Tema 6 — Proteccion de datos personales
Desarrollo del tema
Qué es este tema y qué cubre
La Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) adapta el ordenamiento español al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) “y completar sus disposiciones” (art. 1 LOPDGDD) y garantiza los derechos digitales conforme al art. 18.4 de la Constitución. Muchos de sus artículos remiten al Reglamento, así que este capítulo combina las dos normas: conceptos y principios, bases de licitud, derechos, categorías especiales y deberes del responsable.
Ámbito de aplicación (arts. 2 y 3 LOPDGDD)
El art. 2.1 aplica los Títulos I a IX y los arts. 89 a 94 a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales y al no automatizado de datos contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. No se aplica a los tratamientos excluidos por el art. 2.2 RGPD (sin perjuicio de los apartados 3 y 4 de ese art. 2), a los de personas fallecidas (sin perjuicio del art. 3) ni a los de materias clasificadas. Según el art. 2.3, los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el RGPD por afectar a actividades no comprendidas en el Derecho de la Unión se rigen por su legislación específica y, supletoriamente, por el Reglamento y la ley orgánica; la ley cita, “entre otros”, los realizados “en el ámbito de instituciones penitenciarias”. Para los tratamientos con fines de ejecución de sanciones penales rige la Ley Orgánica 7/2021, que transpone la Directiva (UE) 2016/680. Sobre las personas fallecidas (art. 3), sus familiares, allegados y herederos pueden solicitar acceso, rectificación o supresión, salvo prohibición expresa del fallecido o de la ley; esa prohibición no afecta al acceso de los herederos a los datos patrimoniales.
Principios (art. 5 RGPD) y confidencialidad
Los datos personales serán: tratados de manera lícita, leal y transparente; recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos y no tratados después de forma incompatible con ellos (limitación de la finalidad); adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario (minimización); exactos y, si fuera necesario, actualizados (exactitud); mantenidos de forma identificable no más tiempo del necesario, con excepciones para archivo en interés público, investigación científica o histórica y estadística (limitación del plazo de conservación); y tratados con seguridad adecuada (integridad y confidencialidad). El art. 5.2 añade la responsabilidad proactiva: el responsable debe cumplir y ser capaz de demostrarlo.
El art. 4 LOPDGDD precisa la exactitud: no es imputable al responsable la inexactitud de datos obtenidos del afectado, de un mediador que, según las normas sectoriales, recoja los datos en nombre propio para transmitirlos al responsable, de otro responsable por portabilidad o de un registro público, si adoptó todas las medidas razonables para suprimirlos o rectificarlos sin dilación. El deber de confidencialidad (art. 5) alcanza a responsables, encargados y a todas las personas que intervengan en el tratamiento, y se mantiene “aun cuando hubiese finalizado la relación” con ellos.
Bases de legitimación
El art. 6.1 RGPD exige al menos una de seis condiciones, todas en el mismo plano (en las de las letras b) a f) el tratamiento debe ser necesario y el interés legítimo cede si prevalecen los derechos del interesado): consentimiento, ejecución de un contrato, obligación legal, intereses vitales, misión de interés público o ejercicio de poderes públicos, e interés legítimo. Este último “no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones”.
Consentimiento (arts. 6 y 7 LOPDGDD). Es toda manifestación de voluntad “libre, específica, informada e inequívoca”, mediante una declaración o una clara acción afirmativa. Si se funda en él para varias finalidades, debe constar de manera específica que se otorga para todas, y no se puede supeditar un contrato a consentir finalidades ajenas. Para los menores de catorce años solo es lícito el tratamiento si consta el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela (art. 7).
Obligación legal y poderes públicos (art. 8). El tratamiento fundado en una obligación legal exige una norma de Derecho de la Unión o con rango de ley; el fundado en una misión de interés público o en poderes públicos, que derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.
Categorías especiales y datos penales (arts. 9 y 10)
El art. 9.1 RGPD prohíbe tratar datos que revelen origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas o afiliación sindical, y los datos genéticos, biométricos dirigidos a identificar de forma unívoca, de salud o de vida u orientación sexual, salvo las excepciones del art. 9.2. Según el art. 9.1 LOPDGDD, “el solo consentimiento del afectado no bastará” para levantar la prohibición cuando la finalidad principal del tratamiento sea identificar la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. Los tratamientos de las letras g), h) e i) del art. 9.2 RGPD fundados en Derecho español deben estar amparados en una norma con rango de ley.
