Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, regula la protección internacional en España en desarrollo del artículo 13.4 de la Constitución y conforme a la normativa europea y a la Convención de Ginebra de 1951.

La ley distingue dos modalidades de protección. El derecho de asilo se reconoce a quien tiene la condición de refugiado, esto es, a la persona que, por un fundado temor de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera de su país y no puede o no quiere acogerse a la protección de este. La protección subsidiaria se dispensa a quien, sin reunir los requisitos para el asilo, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir daños graves (condena a muerte, tortura o tratos inhumanos, o amenazas en situaciones de conflicto) si regresara a su país. Regula los actos y motivos de persecución, las causas de exclusión, denegación y revocación, los derechos y obligaciones de los solicitantes y beneficiarios, y el procedimiento (solicitud en territorio, en frontera y en CIE, tramitación de urgencia y reexamen). Consagra el principio de no devolución (non-refoulement) como garantía esencial.