Tema 11 — Proceso penal: procedimientos y recursos
Desarrollo del tema
Qué cubre este capítulo
El epígrafe oficial incluye también los procedimientos (ordinario, jurado, abreviado y delitos leves) y el habeas corpus, pero su regulación detallada no figura entre el material de referencia de este capítulo, por lo que se remite a la lectura directa de la norma. Aquí se desarrollan el marco constitucional, la competencia, las acciones, la defensa, las resoluciones, los recursos, la instrucción y el sobreseimiento.
El proceso penal y su base constitucional
El proceso penal es el cauce para imponer una pena. El art. 1 LECrim lo expresa con una regla de legalidad: no se impone pena alguna por actos punibles cuya represión incumba a la jurisdicción ordinaria sino de conformidad con la propia Ley o las leyes especiales y en virtud de sentencia dictada por Juez competente.
La Constitución fija las líneas maestras:
- Jurisdicción (art. 117 CE): la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. La potestad jurisdiccional, “juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado”, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes. Se prohíben los Tribunales de excepción.
- Cumplimiento de las resoluciones (art. 118 CE): es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales y prestar la colaboración que estos requieran en el proceso y en la ejecución de lo resuelto.
- Publicidad y oralidad (art. 120 CE): las actuaciones son públicas, con las excepciones de las leyes de procedimiento; el procedimiento es predominantemente oral, sobre todo en materia criminal; las sentencias son siempre motivadas y se pronuncian en audiencia pública.
- Ministerio Fiscal (art. 124 CE): promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, con unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción a la legalidad e imparcialidad.
- Acción popular y jurado (art. 125 CE): los ciudadanos pueden ejercer la acción popular y participar mediante el Jurado en los procesos penales que la ley determine.
Derechos procesales fundamentales
El art. 24 CE reconoce a todas las personas el derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales sin indefensión (apartado 1) y, en el apartado 2, el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. El art. 17 CE regula la detención: no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, como máximo, setenta y dos horas; el detenido debe ser informado de forma inmediata de sus derechos y de las razones de su detención, no puede ser obligado a declarar y tiene garantizada la asistencia de abogado. El art. 17.4 CE ordena a la ley regular un procedimiento de “habeas corpus” para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
Derecho de defensa (art. 118 LECrim)
Toda persona a quien se atribuya un hecho punible puede ejercitar el derecho de defensa desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento. Se le instruye sin demora injustificada de sus derechos, entre ellos: ser informado de los hechos atribuidos; examinar las actuaciones antes de la declaración; designar libremente abogado; solicitar asistencia jurídica gratuita; guardar silencio; y no declarar contra sí mismo ni confesarse culpable. El derecho de defensa se ejerce sin más limitaciones que las previstas en la ley, desde la atribución del hecho hasta la extinción de la pena, y comprende la asistencia de un abogado de libre designación o, en su defecto, de oficio, con el que el investigado puede entrevistarse reservadamente. Las comunicaciones entre el investigado y su abogado son confidenciales, salvo que haya indicios objetivos de participación del abogado en el hecho investigado o de su implicación junto con el investigado en otra infracción penal, y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Penitenciaria (art. 118.4).
Competencia penal (art. 14 LECrim)
Fuera de los casos que atribuyen expresamente la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales determinados:
- los juicios por delito leve los conoce y falla la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia;
- la instrucción de las causas corresponde a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido donde se cometió el delito, o al Juez Central de Instrucción respecto de los delitos que la ley determine;
- el conocimiento y fallo de las causas por delitos con pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años, o multa de cualquier cuantía, o penas de otra naturaleza que no excedan de diez años de duración, corresponde a la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia, o al Juez Central de lo Penal en su ámbito (en los delitos del título VIII del libro II del Código Penal solo se tienen en cuenta, para fijar la competencia, las penas de prisión o multa);
- en los demás casos, a la Audiencia Provincial o a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; y, en los supuestos de competencia de la Audiencia Provincial, si el delito es de los atribuidos al Tribunal de Jurado, este conoce y falla.
Acciones y partes
De todo delito nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también acción civil para restituir la cosa, reparar el daño e indemnizar los perjuicios (art. 100 LECrim). La acción penal es pública y todos los ciudadanos españoles pueden ejercitarla con arreglo a la ley (art. 101). Los funcionarios del Ministerio Fiscal tienen la obligación de ejercitar todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular, salvo las que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada (art. 105.1).
Resoluciones judiciales (art. 141 LECrim)
- Providencias: resuelven cuestiones procesales reservadas al Juez que no requieran legalmente forma de auto.
- Autos: deciden incidentes o puntos esenciales que afecten directamente a las partes, la competencia, los recursos contra providencias o decretos, la prisión o libertad provisional, la admisión o denegación de prueba, o que afectan a un derecho fundamental. Son siempre fundados.
- Sentencias: deciden definitivamente la cuestión criminal. Son firmes cuando no cabe contra ellas recurso alguno ordinario ni extraordinario, salvo los de revisión y rehabilitación. La ejecutoria es el documento en que se consigna una sentencia firme.
Recursos contra las resoluciones del Juez de Instrucción
Contra sus resoluciones pueden ejercitarse los recursos de reforma, apelación y queja (art. 216 LECrim):
- Reforma: contra todos los autos del Juez de Instrucción.
- Apelación: solo en los casos determinados en la ley, y en ambos efectos únicamente cuando ella lo disponga (art. 217).
- Queja: contra todos los autos no apelables y contra las resoluciones que deniegan la admisión de un recurso de apelación (art. 218).
Las fases: instrucción y paso a juicio
El sumario son las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias (art. 299 LECrim). Las partes personadas pueden tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias. Si el delito es público, el Juez de Instrucción puede declararlas total o parcialmente secretas mediante auto, por tiempo no superior a un mes, cuando sea necesario para evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona o para prevenir una situación que comprometa gravemente la investigación (art. 302).
La investigación judicial se desarrolla en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa, con posibles prórrogas sucesivas, por auto razonado, de periodos iguales o inferiores a seis meses (art. 324.1). El juez concluye la instrucción cuando entiende que ha cumplido su finalidad (art. 324.4). Si el instructor considera terminado el sumario, lo declara así y remite los autos y las piezas de convicción al Tribunal competente (art. 622).
Sobreseimiento
- Libre (art. 637): cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho, cuando el hecho no sea constitutivo de delito o cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores.
- Provisional (art. 641): cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito, o cuando resulte haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas.
Ejemplo práctico
Un interno preventivo pide hablar con su abogado antes de volver a declarar ante el Juzgado. El art. 118.2 LECrim reconoce al investigado la asistencia de un abogado de libre designación o, en su defecto, de oficio, con el que puede comunicarse y entrevistarse reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaración, sin perjuicio de las restricciones que la propia ley prevé. Y el art. 118.4 declara confidenciales todas las comunicaciones entre el investigado y su abogado, de modo que, si se hubieran captado o intervenido en alguna diligencia regulada en la ley, el juez ordena eliminar la grabación o entregar al destinatario la correspondencia detenida, salvo que haya indicios objetivos de participación del abogado en el hecho investigado o de su implicación con el investigado en otra infracción penal, y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Penitenciaria.