Supuesto Nº7

D.ª Elena, investigadora adscrita al Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Granada, está realizando un estudio sobre la gestión presupuestaria en el ámbito penitenciario. Con objeto de documentar su trabajo, solicita el desglose de los costes de ejecución y las memorias técnicas de la adjudicación de equipos de seguridad y videovigilancia destinados a los nuevos Centros de Inserción Social (CIS), expedientes gestionados por la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social. Elena presenta su solicitud de acceso a la información pública a través del Registro Electrónico General del Estado el 12 de septiembre de 2025. La solicitud tiene entrada en el registro de la Secretaría General Técnica (órgano competente para resolver) el 16 de septiembre de 2025. El 25 de septiembre de 2025, la Administración notifica formalmente a Elena un acuerdo expreso por el que se acuerda ampliar el plazo para resolver por un período adicional igual al ordinario, motivándolo en el elevado volumen y complejidad de la documentación solicitada. El Secretario General Técnico, al percatarse de que la documentación solicitada compromete a una empresa proveedora de la que posee participaciones societarias no declaradas, dicta resolución vulnerando conscientemente los principios de imparcialidad y neutralidad, denegando el acceso a la información. Además, transcurrido el plazo máximo ampliado, el Centro Directivo no emite ninguna otra notificación a la solicitante