Tema 13: Seguridad pública y seguridad privada

La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, regula la prestación de servicios de seguridad por empresas y personal privados, concebida como actividad complementaria y subordinada a la seguridad pública y sometida al control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La norma define las actividades de seguridad privada (vigilancia y protección de bienes y personas, depósito y transporte de objetos valiosos, instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad e investigación privada) y delimita las actividades excluidas y compatibles. Regula las empresas de seguridad privada —su autorización administrativa, requisitos, obligaciones e inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada— y el personal de seguridad privada: vigilantes de seguridad, escoltas privados, guardas rurales, jefes y directores de seguridad y detectives privados, con sus requisitos de habilitación, formación y funciones. Establece los principios de actuación del personal de seguridad y su deber de colaboración y auxilio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a cuya disposición debe poner a las personas detenidas y los instrumentos del delito. Cierra la norma un detallado régimen de infracciones y sanciones. Es una ley de aplicación frecuente para el agente, que supervisa y coordina al sector privado.

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana regula las potestades de los poderes públicos para garantizar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la pacífica utilización de las vías y espacios públicos, en desarrollo de las competencias estatales en materia de seguridad pública. Sustituyó a la anterior Ley Orgánica 1/1992.

La norma establece los fines y principios rectores de la actuación y, sobre todo, regula las actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana: la documentación e identificación de las personas, las diligencias de identificación en dependencias policiales, los registros corporales externos, las comprobaciones y registros en lugares públicos, las medidas en reuniones y manifestaciones, y las potestades especiales en materia de espectáculos públicos y de seguridad de edificios e instalaciones. Su parte más extensa es el régimen sancionador, que clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves, fija las sanciones (multas por tramos y sanciones accesorias), establece los criterios de graduación y regula el procedimiento sancionador, incluido el pago anticipado con reducción. Es una norma de aplicación cotidiana en la actuación policial.