Tema 3: Prevención de riesgos laborales

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales, establece el marco general de seguridad y salud en el trabajo. Regula el derecho de las personas trabajadoras a una proteccion eficaz, las obligaciones empresariales, la evaluacion de riesgos, planificacion preventiva, informacion, formacion, vigilancia de la salud, equipos de trabajo, medidas de emergencia y proteccion de colectivos especialmente sensibles.

La ley se estructura en capitulos sobre objeto, politica preventiva, derechos y obligaciones, servicios de prevencion, consulta y participacion, responsabilidades y sanciones. Ha sido desarrollada por numerosos reglamentos tecnicos y modificada para reforzar integracion preventiva, coordinacion de actividades y gestion de riesgos. Se relaciona con el Estatuto de los Trabajadores, el EBEP, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la normativa sanitaria y los reglamentos de servicios de prevencion.

El Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, regula la adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, estableciendo cómo se organiza la actividad preventiva en el ámbito de la AGE y de sus organismos públicos.

La norma adapta la Ley 31/1995 y el Reglamento de los Servicios de Prevención a las particularidades de la Administración, regulando la organización de la prevención en cada departamento ministerial y organismo: los servicios de prevención (propios, mancomunados o ajenos), sus funciones, su composición y la coordinación entre ellos. Determina las funciones y la formación del personal preventivo y articula los órganos de representación y participación de los empleados públicos en materia de seguridad y salud: los delegados de prevención y los comités de seguridad y salud, así como la Comisión correspondiente en el ámbito de la AGE. Establece igualmente las obligaciones de la Administración en cuanto a evaluación de riesgos, planificación preventiva, información, formación y vigilancia de la salud de su personal. Junto con el Real Decreto 2/2006 (específico de la Policía Nacional), conforma el marco preventivo aplicable a los empleados públicos estatales.

El Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil, adapta la legislación general de prevención (Ley 31/1995) a las peculiaridades del Cuerpo, instituto armado de naturaleza militar. Se estructura en tres capítulos.

El Capítulo I delimita el objeto y el ámbito de aplicación (arts. 1-2), que alcanza al personal de la Guardia Civil en el desempeño de sus funciones policiales, de seguridad, fiscales y de protección civil, con las exclusiones propias de las actividades de naturaleza estrictamente militar o de operaciones de especial peligrosidad. El Capítulo II recoge las medidas de prevención y protección: los objetivos (art. 3), los principios de la acción preventiva (art. 3 bis), la integración de la prevención, el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación (art. 4), los planes de emergencia (art. 5), la vigilancia de la salud (art. 6), la información, consulta, participación y formación del personal (arts. 7-9), la protección de la maternidad (art. 10) y las obligaciones tanto de la Administración como del propio personal (arts. 11-12). El Capítulo III regula los órganos de prevención, asesoramiento y control, la inspección y el procedimiento para la adopción de medidas correctoras (arts. 13-16). La norma garantiza al guardia civil una protección eficaz de su seguridad y salud, ajustada a la singularidad del servicio.