrorismo), o quince años en el resto de casos. Los permisos de salida no pueden disfrutarse hasta cumplidos doce años en el primer caso y ocho en el segundo.
Según el art. 92 CP, el tribunal acuerda la suspensión de la ejecución cuando el penado haya cumplido veinticinco años de condena (requisito temporal general, con la salvedad de un régimen especial previsto en el propio precepto), esté clasificado en tercer grado y exista un pronóstico favorable de reinserción social, valorado a la vista de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario. En los delitos de terrorismo se exige además mostrar signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios de la actividad terrorista y haber colaborado activamente con las autoridades. La suspensión dura de cinco a diez años.
Localización permanente
Dura hasta seis meses y obliga al penado a permanecer en su domicilio o en el lugar que fije el Juez (art. 37.1 CP).
Penas privativas de derechos
El art. 39 CP las enumera: inhabilitación absoluta y especial, suspensión de empleo o cargo público, privación del derecho a conducir y de tenencia y porte de armas, privación del derecho a residir en determinados lugares, prohibición de aproximarse a la víctima o comunicarse con ella, trabajos en beneficio de la comunidad y privación de la patria potestad.
Duraciones (art. 40 CP): inhabilitación absoluta, de seis a 20 años; especial, de tres meses a 20; suspensión de empleo o cargo público, de tres meses a seis años; trabajos en beneficio de la comunidad, de un día a un año.
Trabajos en beneficio de la comunidad (art. 49 CP)
No puede imponerse sin el consentimiento del condenado, le obliga a prestar su cooperación no retribuida en actividades de utilidad pública y su duración diaria no puede exceder de ocho horas. La ejecución se desarrolla bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, no atenta contra la dignidad del penado y es facilitada por la Administración. Los servicios sociales penitenciarios comunican al Juez de Vigilancia las incidencias relevantes y, en todo caso, si el penado se ausenta al menos dos jornadas laborales con rechazo voluntario, si su rendimiento es sensiblemente inferior al mínimo exigible pese a los requerimientos, si incumple reiterada y manifiestamente las instrucciones del responsable o si su conducta hace que este se niegue a mantenerlo. Valorado el informe, el Juez puede acordar la ejecución en el mismo centro, el envío a otro centro para finalizarla o entender que ha incumplido.
La multa (arts. 50, 52 y 53 CP)
Se impone, salvo que la ley disponga otra cosa, por el sistema de días-multa: extensión mínima de diez días y máxima de dos años; cuota diaria de dos a 400 euros. Para las personas jurídicas la extensión máxima es de cinco años y la cuota diaria va de 30 a 5.000 euros. La multa proporcional se establece en proporción al daño causado, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado (art. 52 CP).
Si el condenado no satisface la multa, ni voluntariamente ni por vía de apremio, queda sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas (art. 53.1 CP). En la multa proporcional, los jueces fijan la responsabilidad subsidiaria según su prudente arbitrio, sin exceder de un año (art. 53.2). No se impone a condenados a condenados a pena privativa de libertad superior a cinco años (art. 53.3).
Abono de la prisión provisional (art. 58 CP)
El tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente se abona en su totalidad para el cumplimiento de la pena impuesta en la causa en que se acordó, salvo que haya coincidido con otra privación de libertad abonada o abonable en otra causa; un mismo periodo no puede abonarse en más de una causa. El abono en causa distinta lo acuerda el Juez de Vigilancia Penitenciaria, previa audiencia del fiscal y comprobación de que el periodo no ha sido abonado en otra causa, y solo procede si la prisión provisional es posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se abona.
Aplicación de las penas
Cuando la ley establece una pena, se entiende impuesta a los autores del delito consumado (art. 61 CP). A los autores de tentativa se les impone la pena inferior en uno o dos grados (art. 62) y a los cómplices, la inferior en grado (art. 63). Con eximente incompleta, la pena inferior en uno o dos grados (art. 68).
En delitos dolosos, el art. 66.1 CP ordena así según las circunstancias:
- una sola atenuante: mitad inferior de la pena;
- dos o más atenuantes, o una o varias muy cualificadas, sin agravantes: inferior en uno o dos grados;
- una o dos agravantes: mitad superior;
- más de dos agravantes sin atenuantes: puede aplicarse la pena superior en grado, en su mitad inferior;
- atenuantes y agravantes a la vez: se valoran y compensan racionalmente.
En delitos leves e imprudentes, los jueces aplican las reglas a su prudente arbitrio, salvo lo dispuesto para los tipos agravados por multirreincidencia de delitos leves (art. 66.2). La inferior en grado a la prisión permanente es la prisión de veinte a treinta años (art. 70.4).
Pluralidad de delitos
Al responsable de dos o más delitos se le imponen todas las penas para su cumplimiento simultáneo si es posible (art. 73); si no, sucesivamente por orden de gravedad (art. 75). El máximo de cumplimiento efectivo no puede exceder del triple de la más grave de las penas, con tope de 20 años, ampliable excepcionalmente a 25, 30 o 40 años en los supuestos del art. 76.1 CP; si alguno de los delitos está castigado con prisión permanente revisable, el precepto remite a la regulación específica del art. 92.
Extinción de la responsabilidad criminal (art. 130 CP)
Se extingue: por muerte del reo; cumplimiento de la condena; remisión definitiva de la pena; amnistía o indulto; perdón de la persona ofendida, en delitos leves perseguibles a instancia del agraviado o cuando la ley lo prevea, otorgado expresamente antes de dictarse sentencia; prescripción del delito; y prescripción de la pena o de la medida de seguridad. En delitos contra menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que afecten a bienes eminentemente personales, el perdón no extingue la responsabilidad.
Ejemplo práctico
Un penado condenado a trabajos en beneficio de la comunidad deja de acudir durante dos jornadas laborales seguidas sin justificar la ausencia. Con arreglo al art. 49.6.ª CP, los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunican al Juez de Vigilancia Penitenciaria la incidencia si la ausencia supone rechazo voluntario al cumplimiento. Valorado el informe, el Juez puede acordar la ejecución en el mismo centro, enviarlo a otro para que la finalice o entender que ha incumplido. Si la falta hubiera sido por causa justificada, no se entendería abandono, aunque el trabajo perdido no se le computaría (art. 49.7.ª CP).