El artículo 33 de la Constitución tiene tres apartados y cada uno cumple una función distinta.
Apartado 1: reconocimiento. «Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.»
Apartado 2: delimitación del contenido. «La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.» Aquí se habla de cómo se configura el derecho en general: el criterio es la función social (no la «función pública» ni la utilidad pública), y opera de acuerdo con las leyes.
Apartado 3: privación. «Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.» Para privar a alguien de sus bienes y derechos se exigen tres elementos a la vez:
- causa justificada de utilidad pública o interés social,
- la correspondiente indemnización, y
- conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Dónde suele estar la trampa:
- Invertir los criterios: decir que la utilidad pública delimita el contenido y que la función social justifica la privación.
- Hablar de «función pública» en lugar de función social.
- Sustituir la indemnización por una compensación discrecional, o la conformidad con las leyes por una simple resolución administrativa.
- Separar propiedad y herencia, cuando el apartado 2 se refiere a «estos derechos», es decir, a ambos.
Consejo para el examen: función social = delimitar el contenido; utilidad pública o interés social + indemnización + leyes = privar de bienes y derechos.