Tema 45: Trabajo Social y Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas

Identificación

• Norma: Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.
• Publicación: BOE núm. 40, de 15 de febrero de 1996.
• Entrada en vigor: 25 de mayo de 1996.

Objeto y estructura

Desarrolla la Ley Orgánica General Penitenciaria y regula la organización práctica de los centros penitenciarios, el estatuto de las personas internas, el régimen de vida, el tratamiento, la clasificación, los permisos, las comunicaciones, la seguridad, el régimen disciplinario y las formas especiales de ejecución.

La estructura se articula en títulos sobre disposiciones generales, organización de establecimientos, régimen, tratamiento, permisos, comunicaciones, seguridad, prestaciones, régimen disciplinario, beneficios, recompensas y modalidades específicas. Para ejecución penitenciaria son claves los arts. 80 a 89 sobre régimen abierto, 100 a 109 sobre clasificación y grados, 154 a 165 sobre permisos y salidas, y 163 a 191 sobre CIS, unidades dependientes, departamentos mixtos, jóvenes, madres, recursos extrapenitenciarios y unidades psiquiátricas.

Reformas relevantes

Entre las modificaciones recientes destacan el RD 419/2011, de 25 de marzo, y el RD 268/2022, de 12 de abril.

El Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, establece las circunstancias de ejecución de varias penas y medidas. Regula la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad —comunicación de la resolución judicial, determinación del puesto y la jornada, seguimiento, incidencias e informe final (arts. 3 a 11)—, el cumplimiento de la localización permanente en centro penitenciario (arts. 12 y 13, con el lugar, horario y modo de cumplimiento), y las actuaciones de la Administración penitenciaria en la suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad y en determinadas medidas de seguridad (arts. 14 a 19). Concreta así la intervención de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, en coordinación con el juez o tribunal sentenciador y con el juez de vigilancia penitenciaria, para el cumplimiento de las penas no consistentes en prisión ordinaria.