Tema 23 — Programas y actividades
Desarrollo del tema
Idea general del tema
Este tema reúne las actividades educativas, formativas, culturales, deportivas y de apoyo comunitario que forman parte del tratamiento penitenciario. Se apoya en el art. 2 RP (fines), el art. 56 LOGP (enseñanza y universidad) y el art. 118 RP (programación), y se completa con los preceptos de la LOGP y del Reglamento que regulan la enseñanza, las bibliotecas, la formación profesional y las actividades socioculturales y deportivas.
El fin que lo justifica (art. 2 RP)
El art. 2 RP dice que la actividad penitenciaria tiene como fin primordial “la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas de seguridad privativas de libertad”, así como “la retención y custodia de los detenidos, presos y penados y la asistencia social de los internos, liberados y de sus familiares”. Es una pregunta típica: el fin primordial es la reeducación y la reinserción social; la custodia y la asistencia social van a continuación. Esta idea sirve de criterio para responder a las preguntas sobre la finalidad de las actividades y de la colaboración de entidades externas: se orientan a la reeducación y reinserción social de las personas internas.
La enseñanza y la formación (art. 56 LOGP)
El art. 56 LOGP ordena que la Administración organice las actividades educativas, culturales y profesionales “de acuerdo con el sistema oficial, de manera que los internos puedan alcanzar las titulaciones correspondientes”. La obligación de la Administración es organizarlas conforme al sistema oficial para posibilitar esas titulaciones.
Educación universitaria
Para que los internos accedan al servicio público de la educación universitaria, el art. 56.2 LOGP exige que la Administración penitenciaria suscriba, previos los informes de ámbito educativo que se estimen pertinentes, los oportunos convenios con universidades públicas. Esos convenios garantizan que la enseñanza se imparta con el rigor y la calidad propios de estos estudios, adaptando, en lo que sea preciso, la metodología pedagógica a las circunstancias del ámbito penitenciario. Cualquier alteración del régimen y estructura de la enseñanza prevista en ellos, modificación, prórroga o extensión a nuevas partes firmantes, debe ser autorizada por la Administración penitenciaria.
Por la movilidad de la población reclusa y la naturaleza no presencial de estos estudios, los convenios se suscriben “preferentemente” con la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Las Administraciones penitenciarias competentes también pueden celebrar convenios con universidades de su ámbito, en los mismos términos.
La programación de las actividades (art. 118 RP)
El art. 118 RP fija quién decide y a partir de qué:
- Las actividades educativas, formativas, socioculturales y deportivas las determina el Consejo de Dirección.
- Lo hace teniendo en cuenta los planes de actuación del Centro Directivo.
- Parte de los programas individualizados elaborados por las Juntas de Tratamiento.
Hay una cadena lógica: la Junta de Tratamiento elabora programas individualizados, y el Consejo de Dirección programa las actividades del centro sobre esa base.
El apartado 2 se ocupa de los extranjeros: tienen las mismas posibilidades de acceso a la formación y educación que los nacionales. Con este fin, la Administración procurará facilitarles los medios adecuados para aprender el idioma castellano y “la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma donde radique el Centro penitenciario”.
Enseñanza y formación básica
El art. 55 LOGP dispone que en cada establecimiento exista una escuela en la que se desarrolle la instrucción de los internos, “y en especial, de los analfabetos y jóvenes”. Las enseñanzas se ajustarán en lo posible a la legislación vigente en materia de educación y formación profesional, y la Administración fomentará el interés por el estudio y dará las máximas facilidades a quienes no puedan seguir los cursos en el exterior para que lo hagan por correspondencia, radio o televisión.
El Reglamento concreta esa organización:
- Al ingresar, los internos sin las titulaciones de las enseñanzas obligatorias son examinados por el Maestro para conocer su nivel de instrucción y su perfil educativo y determinar el ciclo de enseñanza obligatoria en que se incluyen (art. 122.1 RP).
- Los servicios educativos determinan los cursos, que son obligatorios “sólo cuando los internos carezcan de los conocimientos propios de la formación de las enseñanzas básicas” (art. 122.2 RP). En lo académico, la actividad educativa se ajusta a lo que dispongan las autoridades educativas bajo cuyo ámbito se encuentre el establecimiento (art. 122.3 RP).
- En cada centro existen una o varias Unidades Educativas para los cursos obligatorios de formación básica, y Maestros responsables de las actividades educativas, que imparten las enseñanzas y son responsables de la educación presencial y a distancia (art. 126 RP).
- La formación básica de analfabetos, jóvenes, extranjeros y personas con problemas específicos de acceso a la educación tiene carácter prioritario (art. 123 RP).
