Tema 23: Derecho fiscal

La Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, combina la tipificación penal del contrabando con un régimen sancionador administrativo, según el valor de los géneros o mercancías afectados. Es norma esencial para las funciones fiscales y de resguardo aduanero de la Guardia Civil.

El Título Preliminar (art. 1) define los conceptos básicos. El Título I tipifica el delito de contrabando (art. 2) —la importación o exportación de géneros estancados o prohibidos, el tráfico ilícito de determinadas mercancías y la evasión de controles aduaneros cuando el valor supera los umbrales legales—, fija las penas (art. 3) y regula la responsabilidad civil, el comiso y la intervención de los géneros, la venta anticipada de los efectos perecederos y la valoración de las mercancías (arts. 4-10). El Título II regula las infracciones administrativas de contrabando, aplicables cuando el valor es inferior al umbral penal, clasificándolas en leves, graves y muy graves (art. 11), con sus sanciones y los criterios de graduación (arts. 12 y 12 bis), la competencia y el procedimiento sancionador (art. 13) y las medidas complementarias, la prescripción y las facultades de reconocimiento aduanero y registro (arts. 14-16). El opositor debe distinguir con claridad la frontera entre el delito y la infracción administrativa y conocer el papel de la Guardia Civil en la aprehensión y persecución del contrabando.

El Real Decreto 1649/1998, de 24 de julio, desarrolla el Título II de la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando, relativo a las infracciones administrativas de contrabando, regulando con detalle su régimen material y el procedimiento sancionador. Fue publicado el 7 de septiembre de 1998 y entró en vigor el 27 de septiembre de 1998.

El Capítulo I contiene las disposiciones materiales: el objeto y ámbito de aplicación (art. 1), la tipificación de las infracciones administrativas de contrabando (art. 2), los sujetos infractores (art. 3), la prescripción (arts. 4 y 13), las sanciones aplicables (art. 5) y los criterios de graduación —la naturaleza y valor de los géneros, la reiteración, la resistencia a la investigación, el empleo de medios fraudulentos o de persona interpuesta— (arts. 6-12), así como el comiso de los géneros (art. 14). El Capítulo II regula el procedimiento sancionador: los órganos competentes, su relación con la jurisdicción penal, el reconocimiento de responsabilidad y el pago voluntario, las actuaciones previas (denuncia y diligencias de aprehensión), la iniciación, la valoración de las mercancías y las medidas provisionales sobre los bienes, la instrucción (alegaciones, prueba, audiencia y propuesta de resolución) y la resolución, incluido el destino de los bienes decomisados. Completa el cuadro de la represión del contrabando en su vertiente administrativa, en la que interviene la Guardia Civil.

El Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión, constituye la norma básica del Derecho aduanero de la Unión Europea, de aplicación directa en todos los Estados miembros. Sustituyó al anterior Código Aduanero Comunitario y se aplica plenamente desde el 1 de mayo de 2016.

El Código armoniza las normas y los procedimientos aduaneros aplicables a las mercancías que entran o salen del territorio aduanero de la Unión. Regula las disposiciones generales (ámbito, definiciones, derechos y obligaciones de las personas frente a la normativa aduanera, representación aduanera, decisiones y autorizaciones), los elementos de aplicación de los derechos (el arancel aduanero común, el origen de las mercancías y su valor en aduana) y la deuda aduanera y las garantías (nacimiento, determinación, notificación, pago y extinción). Establece la introducción de las mercancías en el territorio aduanero, su presentación, el depósito temporal y el estatuto aduanero, así como los regímenes aduaneros (despacho a libre práctica, exportación, tránsito, depósito, destino especial y perfeccionamiento). El Código apuesta por un entorno electrónico y sin papel en las relaciones entre operadores y autoridades aduaneras. Para la Guardia Civil enmarca su actuación fiscal y de control en fronteras y aduanas, complementando el régimen interno de represión del contrabando.