Los datos sobre condenas e infracciones penales no son categoría especial del art. 9, sino que se rigen por el art. 10 RGPD y, para fines distintos de la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones, solo pueden tratarse si los ampara una norma de la Unión o con rango de ley; fuera de esos casos, solo abogados y procuradores pueden hacerlo para recoger la información de sus clientes (art. 10 LOPDGDD).
Información y derechos (arts. 11 a 18 LOPDGDD)
Cuando los datos se obtienen del afectado, el responsable puede facilitar una información básica (identidad del responsable y de su representante, finalidad, posibilidad de ejercer los derechos de los arts. 15 a 22 RGPD y, si se elaboran perfiles, esa circunstancia) e indicar un medio de acceso sencillo al resto (art. 11). Los derechos pueden ejercerse directamente o por representante, y los titulares de la patria potestad podrán ejercerlos en nombre de los menores de catorce años (art. 12). El responsable debe informar de lo actuado sobre una solicitud en el plazo de un mes desde su recepción (art. 12.3 RGPD), prorrogable otros dos meses si es necesario por la complejidad o el número de solicitudes, comunicando la prórroga y sus motivos dentro del primer mes.
Después, cada derecho: acceso (art. 13, se entiende otorgado si se facilita al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro que garantice de modo permanente el acceso a todos sus datos), rectificación (art. 14), supresión (art. 15; en la oposición a la mercadotecnia directa pueden conservarse los datos identificativos necesarios para impedir futuros tratamientos con ese fin), limitación (art. 16, debe constar claramente en los sistemas), portabilidad (art. 17) y oposición (art. 18).
Seguridad, delegado y régimen sancionador
La violación de la seguridad de los datos se notifica a la autoridad de control sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de tener constancia de ella, salvo que sea improbable que suponga un riesgo para los derechos y libertades (art. 33 RGPD). Deben designar un delegado de protección de datos los responsables y encargados en los supuestos del art. 37.1 RGPD y de la lista del art. 34.1 LOPDGDD; la designación se comunica en diez días a la autoridad (art. 34.3). Si el delegado es persona física integrada en la organización, no puede ser removido ni sancionado por el responsable o encargado por desempeñar sus funciones salvo dolo o negligencia grave (art. 36) y puede atender reclamaciones previas del afectado, a las que responde en dos meses (art. 37).
Las administraciones públicas tienen un régimen propio (art. 77): ante una infracción, la autoridad de protección de datos dicta resolución declarándola y estableciendo las medidas que procedan, sin la multa administrativa del art. 58.2.i RGPD, y propone iniciar actuaciones disciplinarias si hay indicios suficientes.
Datos de las personas internas (art. 15 bis LOGP y arts. 6 y 7 RP)
Los datos de los internos se rigen por la Ley Orgánica 7/2021 (art. 2.3 LOPDGDD y art. 15 bis.2 LOGP) y por tres preceptos:
- Art. 15 bis LOGP (añadido por la LO 7/2021). Al ingresar se abre el expediente personal, con reseña alfabética, dactilar y fotográfica, sobre el que se reconoce el derecho de acceso, limitado solo “de forma individualizada y fundamentada” por razones de seguridad o tratamiento. Los datos de categorías especiales no incluidos en ese apartado se tratan con consentimiento; solo se prescinde de él si es estrictamente necesario y con garantías adecuadas.
- Art. 6 RP. Ninguna decisión que implique apreciar el comportamiento de los reclusos puede fundamentarse exclusivamente en un tratamiento automatizado que defina su perfil o personalidad (apartado 1).
- Art. 7 RP. No hace falta consentimiento del interno para recoger sus datos en el ejercicio de las funciones penitenciarias, salvo en los supuestos del art. 15 bis LOGP (apartado 1), ni para cederlos a otras Administraciones que los necesiten para sus funciones respecto de los internos (servicios sociales, Seguridad Social, custodia de menores u otras análogas; apartado 2), ni al Defensor del Pueblo, al Ministerio Fiscal o a Jueces y Tribunales (apartado 3). Las cesiones se ajustan a la LO 7/2021 (apartado 4).
Ejemplo práctico
Una interna pide por escrito, en el centro, conocer qué datos suyos conserva la Administración penitenciaria y una de sus familiares quiere saber si puede hacer lo mismo en su nombre. El Ayudante de Ejecución Penal que recibe el escrito no resuelve por su cuenta: lo registra y lo traslada por el cauce que corresponda. Debe recordar dos cosas del art. 12 LOPDGDD: los derechos pueden ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario, y el responsable no puede denegar el ejercicio por el solo motivo de que se haya elegido un medio distinto al previsto. Además, el art. 2.3 recuerda que los tratamientos en el ámbito de instituciones penitenciarias se rigen por su legislación específica y, supletoriamente, por el RGPD y esta ley.