Tema 1: La Constitución Española de 1978: derechos fundamentales y el derecho a la protección de la salud

La Constitución de 1978 es la norma suprema del ordenamiento y el marco del que arrancan los derechos que sostienen la atención sanitaria. El opositor debe partir de los valores superiores (art. 1) y de la dignidad de la persona (art. 10) como fundamento del orden político. El núcleo del tema son los derechos fundamentales del Capítulo II del Título I: la igualdad ante la ley (art. 14), el derecho a la vida y a la integridad física y moral, con prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes (art. 15), y el derecho a la intimidad (art. 18), del que derivan la protección de los datos de salud y el secreto profesional.

La pieza específicamente sanitaria es el derecho a la protección de la salud (art. 43), recogido entre los principios rectores de la política social y económica (Capítulo III): obliga a los poderes públicos a organizar y tutelar la salud pública mediante medidas preventivas y prestaciones. Conviene entender el distinto régimen de garantías del art. 53: los derechos fundamentales gozan de tutela reforzada y recurso de amparo, mientras que los principios rectores —como el art. 43— solo pueden alegarse ante la jurisdicción conforme a las leyes que los desarrollan, lo que explica que la Ley General de Sanidad y el resto del bloque sanitario sean su desarrollo legal. La organización territorial del Estado (Título VIII) sustenta además el reparto de competencias sanitarias entre el Estado y la Comunitat Valenciana.