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Tema 8 — Responsabilidad patrimonial

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Desarrollo del tema

Idea general

El tema responde a una pregunta: cuando un particular sufre un daño por la actuación de una Administración, ¿quién responde y cómo se compensa? El texto de referencia es la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 32 a 37. La regla de partida es que responde la Administración frente al particular; la responsabilidad de las autoridades y del personal por daños ya indemnizados a terceros se exige después, mediante la acción de regreso de la propia Administración.

Principios de la responsabilidad (art. 32)

El art. 32.1 Ley 40/2015 reconoce a los particulares el derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas “de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos”, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Hay dos límites: la fuerza mayor y los daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Además, la anulación de actos o disposiciones, en vía administrativa o contencioso-administrativa, no presupone por sí misma derecho a indemnización.

El daño alegado debe cumplir tres condiciones (art. 32.2):

  • Ser efectivo.
  • Ser evaluable económicamente.
  • Ser individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

Responsabilidad por actos legislativos

El art. 32.3 reconoce el derecho a indemnización por lesiones derivadas de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria que el particular no tenga el deber de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen. Además, la responsabilidad del Estado legislador puede surgir en dos supuestos, si concurren los requisitos anteriores:

  • Norma con rango de ley declarada inconstitucional (art. 32.4): procede indemnizar cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que causó el daño, siempre que hubiera alegado la inconstitucionalidad declarada después.
  • Norma contraria al Derecho de la Unión Europea (art. 32.5): el tenor literal del artículo exige la misma sentencia firme desestimatoria y la alegación de la infracción, y además tres requisitos acumulativos: que la norma tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que el incumplimiento esté suficientemente caracterizado y que exista relación de causalidad directa entre el incumplimiento y el daño.

La sentencia que declare la inconstitucionalidad o la contrariedad al Derecho de la Unión produce efectos desde su publicación en el BOE o en el Diario Oficial de la Unión Europea, salvo que establezca otra cosa (art. 32.6).

Otras reglas del art. 32: la responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial (apartado 7); el Consejo de Ministros fija el importe de las indemnizaciones cuando el Tribunal Constitucional haya declarado un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad, en un procedimiento que tramita el Ministerio de Justicia con audiencia al Consejo de Estado (apartado 8); y para los daños causados a terceros durante la ejecución de contratos por una orden inmediata y directa de la Administración o por vicios del proyecto elaborado por ella se sigue el procedimiento de la ley de procedimiento común, sin perjuicio de las especialidades de la normativa de contratos (apartado 9).

Responsabilidad concurrente (art. 33)

Cuando varias Administraciones actúan mediante fórmulas conjuntas, responden frente al particular “en todo caso, de forma solidaria”, y el instrumento regulador puede distribuir la responsabilidad entre ellas. En otros supuestos de concurrencia en la producción del daño, se fija para cada Administración atendiendo a la competencia, el interés público tutelado y la intensidad de la intervención; es solidaria cuando no sea posible esa determinación. En los supuestos de actuación conjunta, la Administración competente para incoar, instruir y resolver es la fijada en los estatutos o reglas de la organización colegiada y, en su defecto, la que tenga mayor participación en la financiación del servicio; en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, esa Administración debe consultar a las demás implicadas para que expongan lo que consideren procedente en quince días.

Indemnización (art. 34)

Solo son indemnizables las lesiones provenientes de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar. No lo son los daños derivados de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer. Para la inconstitucionalidad de una ley (art. 32.4) son indemnizables los daños producidos en los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia, salvo que esta disponga otra cosa; el tenor del artículo extiende la regla al Derecho de la Unión (art. 32.5).

La cuantía se calcula con los criterios de la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderando, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado; en muerte o lesiones corporales se puede tomar como referencia los baremos de los seguros obligatorios y de la Seguridad Social. Se calcula con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, con actualización a la fecha de terminación del procedimiento según el Índice de Garantía de la Competitividad y con los intereses de demora que procedan. La indemnización puede sustituirse por una compensación en especie o abonarse mediante pagos periódicos cuando sea más adecuado para la reparación debida, convenga al interés público y exista acuerdo con el interesado.

Responsabilidad de Derecho Privado (art. 35)

Cuando las Administraciones actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esa naturaleza, su responsabilidad se exige conforme a los arts. 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o se exija directamente a la entidad privada a través de la que actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad.

Responsabilidad de autoridades y personal (art. 36)

Es el precepto que da nombre al epígrafe “y demás personal”. El esquema tiene dos tiempos:

  • Frente al particular (art. 36.1): los particulares exigen directamente a la Administración correspondiente las indemnizaciones por los daños causados por las autoridades y el personal a su servicio.
  • Acción de regreso (art. 36.2): cuando haya indemnizado a los lesionados, la Administración exige de oficio, en vía administrativa, a sus autoridades y demás personal la responsabilidad en que hubieran incurrido “por dolo, o culpa o negligencia graves”, previa instrucción del procedimiento. Para exigirla y cuantificarla se ponderan, entre otros criterios, el resultado dañoso, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal y su relación con la producción del resultado.

La Administración instruye igual procedimiento por los daños causados en sus propios bienes o derechos cuando haya concurrido dolo, o culpa o negligencia graves (art. 36.3). El procedimiento se rige por la ley de procedimiento común, se inicia por acuerdo notificado a los interesados y tiene estos trámites (art. 36.4):

  • Alegaciones durante quince días.
  • Práctica de pruebas durante quince días.
  • Audiencia durante diez días.
  • Propuesta de resolución en cinco días desde el fin de la audiencia.
  • Resolución en cinco días.

La resolución declaratoria de responsabilidad pone fin a la vía administrativa (art. 36.5), y todo ello se entiende sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los tribunales (art. 36.6).

Responsabilidad penal (art. 37)

La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones, y la civil derivada del delito, se exigen conforme a la legislación correspondiente (art. 37.1). Su exigencia no suspende los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial en curso, salvo que la determinación de los hechos en el orden penal sea necesaria para fijar la responsabilidad patrimonial (art. 37.2).

Ejemplo práctico

Una visitante sufre un daño en sus bienes dentro de un centro penitenciario por el funcionamiento anormal de un servicio y presenta una reclamación. Según el art. 36.1 Ley 40/2015, la reclamación se dirige a la Administración correspondiente, no al empleado concreto. Si la Administración indemniza y del procedimiento posterior se aprecia que el empleado actuó con dolo o con culpa o negligencia graves, el art. 36.2 le obliga a exigirle de oficio esa responsabilidad, previa instrucción de un procedimiento con alegaciones, pruebas y audiencia. Si solo hubo una actuación sin esos grados de culpa, la regla del art. 36.2 no se activa.

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