El artículo 117 de la Constitución delimita qué hacen los Juzgados y Tribunales y con qué garantías.
La potestad jurisdiccional (apartado 3). «El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.» Dos ideas: la potestad comprende tanto juzgar como hacer ejecutar lo juzgado, y corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales. Por eso no encaja una opción que reserve a los órganos judiciales solo el acto de juzgar y deje la ejecución a una autoridad administrativa.
Otras funciones (apartado 4). «Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.» Para que una función distinta tenga cabida deben darse dos condiciones: que esté atribuida expresamente por ley y que lo sea en garantía de cualquier derecho. Un reglamento, un acuerdo gubernativo o una autorización administrativa no aparecen en el texto como vía para atribuirlas.
Jueces y Magistrados (apartados 1 y 2). La justicia «emana del pueblo y se administra en nombre del Rey» por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, «independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley». Y no podrán ser «separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley». Las razones de oportunidad no figuran en el texto.
Organización (apartados 5 y 6). El principio de unidad jurisdiccional «es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales», y «se prohíben los Tribunales de excepción».
Consejo para el examen: cuando una opción atribuya una función nueva a un tribunal, busca las dos piezas del apartado 4: atribución «expresamente» por ley y «en garantía de cualquier derecho».