Tema 16: Materias socio-culturales. Protección civil. Desarrollo sostenible. Eficiencia energética

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece el Sistema Nacional de Protección Civil como instrumento para garantizar la coordinación, cohesión y eficacia de las políticas públicas de protección civil. Es la norma de cabecera de la materia.

La ley reconoce los derechos de los ciudadanos a ser protegidos en caso de catástrofe (art. 5), a la información sobre los riesgos (art. 6) y a la participación (art. 7), junto con los correlativos deberes de colaboración, cautela y autoprotección (arts. 7 bis y 7 ter) y el régimen del voluntariado de protección civil (art. 7 quáter). Define las actuaciones del Sistema articuladas en fases sucesivas: la anticipación (art. 8), la prevención (art. 10), la planificación (arts. 13-15), la respuesta inmediata a las emergencias (arts. 16 y ss.) y la recuperación. Crea la Red Nacional de Información sobre Protección Civil (art. 9) para compartir datos entre administraciones, y ordena los planes de protección civil (Estatal, territoriales, especiales y de autoprotección), así como los órganos de cooperación y la declaración de emergencia de interés nacional. Para la Guardia Civil es relevante porque el Cuerpo participa en las labores de respuesta y en la atención de emergencias en su ámbito territorial. La norma se completa con un régimen de inspección, control y sanción.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, regula el régimen jurídico básico de la conservación, el uso sostenible, la mejora y la restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad en España. Es la norma de referencia en materia de protección de la naturaleza, en la que interviene el SEPRONA de la Guardia Civil.

Su artículo 2 enuncia los principios inspiradores: el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la prevención y precaución, y la integración de la conservación en las políticas sectoriales. La ley establece los instrumentos de conocimiento y planificación: el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Plan Estratégico Estatal y los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Regula y clasifica los espacios naturales protegidos (parques, reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos) y desarrolla la Red Natura 2000, integrada por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), con sus medidas de conservación. En materia de especies, crea el Listado y el Catálogo Español de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y de Especies Amenazadas, regula el uso sostenible y las medidas de fomento, y se cierra con un régimen de infracciones y sanciones. La vigilancia del cumplimiento ambiental conecta directamente con las funciones de la Guardia Civil.

La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, establece un marco común de medidas para fomentar la eficiencia energética en la Unión Europea y asegurar el cumplimiento del objetivo del 20 % de ahorro de energía. El texto que se estudia es su versión consolidada (con las modificaciones introducidas por la Directiva (UE) 2018/2002). Conviene tener presente que ha sido sustituida por la refundición de la Directiva (UE) 2023/1791, por lo que debe contrastarse con la fuente vigente.

Entre sus contenidos esenciales, el texto fija el objeto y los objetivos de eficiencia energética y obliga a cada Estado miembro a establecer un objetivo orientativo nacional. Impone la función ejemplarizante de las administraciones públicas, con la renovación anual de un porcentaje de la superficie de los edificios de la Administración central y criterios de eficiencia en la contratación pública. Regula los sistemas de obligaciones de eficiencia energética y las medidas alternativas para lograr un ahorro anual de energía (artículos 7, 7 bis y 7 ter en la versión consolidada). Establece la obligación de realizar auditorías energéticas periódicas en las grandes empresas y fomenta los sistemas de gestión de la energía, así como la contabilización y facturación del consumo. La Comisión evalúa y hace seguimiento de la aplicación de la directiva por los Estados miembros.