Tema 25: Marco normativo básico en prevención de riesgos laborales

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales, establece el marco general de seguridad y salud en el trabajo. Regula el derecho de las personas trabajadoras a una proteccion eficaz, las obligaciones empresariales, la evaluacion de riesgos, planificacion preventiva, informacion, formacion, vigilancia de la salud, equipos de trabajo, medidas de emergencia y proteccion de colectivos especialmente sensibles.

La ley se estructura en capitulos sobre objeto, politica preventiva, derechos y obligaciones, servicios de prevencion, consulta y participacion, responsabilidades y sanciones. Ha sido desarrollada por numerosos reglamentos tecnicos y modificada para reforzar integracion preventiva, coordinacion de actividades y gestion de riesgos. Se relaciona con el Estatuto de los Trabajadores, el EBEP, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la normativa sanitaria y los reglamentos de servicios de prevencion.

El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, que desarrolla la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en los aspectos relativos a la organización de la prevención en la empresa.

El reglamento regula la evaluación de los riesgos laborales como instrumento esencial de la gestión preventiva —su contenido, los métodos y su revisión— y la planificación de la actividad preventiva que de ella se deriva. Su parte más característica son las modalidades de organización de los recursos para el desarrollo de la actividad preventiva, que el empresario puede articular asumiéndola personalmente, designando a uno o varios trabajadores, constituyendo un servicio de prevención propio o recurriendo a un servicio de prevención ajeno debidamente acreditado. Establece asimismo las funciones y los niveles de cualificación en materia preventiva —básico, intermedio y superior—, este último con sus especialidades (seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología, y medicina del trabajo), así como las condiciones de acreditación de las entidades especializadas y la coordinación de actividades empresariales. Es una norma de referencia para comprender cómo se estructura la prevención en cualquier organización, incluida la Administración.

El Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, establece normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, adaptando el marco general de la Ley 31/1995 a las peculiaridades del servicio policial.

La norma aplica los principios de la prevención de riesgos laborales al ámbito policial, teniendo en cuenta sus especialidades: por su propia naturaleza, determinadas actividades operativas (las que presentan peculiaridades inevitables en operaciones de seguridad, intervención o protección de personas y bienes) quedan al margen del régimen común, sin perjuicio de procurar la mejor protección posible. Regula los derechos y deberes en materia preventiva, las obligaciones de la Administración como empleadora, la evaluación de riesgos, la vigilancia de la salud, la información y formación de los funcionarios y la organización de la actividad preventiva en el ámbito de la Dirección General de la Policía. Establece asimismo los órganos de representación y participación específicos en materia de seguridad y salud (delegados de prevención y comité de seguridad y salud) adaptados a la estructura del cuerpo. Es la norma que concreta cómo se protege la seguridad y salud del propio policía en el desempeño de sus funciones.

El Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, regula la adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, estableciendo cómo se organiza la actividad preventiva en el ámbito de la AGE y de sus organismos públicos.

La norma adapta la Ley 31/1995 y el Reglamento de los Servicios de Prevención a las particularidades de la Administración, regulando la organización de la prevención en cada departamento ministerial y organismo: los servicios de prevención (propios, mancomunados o ajenos), sus funciones, su composición y la coordinación entre ellos. Determina las funciones y la formación del personal preventivo y articula los órganos de representación y participación de los empleados públicos en materia de seguridad y salud: los delegados de prevención y los comités de seguridad y salud, así como la Comisión correspondiente en el ámbito de la AGE. Establece igualmente las obligaciones de la Administración en cuanto a evaluación de riesgos, planificación preventiva, información, formación y vigilancia de la salud de su personal. Junto con el Real Decreto 2/2006 (específico de la Policía Nacional), conforma el marco preventivo aplicable a los empleados públicos estatales.