Tema 4: Derecho constitucional

Identificación

• Norma: Constitución Española.
• Publicación: BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.
• Entrada en vigor: 29 de diciembre de 1978.
• Última actualización BOE: 20 de mayo de 2026.

Objeto y estructura

Es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Proclama España como Estado social y democrático de Derecho, fija los valores superiores del ordenamiento, reconoce derechos y deberes fundamentales, organiza los poderes del Estado y establece el reparto territorial de competencias.

Su estructura comprende Preámbulo, Título Preliminar, Título I sobre derechos y deberes fundamentales, Títulos II a VI sobre Corona, Cortes, Gobierno, relaciones Gobierno-Cortes y Poder Judicial, Título VII sobre economía y Hacienda, Título VIII sobre organización territorial, Título IX sobre Tribunal Constitucional y Título X sobre reforma constitucional.

Reformas relevantes

Ha sido reformada en 1992 (art. 13.2), en 2011 (art. 135), en 2024 (art. 49, personas con discapacidad) y en 2026 (art. 69.3, senador propio para Formentera). En materia penal y penitenciaria interesan especialmente los arts. 1, 9, 10, 15, 17, 24, 25, 53, 81, 117 y 149.1.6.ª.

Identificación

• Rango: Ley Orgánica (LO)
• Aprobación: 6 de abril de 1981
• Entrada en vigor: 23 de abril de 1981 (BOE núm. 109, de 7 de mayo de 1981)
• Publicación: BOE núm. 109, de 7 de mayo de 1981

Objeto y ámbito

Regula la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas (art. 54 CE). Su ámbito de actuación comprende la actividad de todas las Administraciones Públicas españolas, incluyendo la Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas y locales, así como los organismos y entidades dependientes de ellas.

Estructura del articulado

La Ley consta de 40 artículos, distribuidos en los siguientes Títulos:

• Título Preliminar (arts. 1-4): Naturaleza, designación, cese y estatuto del Defensor del Pueblo.
• Título I (arts. 5-12): Organización y funcionamiento de la institución.
• Título II (arts. 13-25): Procedimiento de actuación.
• Capítulo I (arts. 13-16): Iniciación del procedimiento.
• Capítulo II (arts. 17-25): Tramitación y resolución.
• Título III (arts. 26-32): Relaciones con las Cortes Generales.
• Título IV (arts. 33-40): Cooperación con las Administraciones Públicas y otras disposiciones.

Disposiciones adicionales: 2 Disposiciones transitorias: 2 Disposición derogatoria: 1 Disposición final: 1

Modificaciones relevantes desde su entrada en vigor

Sin modificaciones relevantes desde la entrada en vigor.

Características técnicas básicas

• Rango: Ley Orgánica (art. 81 CE), requiere mayoría absoluta del Congreso para su aprobación y modificación.
• Naturaleza: Norma reguladora de una institución constitucional (art. 54 CE).
• Supletoriedad: No aplica; es norma especial y autónoma.
• Relación con otras normas: Se complementa con el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la institución (aprobado por la Mesa del Congreso de los Diputados) y con la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, reguladora de las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y las Administraciones Públicas.

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La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, desarrolla el artículo 18.1 de la Constitución y establece la protección civil de estos tres derechos fundamentales de la personalidad. Fue publicada el 14 de mayo de 1982 y entró en vigor el 3 de junio de 1982.

Se estructura en dos capítulos. El primero contiene las disposiciones generales: delimita el ámbito de protección conforme a las leyes y a los usos sociales, regula el consentimiento del titular (revocable) y la protección de estos derechos tras el fallecimiento de la persona, atribuyendo la legitimación a herederos y personas designadas. El segundo capítulo regula la protección civil propiamente dicha. El artículo 7 enumera las intromisiones ilegítimas: el emplazamiento de aparatos de escucha o grabación, la divulgación de hechos de la vida privada, la captación o utilización de la imagen de una persona sin su consentimiento, y la imputación de hechos o expresiones que lesionen la dignidad. El artículo 8 fija las excepciones, cuando predomina un interés histórico, científico o cultural relevante o se trata de personas con proyección pública en actos públicos. El artículo 9 regula la tutela judicial, con medidas de cesación y de restablecimiento del derecho y la indemnización de los daños, incluido el daño moral, que se presume cuando se acredita la intromisión ilegítima.