Tema 1: Regulación supranacional penitenciaria

La Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Union Europea, integra en el derecho espanol los instrumentos europeos basados en la confianza reciproca entre autoridades judiciales. Regula la emision y ejecucion de ordenes y resoluciones penales europeas, como la orden europea de detencion y entrega, embargos, decomisos, sanciones pecuniarias, libertad vigilada, medidas de proteccion o traslado de personas condenadas.

La norma se organiza mediante disposiciones generales y titulos especificos para cada instrumento, con reglas sobre autoridades competentes, formularios, plazos, motivos de denegacion, recursos, gastos y comunicaciones. Ha sido reformada para incorporar nuevos instrumentos europeos y ajustar la cooperacion penal. Se relaciona con la LECrim, el Codigo Penal, la normativa de la Union Europea, Eurojust, la Red Judicial Europea y las garantias de derechos fundamentales en el espacio judicial europeo.

La Ley Organica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espana y su integracion social, regula el estatuto juridico de las personas extranjeras no nacionales de la Union Europea. Ordena derechos y libertades, entrada y salida, autorizaciones de estancia y residencia, trabajo, reagrupacion familiar, infracciones, sanciones, expulsion, internamiento y coordinacion administrativa.

La norma ha sido reformada en numerosas ocasiones para adaptar politica migratoria, jurisprudencia constitucional, derecho de la Union Europea, proteccion de menores, integracion social y regimen sancionador. Su aplicacion se desarrolla reglamentariamente y se relaciona con normativa de asilo, nacionalidad, procedimiento administrativo, jurisdiccion contencioso-administrativa, Codigo Penal, proteccion internacional y derechos fundamentales. El eje de la ley es equilibrar control migratorio, garantias juridicas e integracion social.

La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, regula la protección internacional en España en desarrollo del artículo 13.4 de la Constitución y conforme a la normativa europea y a la Convención de Ginebra de 1951.

La ley distingue dos modalidades de protección. El derecho de asilo se reconoce a quien tiene la condición de refugiado, esto es, a la persona que, por un fundado temor de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera de su país y no puede o no quiere acogerse a la protección de este. La protección subsidiaria se dispensa a quien, sin reunir los requisitos para el asilo, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir daños graves (condena a muerte, tortura o tratos inhumanos, o amenazas en situaciones de conflicto) si regresara a su país. Regula los actos y motivos de persecución, las causas de exclusión, denegación y revocación, los derechos y obligaciones de los solicitantes y beneficiarios, y el procedimiento (solicitud en territorio, en frontera y en CIE, tramitación de urgencia y reexamen). Consagra el principio de no devolución (non-refoulement) como garantía esencial.