Tema 15: Fuentes del Derecho Administrativo y acto administrativo — los artículos que más caen, con el texto literal del BOE

Bienvenido a serfuncionario. Tema quince de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias: fuentes del Derecho Administrativo y el acto administrativo. Vamos a leer la ley. Estos son los seis artículos de este tema que más preguntas suman en los exámenes oficiales, todos de las Leyes treinta y nueve y cuarenta de dos mil quince. El objeto de la Ley treinta y nueve, la eficacia de los actos, la nulidad, la delegación de competencias, la prescripción y la motivación. Empezamos. Primer artículo, el que más preguntas suma: el treinta y nueve de la Ley treinta y nueve, los efectos de los actos. La regla general: los actos administrativos «se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa». Desde que se dictan, no desde el día siguiente. Y la excepción: «La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior». Así cayó en dos mil veintitrés. Tres opciones cuentan desde el día siguiente: a la publicación, a la notificación o a la fecha en que se dicten. La buena es la A: desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Y en dos mil veinticinco, sobre la excepción. La A es la trampa: habla de revisión por el órgano superior, y la ley dice aprobación superior. La correcta es la C, cuando así lo exija el contenido del acto. Y en un supuesto de dos mil veinte, la regla aplicada. La directora deniega las vacaciones y el funcionario recurre. ¿Puede disfrutarlas mientras tanto? No. El acto se presume válido y produce efectos desde que se dicta, así que el recurso no lo paraliza por sí solo. La D. Segundo: el artículo uno de la misma ley, su objeto. La Ley treinta y nueve regula «los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas», incluidos el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas. Así cayó en dos mil veinticinco: qué norma regula la validez y eficacia de los actos de las comunidades autónomas. No es una ley autonómica: es la Ley treinta y nueve de dos mil quince, común a todas las Administraciones, la B. No la confundas con la cuarenta, que es la de régimen jurídico del sector público. Tercero: el cuarenta y siete, la nulidad de pleno derecho. De su lista cayeron las dos primeras letras. La a: los actos «que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional». Y la b: los «dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio». Materia o territorio, nada más. Así cayó en dos mil veintitrés, pidiendo la incorrecta. La incompetencia por razón de la jerarquía no está en la ley: solo materia o territorio. Esa es la B. Y ojo con la D: el derecho de petición es un derecho susceptible de amparo constitucional, así que un acto que lo lesione sí es nulo. Cuarto: el artículo nueve de la Ley cuarenta, la delegación de competencias. No se puede delegar, entre otras cosas, «La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso». Las delegaciones y su revocación se publican en el boletín oficial del Estado, de la comunidad autónoma o de la provincia, según la Administración del órgano delegante. Y la clave: «La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido». Así cayó en la convocatoria de dos mil veintiuno y dos mil veintidós, pidiendo la falsa. Tres opciones copiaban la ley: la publicación; la aprobación previa del superior común si los órganos son del mismo ministerio, o del superior del órgano delegado si son de ministerios distintos; y la prohibición de delegar la resolución de un recurso en el órgano que dictó el acto recurrido. La falsa decía que la revoca el órgano en el que se delega. Al revés: la revoca el que la ha conferido, el delegante. Quinto: el artículo treinta de la Ley cuarenta, la prescripción. Estos plazos se aplican si la ley que establece la infracción no fija otros. Infracciones: muy graves a los tres años, graves a los dos, y «las leves a los seis meses». Sanciones: tres años, dos años y «las impuestas por faltas leves al año». La infracción leve prescribe a los seis meses, pero la sanción leve al año. Y cuándo empieza a contar la prescripción de la sanción: «desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla». Así cayó en la convocatoria de dos mil veintiuno y dos mil veintidós. Dos trampas a la vez: el plazo y el inicio del cómputo. Seis meses es la infracción leve, no la sanción. Y el cómputo no empieza con la notificación: empieza desde el día siguiente a aquel en que la resolución sea ejecutable o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Y el plazo es de un año. Y sexto: el treinta y cinco de la Ley treinta y nueve, la motivación. Deben motivarse, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, entre otros: «Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos», los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes «o del dictamen de órganos consultivos», y «Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados». Así cayó en la convocatoria de dos mil veintiuno y dos mil veintidós. Las trampas dan la vuelta a la ley: actos que reconozcan derechos o intereses, cuando la ley dice que los limiten, y actos que admitan pruebas, cuando dice que las rechacen. La correcta es la A: los que se separen del dictamen de órganos consultivos. Repasamos. La Ley treinta y nueve fija los requisitos de validez y eficacia de los actos y el procedimiento común de todas las Administraciones, también las autonómicas. Los actos administrativos se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que dispongan otra cosa. Nulidad por incompetencia manifiesta: solo por razón de la materia o del territorio, nunca de la jerarquía. La delegación la revoca el órgano que la confirió, y no se puede delegar la resolución de un recurso en el órgano que dictó el acto recurrido. Si la ley no fija otro plazo, la infracción leve prescribe a los seis meses y la sanción leve al año. Y se motivan los actos que limitan derechos y los que rechazan pruebas. Ahora ponte a prueba con el test del tema. Mucho ánimo.