Acceso, tutorías, incentivos y traslados
La Administración Penitenciaria facilita el acceso a programas educativos de enseñanzas regladas y no regladas y promueve, mediante acuerdos con instituciones públicas y privadas, que los internos puedan cursar los distintos niveles del sistema educativo. Si la participación implica modificaciones regimentales, debe solicitarse autorización a la Dirección del Establecimiento, que puede denegarla por razones de seguridad (art. 124 RP).
La tutoría y orientación forman parte de la función docente y cada grupo de alumnos tiene un profesor tutor; los servicios educativos garantizan la orientación académica, psicopedagógica y profesional (art. 120 RP). El seguimiento con aprovechamiento de las actividades se estimula mediante beneficios penitenciarios y recompensas (art. 119 RP).
Bibliotecas y lectura
En cada establecimiento existe una biblioteca provista de libros adecuados a las necesidades culturales y profesionales de los internos (art. 57 LOGP). El art. 127 RP añade una sala de lectura, bajo la responsabilidad del Maestro que se determine; los internos pueden colaborar en la gestión de la biblioteca, proponer adquisiciones y tienen derecho a utilizar sus fondos.
Los internos tienen derecho a disponer de libros, periódicos y revistas de libre circulación en el exterior, con las limitaciones que, en casos concretos, aconsejen las exigencias del tratamiento individualizado. Esas limitaciones exigen resolución motivada: del equipo de observación y tratamiento según el art. 58 LOGP y de la Junta de Tratamiento según el art. 128.1 RP, que añade que la resolución se notifica al interno, quien puede acudir en queja ante el Juez de Vigilancia.
Formación profesional y actividades socioculturales
Los internos con baja cualificación profesional realizan los cursos de formación profesional y ocupacional que se les asignen según las directrices de la Junta de Tratamiento. Los cursos se organizan con arreglo a los planes existentes para los restantes ciudadanos y constan de parte teórica y práctica (art. 130 RP).
Las actividades culturales, deportivas y de apoyo se programan con arreglo a las directrices del Centro Directivo y según las necesidades detectadas por las Juntas de Tratamiento, para conseguir el desarrollo integral de los internos. Los internos pueden proponer las que deseen y la Administración promueve la máxima participación. La Junta de Tratamiento coordina estas actividades y la participación de los internos, los profesionales del centro y los colaboradores sociales del exterior, y se forma una cartilla con todas las actuaciones formativas, laborales, socioculturales y deportivas del interno (art. 131 RP).
Participación del Tercer sector
El art. 62 RP regula las entidades colaboradoras. Las instituciones y asociaciones públicas y privadas dedicadas a la asistencia de los reclusos deben presentar, para su aprobación por el Centro Directivo, la solicitud de colaboración junto con el programa concreto de intervención penitenciaria que quieran desarrollar. El programa debe recoger expresamente, entre otros extremos, los objetivos, su duración temporal, el colectivo de reclusos y los indicadores de evaluación del impacto y de los resultados (art. 62.1 RP).
Aprobados la solicitud y el programa por el Centro Directivo, previo informe de la Junta de Tratamiento del centro, la entidad debe inscribirse para poder actuar en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras gestionado por el Centro Directivo; esa inscripción tiene carácter meramente declarativo (art. 62.2 RP). Al terminar el programa, la entidad elabora un estudio de evaluación del impacto y resultados que, junto con el informe de la Junta de Tratamiento, remite el Director al Centro Directivo (art. 62.3 RP).
Con carácter general, el Reglamento facilita la colaboración y participación de ciudadanos e instituciones o asociaciones públicas o privadas (art. 111.3 RP) y la Administración tiene en cuenta los recursos de la comunidad (art. 113.2 RP). Según el art. 2 RP, la actividad penitenciaria persigue la reeducación y reinserción social de los sentenciados, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados y la asistencia social de internos, liberados y familiares.
Resumen para repasar
- Art. 2 RP: fin primordial, reeducación y reinserción social.
- Art. 56 LOGP: actividades educativas, culturales y profesionales conforme al sistema oficial; convenios con universidades públicas, preferentemente la UNED.
- Art. 118 RP: el Consejo de Dirección determina las actividades a partir de los programas individualizados de las Juntas de Tratamiento; igualdad de los extranjeros y apoyo con el idioma.
Ejemplo práctico
Un interno extranjero, recién llegado a un módulo, quiere matricularse en un curso de formación y apenas domina el castellano. El Ayudante le explica cómo solicitarlo y avisa al Equipo Técnico. Conforme al art. 118.2 RP, los reclusos extranjeros tienen las mismas posibilidades de acceso a la formación que los nacionales, y la Administración procurará facilitarles medios para aprender el castellano y la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma donde se encuentra el centro. La actividad concreta que se le ofrezca la programa el Consejo de Dirección a partir del programa individualizado que elabore la Junta de Tratamiento (art. 118.1 RP).
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