El artículo 33 de la Ley 39/2015 regula la tramitación de urgencia en solo dos apartados, y las preguntas juegan con sus excepciones.
Cuándo y quién (apartado 1). Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia. Es una posibilidad, no una obligación, y no queda limitada a la iniciativa de oficio: también cabe a petición del interesado.
Qué efecto tiene. Se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
Esas son las únicas salvedades que menciona el artículo. Por tanto:
- una opción que diga que se reducen todos los plazos, incluidos los de solicitudes y recursos, es incorrecta;
- una opción que cambie las excepciones por otras (audiencia, pruebas, alegaciones, actuaciones complementarias) tampoco se ajusta al texto;
- y si te preguntan por el plazo para recurrir la resolución final, la respuesta es que no se reduce, porque los plazos relativos a la presentación de recursos quedan fuera de la reducción.
Recurso contra el acuerdo (apartado 2). No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. Es decir, el acuerdo en sí no se recurre, pero eso no cierra el recurso que proceda frente a la resolución final.
Consejo para el examen: «mitad de los plazos del procedimiento ordinario, salvo solicitudes y recursos» y «contra el acuerdo, ningún recurso; contra la resolución final, el que proceda».