Supuesto Nº1

En el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGPMA) de la provincia de Sevilla y en el Centro Penitenciario de Morón de la Frontera se tramitan las siguientes actuaciones referidas a tres penados: Marcos T.L.: Condenado como autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género a la pena de 1 año de prisión. El Juzgado de lo Penal acordó la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por un plazo de 3 años (art. 80.1 y 80.2 CP), condicionada a la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima y a la realización obligatoria de un programa formativo de reeducación para agresores (art. 83.1.6ª CP). Durante el periodo de prueba, el SGPMA emite un informe en el que comunica que Marcos ha faltado injustificadamente a las sesiones del programa y, además, ha sido detenido tras quebrantar de forma flagrante la prohibición de aproximación a la víctima. Javier R.M.: Penado cumpliendo una condena de 12 años de prisión por un delito de agresión sexual del artículo 179 del Código Penal. En la sentencia firme se le impuso, además de la pena de prisión, la medida de seguridad de libertad vigilada postpenitenciaria por un periodo de 5 años (art. 106 y 192 CP). Faltando 2 meses para su licenciamiento definitivo por cumplimiento íntegro de la condena, la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario debe iniciar los trámites y elevar la propuesta para la concreción y ejecución de la medida de libertad vigilada. Carlos S.D.: Condenado como autor de un delito contra la seguridad vial a la pena de 60 días de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC). El SGPMA aprueba el plan de ejecución para la prestación de los trabajos en una entidad pública municipal. Transcurridas dos semanas desde el inicio de la prestación, el responsable del centro de trabajo comunica al SGPMA que el penado ha faltado de forma no justificada a dos jornadas de trabajo consecutivas y que, en las jornadas a las que asistió, mostró un rendimiento manifiestamente nulo.